El Cabildo de Gran Canaria ha acusado este viernes al Gobierno regional de propiciar el desvío a otros puntos del archipiélago de turistas que no encuentran hotel en su isla a causa de la ley de renovación del sector, que ha motivado además que se pierdan 1.400 camas en ella, según la corporación.

"Esta ley responde literalmente a lo que pretenden algunos sectores que quieren consolidar su oferta sobre la base de que tengan garantizada la ocupación pagando otras islas y, en concreto, Gran Canaria", ha asegurado hoy el presidente del Cabildo, José Miguel Bravo de Laguna (PP), al presentar el balance sobre el primer año de aplicación de esa norma que hecho por su corporación.

Bravo de Laguna ha añadido que eso "es así, no ha que engañarse ni darle más vueltas". "Le podemos dar todas las vueltas que se quiera, pero este es el objetivo fundamental", ha sentenciado.

Dos hechos confirman su tesis: Que Tenerife tiene unas 16.000 camas más en hoteles de cuatro estrellas que Gran Canaria y que recibe cinco millones de turistas al año, frente a los 3,4 millones de su isla, ha sostenido Bravo de Laguna.

El presidente insular ha insistido, así, en sus acusaciones de que el Gobierno de Canarias, conformado por CC y PSOE, está generando "un grave perjuicio" a su isla, su economía, sus posibilidades de crear empleo y sus opciones de futuro, al rechazar la demanda del Cabildo de eliminar las limitaciones para construir nuevos hoteles de cuatro estrellas que fija la referida ley.

Unas limitaciones cuyo efecto es que, "desgraciadamente, en estos momentos, según los datos que tenemos, estamos perdiendo capacidad de oferta turística, se están desviando desde Gran Canaria hacia otras islas para la próxima temporada de invierno, porque tenemos, afortunadamente, una gran demanda turística. pero no tenemos suficiente oferta", ha afirmado.

Y ha reiterado que su corporación mantendrá la "batalla" en favor de que se cambie la Ley de Renovación Turística para que se permita hacer nuevos hoteles de cuatro estrellas sin condicionarlos a que procedan de la renovación de establecimientos ya obsoletos, como ocurre ahora, insistiendo incluso en hacer "un llamamiento a la opinión pública de Gran Canaria" para secundarla.

Bravo de Laguna ha argumentado que fundamentan su postura hechos como que en su isla "no se ha construido un solo hotel de cuatro estrellas desde 2009, y los hoteles de cuatro estrellas tienen una gran demanda turística en Gran Canaria", y ha achacado esa situación a que los mecanismos previstos en la norma en cuestión para incentivar la renovación no han dado resultado.

Algo que ha dicho que se señala en el informe sobre la aplicación de la ley de renovación y sus efectos en la isla encargado por el Cabildo.

Ese informe también analiza la evolución del sector antes de la entrada en vigor de esa norma, desde la aprobación de la denominada moratoria turística de 2003 y pasando por la Ley de Medidas Urgentes de 2009.

En su conclusión final, sostiene que "tanto la Ley de Medidas Urgentes como la Ley de Renovación Turística evidencian un bajísimo, por no decir nulo, cumplimiento de sus objetivos marcados", puesto que deberían haber promovido una mejora de competitividad del sector hotelero merced a una renovación de la planta alojativa que no se ha producido.

El presidente del Cabildo ha subrayado, al tiempo, que su informe rebate la evaluación que ha hecho, por su parte, el Gobierno de Canarias sobre el primer año de aplicación de la ley de renovación, que señalaba que esta ha motivado que se remocen algunos hoteles cuando esto se ha hecho, según Bravo, porque ya lo tenían previsto en sus planes previamente cadenas como Riu.

Y ha negado veracidad alguna al informe del Ejecutivo asegurando que, al elaborarlo, se ha partido de "bases radicalmente falsas", al indicar que Gran Canaria tiene 130.000 camas turísticas y Tenerife 117.000, algo que considera que no es verdad. EFE