El Cabildo ya tiene fecha en el calendario para presentar un recurso contencioso administrativo contra el rechazo del Gobierno canario por declarar Bien de Interés Cultural (BIC) la franja del Oasis de Maspalomas. La entidad insular, tal y como lo confirmó ayer su presidente, José Miguel Bravo de Laguna, tiene de fecha límite hasta el próximo lunes 3 de noviembre para formalizar su disconformidad.
Los dos meses hábiles de los que disponía el Cabildo para emprender acciones legales contra la decisión del Ejecutivo canario de desestimar la protección del Oasis de Maspalomas en la categoría de Sitio Histórico finalizan a escasos 10 días. Los servicios jurídicos del Cabildo, según confirmó Bravo de Laguna ayer en la inauguración de las obras de vallado de la reserva natural de las dunas de Maspalomas, ya tienen casi culminado la presentación de un procedimiento "complejo" con el objetivo de "demostrar que el Cabildo no ha cometido ninguna de las irregularidades en este expediente, como dicen desde el Gobierno canario, ya que se trata de uno de los trámites más completos sobre el BIC que se ha presentado en la historia".
Para la próxima semana el presidente del Cabildo se reunirá con el consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, para analizar, entre otras cosas, las cuatro propuestas que ha planteado el Ejecutivo en la reordenación de dicha parcela. La presentación del contencioso administrativo viene a bloquear la propuesta del ordenamiento urbanístico del Gobierno regional del Oasis y defiende el plan del Cabildo.
A escasos metros del Oasis, la entidad insular inició ayer las obras de vallado de 1.700 metros lineales de la zona de exclusión de la reserva natural de las dunas de Maspalomas. El equipo técnico de Medio Ambiente prevé culminar el proyecto de acordonamiento para la protección de 43 hectáreas de las 404 que conforman la superficie total de la reserva el próximo mes de diciembre.
La iniciativa restringe así el acceso a los visitantes en un 10% de la superficie total de la reserva en aras de proteger una zona de nidificación de aves endémicas, algunas en vías de extinción en las inmediaciones de la charca, como es el chorlitejo patinegro.
"El proyecto busca, por un lado, preservar y poner en valor una de las zonas más sensibles de la reserva y, por otro lado, regular el acceso de los miles de usuarios que transitan en sus inmediaciones", explicó la consejera María del Mar Arévalo ayer junto al alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez.
Las obras, que cuentan con un presupuesto de 125.000 euros, financiado en un 85% con fondos europeos y un 15% por el Cabildo, consisten en la instalación de 1.272 estacas de madera enterradas en una base de hormigón a una distancia de 1,5 metros de separación, que abarca desde las inmediaciones de la charca hasta la zona de los camellos.
La colocación de nuevas señales informativas, en tres idiomas, sobre las normas de uso de la reserva complementan los trabajos.
En concreto se instalarán un total de 140 paneles de aluminio, repartidos por las balizas, en los que se informará a los visitantes de la "prohibición de pescar y alimentar a los peces de la charca" y la restricción del acceso "solo a personal autorizado".
El proyecto incluye, además, la disposición de mesas interpretativas en el paseo marítimo, con explicaciones sobre el valor de la fauna y flora de la reserva, y una plataforma de madera en un árbol cercano a la charca para favorecer la cría de especies, como las garcetas o el águila pescadora.
La iniciativa, recogida en el Plan Director de la Reserva Natural en 2004, continuará con la renovación de las 50 señales informativas que el Cabildo acometió en la zona el año pasado.
Además, en las próximas semanas se finalizarán las obras del mirador de las dunas, aledaño al hotel Riu Palace. La infraestructura, elevada sobre una plataforma al aire libre a tres niveles de altura, cuenta con el centro de interpretación en sus inmediaciones. Según el ejecutivo insular, el funcionamiento de dicho enclave se ha consolidado en 2013 con la visita de 17.000 usuarios, entre los que destacan grupos de alumnos de diversos centros escolares de Gran Canaria. El objetivo es elevar la protección ambiental.
