El concejal de la oposición Aladino Suárez (No Adscrito) llevará a la Fiscalía "la posible existencia o comisión de presuntas irregularidades, ilegalidades o prevaricación" al dar el Ayuntamiento de alta en enero de este año en la Seguridad Social al concejal de Servicios Públicos, José Mendoza, que tiene dedicación parcial como otros tres compañeros, sin haber informado al pleno de la Corporación. El alcalde, Teodoro Sosa, alegó en la última sesión que cuenta con informes que avalan esta decisión.

Gáldar cuenta con cuatro concejales de gobierno con dedicación parcial, según se acordó en el Pleno extraordinario de enero de 2011, en el comienzo del mandato. Entre ellos, los ediles de Presidencia, Agustín Martín; Educación, Ana Mendoza; Deportes, Vicente Aguiar; y Servicios Públicos, José Mendoza. Todos ellos debían cobrar 900 euros brutos al mes.

Sin embargo, la situación laboral cambió de forma súbita en enero de 2014, cuando Aladino Suárez asegura que se dio de alta en la Seguridad Social al citado edil de Servicios Públicos. Por este motivo, presentó una moción de urgencia en el último pleno celebrado en la tarde del jueves para conocer por qué se produjo esta modificación de las condiciones, ya que deja de ser una gratificación para convertirse en una nómina de trabajo, sin haberse informado en una sesión plenaria. A su entender, esta decisión que achaca al alcalde, Teodoro Sosa, supone "usurpar las competencias" de este órgano de control. A juicio del edil No adscrito y consejero en el Cabildo de Gran Canaria, la normativa vigente insta a pasar este tipo de acuerdos por el pleno para su ratificación. Por este motivo, anuncia su intención de llevar el caso a la Fiscalía. "¿Por qué se le da de alta solo a él y no al resto?", se pregunta también el edil, que formaba parte hasta hace meses al grupo del Partido Popular.

Teodoro Sosa se basó en los informes técnicos para justificar la decisión, animando a Aladido Suárez a denunciar el caso si entendía que existe una irregularidad.

La moción para llegar el caso a la Fiscalía solo fue apoyado por Coalición Canaria, con la abstención del PP y CCN, y la negativa de los socios de gobierno (NC-PSOE).