El Plan General de Ordenación de San Bartolomé de Tirajana se encuentra en exposición pública hasta el mes de septiembre. Su organización ha emprendido una ronda de encuentros con vecinos para darles a conocer el nuevo escenario jurídico al que se enfrentan los propietarios de apartamentos en el Sur ante la aprobación del documento. ¿Qué cambios introduce el plan en cuanto al uso residencial de los inmuebles que se localizan en la costa?
De aprobarse el plan el uso residencial legal de la mayoría de las propiedades que se encuentren en zona turística quedará absolutamente prohibido. Es un documento que en aras del interés general cataloga prácticamente toda la costa del municipio, desde Bahía Feliz hasta Meloneras, como zona de uso turístico obligando a muchas familias a ceder sus inmuebles a las empresas dedicadas a la explotación turística. Constituye un verdadero atropello a los derechos de los propietarios de apartamentos en el Sur, que invirtieron en su día con mucho esfuerzo sus ahorros en el municipio.
¿Eso se traduce en que las familias que ostentan propiedades en el Sur no podrán ni residir ni alquilar de manera par- ticular sus bungalows?
Cada propietario deberá consultar la calificación de su parcela en el plan, ya que cada caso tiene sus particularidades. Pero lo que viene a establecer la normativa de forma general es efectivamente la restricción de uso del suelo como vivienda habitual o de su explotación a nivel particular, ya que ésta deberá llevarse a cabo por una única empresa, es decir, promotores o turoperadores. En caso de que los propietarios no se atengan a la nueva normativa o no asuman los gastos de mantenimiento del complejo -léase derramas-, la Administración podrá, mediante una técnica que se ha denominado sustitución, gestionar mediante concurso previo el uso del inmueble. Así que nos encontramos con un marco legal que favorece el desahucio de muchas familias en pos de una liberalización del mercado extrahotelero de la Isla. Muchos afectados se verán forzados a mantener sus apartamentos cerrados, sin ningún tipo de uso o disfrute, y, en el caso de que lo quieran vender, se encontrarán con la dificultad de que nadie quiere adquirir un inmueble sometido a tales restricciones. De hecho, cabe la posibilidad de que una gran mayoría se vea sujeta al precio que el turoperador les imponga, en caso de vender su bungalow.
¿Qué pasa con los comuneros que ya mantienen una relación de arrendamiento con un turoperador?
Pues que su relación con el explotador turístico va a cambiar, ya que la Ley protege a los turoperadores por encima de los derechos del dueño del suelo. El plan modifica el título constitutivo de su propiedad, por lo que somete también a estos propietarios a una situación de vulnerabilidad.
¿En qué fundamentos legales se basa este documento?
En la Ley de la Renovación y Modernización Turística del Gobierno de Canarias, aprobada en 2013, y en el reglamento que permite su desarrollo que se aprobó dos días antes de las elecciones. Esta ley estipula que se ha de respetar los usos del suelo que el plan establece y las sanciones que se imponen en caso de que no se acate su contenido. Nos encontramos, pues, ante una medida, desarrollada por el Cabildo y Ayuntamientos, que se ha debatido a puerta cerrada, entre políticos y empresarios, y que ha excluido los intereses de una gran mayoría perjudicada. Hay que tener en cuenta que estos cambios afectan a más de 18.000 residentes empadronados en San Bartolomé más aquellos dueños de viviendas, que a pesar de no figurar en el padrón municipal, pagan sus impuestos de manera rigurosa anualmente.
¿Las modificaciones que contempla el plan afectan por igual a todo el litoral?
No, hay urbanizaciones, como Meloneras, algunas parcelas de Campo Internacional, Sonnenland, Rocas Rojas en San Agustín o Monte León que admiten la compatibilidad de uso del suelo residencial y turístico. Pero más allá de esta cuestión, considero que la solución a este conflicto no debe centrarse en a quién perjudica más o menos, sino por encontrar una alternativa que beneficie a toda la población. ¡Si es que hay espacio para todos!
¿Se vaticina alguna cifra estimativa de alegaciones al nuevo plan general de ordenación urbana?
Se prevé que se presenten más de 7.000 alegaciones al plan en este mes de agosto. Hay que tener en cuenta que casi el 80% de la oferta turística del municipio es extrahotelera; se trata de la gallina de los huevos de oro, de la que pretenden beneficiarse a partir de ahora solo unos pocos. Y es que se está produciendo la usurpación encubierta de la propiedad de miles de familias, segregando de esta manera el acceso a la principal fuente de riqueza del Archipiélago -el turismo- a favor de las élites empresariales.
¿Qué les recomendaría a los ciudadanos del municipio de San Bartolomé de Tirajana que puedan verse afectados por esta normativa?
Por ahora lo más importante es que pongan en conocimiento de la administración local sus alegaciones al plan. De lo contrario, carecerán en un futuro de herramientas para defender sus derechos, en caso de llegar a los tribunales. En el consistorio se puede consultar el documento en horario de mañana los martes y jueves. Y, sobre todo, resulta vital que se organicen entre ellos mismos para aunar esfuerzos.
