El grupo de gobierno del Partido Popular (PP) en el Cabildo de Gran Canaria lleva al pleno de hoy, por la vía de urgencia, una propuesta para autorizar la compatibilidad de Celso Perdomo, funcionario de la corporación y principal encausado en el caso Eólico, para desempeñar la actividad docente como profesor universitario asociado a tiempo parcial.
La propuesta, firmada por la consejera de Presidencia, Cultura y Nuevas Tecnologías, María Auxiliadora Pérez, permitirá a Perdomo cobrar un segundo sueldo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria por cuatro horas semanales de docencia y otras cuatro de tutoría. El gobierno de José Miguel Bravo de Laguna, con mayoría absoluta en el Cabildo, autorizará que ejerza ambos trabajos, el de inspector de servicios de la corporación y el de docente, al entender que está permitido por la Ley de Incompatibilidades del Personal de las Administraciones Públicas y porque "la suma de las retribuciones de ambos puestos no supera el límite económico establecido en el Artículo 7 de la citada Ley".
La situación laboral de Perdomo, pendiente de juicio por cuatro delitos de presunta corrupción política en el caso Eólico, ya fue motivo de una refriega política en el pleno del Cabildo de junio de 2013, cuando se conoció "por sorpresa" que había sido ascendido de categoría -Bravo de Laguna aseguró que no estaba enterado de esa promoción laboral- y que también aumentaba su sueldo en 4.180 euros anuales.
El grupo Socialista criticó que el PP aumentara las retribuciones a Perdomo al mismo tiempo que aplicaba recortes a los demás funcionarios y pedía un esfuerzo a los trabajadores.
