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Hacienda calcula que la inspección catastral aflorará 46.000 casas ilegales

El Defensor del Pueblo insta al Gobierno a poner al día el catastro al detectarse inmuebles sin titular - El Ministerio advierte que se trata de un fraude fiscal

Vista aérea del Valle de Jinámar. YAIZA SOCORRO

El proceso de regularización catastral puesto en marcha por el Ministerio de Hacienda en 2013 implica también la afloración de inmuebles y viviendas que no están dados de alta en el catastro y, por consiguiente, no pagan el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Un informe monográfico elaborado por el Defensor del Pueblo en 2012 concluye que en Canarias hay más de 46.000 inmuebles urbanos ocultos al catastro, por lo que se va a aprovechar el actual proceso para detectar tanto las reformas y ampliaciones de viviendas que no se han declarado como para dar de alta a casas, locales o negocios que no contribuyen al IBI.

El informe se denomina La realidad catastral en España. Perspectiva del Defensor del Pueblo y recopila los datos suministrados por las propias gerencias del catastro ubicadas en cada provincia. Se trata de inmuebles cuya titularidad está en investigación por desconocer el nombre de sus propietarios, por lo que carecen de titular catastral. La institución eleva a 726.156 el número de inmuebles que se están investigando, de los cuales 20.540 se encuentran en la provincia de Las Palmas y 25.604 están en Santa Cruz de Tenerife.

El Defensor del Pueblo reconoce que la Administración ha hecho un esfuerzo para reducir el número de fincas sin titular pero insta a Hacienda a que debe insistir en la búsqueda de los propietarios que no pagan el IBI "ya que esas fincas o bienes pertenecen a la Hacienda pública o tienen un dueño que debe contribuir como el resto de los españoles".

La revisión actual, que abarca el periodo 2013-2016, intenta poner al día el catastro tanto para las modificaciones en inmuebles que han supuesto un aumento de la superficie habitable, como para aquellos que no se han dado de alta y que los ayuntamientos han detectado que no pagan el IBI. Esto supondrá un incremento, ya de por sí elevado, de la recaudación para las arcas municipales.

Lucha contra el fraude

El Ministerio de Hacienda deja claro que la regularización en marcha no implica una nueva revisión de los valores catastrales, un proceso que se realiza municipio por municipio y que, en algunos casos, acumula un retraso considerable ya que no se hace desde los años 90. El departamento que dirige Cristóbal Montoro hace especial hincapié en que se trata de un procedimiento de lucha contra el fraude fiscal al aflorar inmuebles que cuentan con los mismos servicios públicos que otros pero, sin embargo, no pagan impuestos.

Hacienda recuerda que el registro catastral es obligatorio y, por lo tanto, la descripción de los bienes inmuebles debe concordar con la realidad. Por ello, advierte que tanto la inscripción en el catastro como las alteraciones de sus características (económicas, físicas o de titularidad) debe realizarse o, en caso contrario, se procede a su regularización con las sanciones que figuran en la ley. Si un titular de una propiedad no la ha declarado o lo ha hecho de manera incompleta es un fraude fiscal, advierten fuentes de Hacienda, y por lo tanto el Estado tiene la obligación de luchar contra la misma.

Las fuentes del Ministerio ponen un ejemplo: un chalet construido en una parcela urbana y no declarado en el catastro inmobiliario disfruta de los mismos servicios públicos de las entidades locales que el resto de sus vecinos (servicios sociales, alumbrado, saneamiento, recogida de basuras, etcétera) y es por tanto de justicia que su correcta incorporación al catastro garantice su contribución al sostenimiento de los servicios públicos.

España y Canarias tienen un alto nivel de fraude en las viviendas. Durante muchos años el Archipiélago se situó en el ranking de las comunidades autónomas con más construcciones ilegales y una elevada indisciplina urbanística. La situación ha ido mejorando en los últimos años pero aún colea muchos inmuebles y casas que no figuran en el catastro porque sus propietarios no lo han hecho de forma voluntaria o porque la Administración acumula un considerable retraso en las revisiones que realizan por los municipios con fotografías aéreas, inspecciones y visitas.

Esta es una de las situaciones que denuncia el Defensor del Pueblo en su informe y así lo hace constar tras visitar las gerencias del catastro. También los propios ayuntamientos detectan inmuebles ocupados nuevos o que han ampliado su espacio habitable y que no figuran en sus registros del IBI. Esta situación ha provocado que los ayuntamientos se estén apuntando a este proceso de regularización para hacer aflorar hasta un millón de inmebles en toda España, 46.000 de ellos en el Archipiélago.

Pero poner al día el catastro inmobiliario también supone un incremento de los ingresos para los ayuntamientos. Canarias es una de las comunidades donde la recaudación por IBI ha crecido más en los últimos ocho años, hasta un 69%, y esta regularización tampoco garantiza que los municipios vayan a reducir el tipo de gravamen que aplican en el IBI en los próximos dos o tres años. Es más, las próximas revisiones catastrales que se realicen la margen de este proceso puede significar un nuevo aumento de las revisiones de los precios.

Hacienda mantiene todo lo contrario: este proceso no implica necesariamente un aumento de la recaudación para los ayuntamientos. Es más, si se amplia la horquilla de los que pagan se puede incluso bajar los tipos de gravamen porque para la Administración si pagamos todos, pagamos menos.

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