El Ayuntamiento de Mogán se ha propuesto acabar con el acoso publicitario que sufren los turistas en las calles aledañas a los centros comerciales así como mejorar la estética del municipio con la modificación de una ordenanza que sanciona hasta con 7.500 euros a las empresas que instalen toldos o vallas de propaganda sin la licencia pertinente. Ciuca pide que la norma se aplique de igual manera al pequeño empresario de bares y restaurantes que a los grandes agentes del Time-Sharing.
La mejora del paisaje urbano constituye una de las metas que persigue el municipio sureño. Prueba de ello es el convenio que aprobó ayer la corporación por unanimidad en las casas consistoriales con el Patronato de Turismo de Gran Canaria para la concesión de una subvención de 190.000 euros que se empleará para rehabilitar dos infraestructuras en la urbanización de Puerto Rico. En concreto, el proyecto incluye la renovación de la fuente que se ubica frente a la oficina de Turismo y la construcción de accesos para personas con movilidad reducida al centro comercial de Puerto Rico desde la Avenida de La Gomera. A esta partida además hay que sumarle una dotación de 500.000 euros que el Ministerio de Turismo acaba de conceder a Mogán para la rehabilitación de 600 metros del paseo marítimo que une Patalavaca con Arguineguín.
Ahora bien, el embellecimiento del entorno turístico no solo comprende de actuaciones urbanística, sino también de limpieza en las calles y control de cartelería, toldos y vallas publicitarias, que en exceso ofrecen una mala imagen a los visitantes.
Con el fin de eliminar el acoso propagandístico a los que están sometidos los turistas, el Ayuntamiento sacó adelante ayer en el salón de plenos una ordenanza que prohíbe la instalación de elementos publicitarios sobre cualquier soporte en calles, paradas de taxis o pasos de peatones del municipio sin la autorización pertinente. En caso de incumplimiento de la ordenanza, los infractores deberán pagar multas que oscilan entre los 2.500 y 7.500 euros, según el tipo de falta que cometan.
La nueva normativa solo permite ejercer la actividad publicitaria en espacios públicos a aquellos agentes debidamente identificados, que realicen sus funciones tras un mostrador sin abordar al turista y en un horario estipulado de 10.00 a 20.00 horas. Estas condiciones se aplican, por ejemplo, a los comerciales del sector de ventas de alojamientos de régimen de uso compartido (Time-Sharing) o la venta de paquetes vacacionales.
No obstante, el grupo Ciuca lamenta que la normativa permita la actividad a grandes empresas, como las que se dedican al Time-Sharing, y se la prohíba a pequeños y medianos empresarios de bares y cafeterías del municipio.
"O jugamos todos o rompemos la baraja", señaló el portavoz de la formación, Mencey Navarro, tras abstenerse en la votación del acuerdo. "No estamos pidiendo con esto que el gobierno sancione a los comerciales de este tipo de empresas, pero sí que no haya ningún tipo de favoritismo en el trato con respecto a otras pymes del sector de la restauración que solo ganan algunos euros al mostrar el menú de comida a los visitantes, mientras que las grandes compañías ganan millonadas", resaltó el concejal, quien añadió que las oficinas de Consumo han recibido más quejas de los ciudadanos por las empresas de Time-Sharing que de los pequeños comerciantes.
