Desde los pulpos del señor Cho a cambio de entrar en el país más dinero del declarado, hasta el cobro de comisiones por hacer la vista gorda en el aeropuerto. La Fiscalía de Las Palmas solicita duras penas de cárcel para 11 guardias civiles a los que acusa de varios delitos por "pedir dinero para café" en la Unidad de Resguardo Fiscal del Aeropuerto de Gran Canaria, entre ellos falsedad en documento oficial, amenazas condicionales y, sobre todo, cohecho continuado.
Según las conclusiones provisionales del Ministerio Público, los funcionarios policiales, durante el año 2008, incumplieron sus obligaciones de fiscalización del dinero en efectivo en dicha aduana, así como del control de las mercancías que entraban o salían del territorio nacional a través de ese puesto fronterizo, tales como alimentos cárnicos o vegetales que son obligatorios chequear para evitar la entrada de plagas o de enfermedades en la Isla. Los imputados se "aprovecharon de su cargo como agentes de la autoridad", pues "exigían" dinero a ciudadanos marroquíes y mauritanos "bajo la fórmula de pedirlo para café". Luego se repartían esa mordida entre ellos o se quedaban con la mercancía que los extranjeros entregaban de "regalo", explica la fiscal Teseída García en su escrito de acusación.
La representante del Ministerio Público considera que los agentes no cumplimentaban los formularios a los que estaban obligados al tratarse de cantidades superiores a los 10.000 euros, o bien falseaban los importes para ocultar que los extranjeros traían sumas elevadas de dinero, en algunos casos de hasta 350.000 euros. A cambio, los responsables de la aduana se quedaban con 40 o 50 euros, según las circunstancias.
Cámara oculta
La fiscal tiene una gran cantidad de prueba para ir a juicio, que se celebrará en la Audiencia de Las Palmas mediante el sistema del jurado popular en fecha aún por señalar, aunque la causa ya se encuentra en la Sección Sexta y sólo está pendiente de resolverse un recurso sobre una pericial grafológica. Entre esas pruebas destacan escuchas telefónicas, además de los vídeos grabados por la propia Guardia Civil, que abrió una investigación interna ante la gravedad de los hechos e instaló una cámara en la oficina de aduanas. La trama fue denunciada por Mohamed K. H. tras ser víctima de esa reclamación de dinero.
El Ministerio Público solicita para los guardias civiles penas que oscilan entre una multa y los 18 años de cárcel, según el grado de implicación de cada imputado en esas prácticas. Salvador E. M. se enfrenta a tres años de prisión; José Juan P. M. a 18 años; José A. S. a otros 18 años; José Antonio B. C. a seis años; Miguel M. O. a nueve años; Alfonso R. P. a tres años; José Manuel S. P. a seis años y Eladio L. C. a otros seis años. En cambio, Luis Manuel Q. M., José Manuel R. G. y José Luis S. C. solo se exponen a penas de multa de hasta 280 euros. Asimismo todos afrontan las correspondientes inhabilitaciones para ejercer cargo público.
La fiscal también reclama penas de uno a dos años de prisión para los seis empresarios y ciudadanos que supuestamente sobornaron a los agentes. Se trata de Achbick Hamma; Chan IL Cho; Yamila Chtouki; Mahjob Abdala; Chaiaa Ould y Salem Aali. Entre ellos no está el denunciante, que fue absuelto por poner los hechos en conocimiento de la Guardia Civil y colaborar con la Administración de Justicia.
