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El Sur desvía al Gobierno canario las protestas por el plan general

El consistorio aconseja a los afectados por la nueva normativa presentar alegaciones en el Ejecutivo y el Cabildo y los propietarios colapsan con reclamaciones las oficinas municipales

Grupo de afectados por el plan general, ayer en las oficinas municipales para presentar sus alegaciones QUIQUE CURBELO

"¿Pero y qué pasa con mi parcela?", "A mi nadie me advirtió cuando la compré que tenía que cederla a un turoperador", "Esto es un desahucio en toda regla". El desconcierto y la indignación de más de medio centenar de afectados por el nuevo Plan General de Ordenación Urbanística de San Bartolomé de Tirajana se adueñaron ayer de las oficinas municipales. Los funcionarios no daban a basto a tremenda avalancha de alegaciones. La arquitecta municipal Bárbara Pertini sugiere a los afectados trasladar sus reclamaciones también al Cabildo y Gobierno de Canarias "al carecer el consistorio competencia en la materia".

De manera "voluntaria" la funcionaria del área de Urbanismo del consistorio sureño, Bárbara Pertini, explicó ayer que ya antes de que se aprobara el plan de 1996, que sustituye el actual, el Gobierno de Canarias aprobó una ley con "carácter sancionador a los propietarios que hicieran uso indebido de sus inmuebles turísticos". Esto es que "no estuvieran en régimen de explotación turística".

Desde hace unos años y, "teniendo en cuenta de que el turismo es el principal motor económico de Canarias", señala la arquitecta, el gobierno se percata de que el hecho de que muchos propietarios de complejos se dieran de baja en la explotación turística, proliferara el alquiler de bungalows a particulares o que algunos turoperadores cesaran su actividad comercial en algunas urbanizaciones por "ya no ser rentables" no genera toda la riqueza que cabe esperar del sector turístico en las Islas.

"Es entonces cuando el gobierno echa el freno mano", apunta Pertini, y aprueba la ley 2/2013 y el reglamento 85/2015, que es el que está generando "la alarma entre los afectados". Ahora el nuevo plan, que ha sido redactado por el Gobierno de Canarias, "no es más que una copia del documento de 1996 pero en vez de tipologías ambiguas, como bungalow o apartamento, somete a uso turístico" la mayoría de los inmuebles situados en la costa de Tirajana. Y el Ayuntamiento "no puede hacer nada", matiza la funcionaria.

"Pero esto es un atraco a mano armada y un desahucio en toda regla, llámenlo como lo quieran llamar", espetó indignado Francisco Rodríguez, propietario y residente en el complejo Solycan de Playa del Inglés desde hace más de 20 años; mientras el resto de los asistentes se unían al debate con ganas de "saber en qué situación" se encuentra su parcela.

Lejos de contestar peticiones particulares, la funcionaria recomendó a los afectados agruparse por comunidades y presentar sus alegaciones, "elaboradas por un abogado si es posible", no solo en el ayuntamiento sino también en el Cabildo y Gobierno de Canarias. "La idea es que el gobierno, ya que el ayuntamiento no tiene competencias en la materia, tenga constancia de la voluntad de los afectados" y, que "de alguna manera sepa la realidad social con la que cuenta el plan", sugirió Pertini.

"¿Y qué pasa con los apartamentos que en sus escrituras reza uso residencial?" Le arrojó uno de los asistentes a la arquitecta antes de que acabara la reunión.

"Pues habrá que ver el tipo de licencia de obra con la que se construyó el complejo, porque hay derechos consolidados que el ciudadano no tiene que perder", replicó la experta.

"Igual de abrumados que llegaron" salieron los afectados de las oficinas municipales tras presentar sus alegaciones. Eso sí, convencidos de que "este atropello a sus derechos" va a traer cola en los países de origen, véase Alemania o Sucia, de los cientos de pequeños inversores que han comprado un bungalow en San Bartolomé para pasar los inviernos o su jubilación.

Giuseppina Canzoneri, italiana pero residente por temporadas en su apartamento de Playa del Inglés, no daba crédito ayer a las restricciones que el plan establece en el uso de su vivienda que compró hace décadas en el Sur y por la que paga no solo impuestos al consistorio sureño sino también en Italia, por una ley de su país que obliga a pagar tasas a los ciudadanos con propiedades en el extranjero.

"Pero yo me pregunto: ¿estamos en Cuba o en Canarias? Es que realmente no entiendo cómo puede pasar esto en un país de la Unión Europea", asegura Canzoneri entre un corrillo de gente que busca ayuda para entender un documento de cientos de páginas en las que "en algún lugar" aparecerá el nuevo uso de su inmueble.

"Si es que a este paso y de seguir así con estas leyes, algún día los canarios llegaremos a pagar hasta por bañarnos en la playa, como sucede en Anfi del Mar", comenta Rodríguez a otro afectado.

Estrategia

Para este propietario en Solycan la estrategia que persigue la nueva normativa es clara: con esta medida se prioriza la industria turística sobre el derecho de la propiedad. "Una vez que te obliguen a ceder tu vivienda a un operador turístico a cambio de solo 300 euros al mes", señala el propietario, "comenzará la batalla". En primer lugar, al final de la temporada el turoperador pedirá a la comunidad una derrama para renovar las instalaciones, "échale 1.800 euros", calcula Rodríguez, y en el caso de que el propietario decida salirse de la explotación, los gastos de la comunidad subirán como la espuma, "ya que con eso la empresa paga a su personal en el complejo", añade y concluye: "Y si al final decides vender el apartamento cuenta con que el único comprador interesado va a ser el mismo administrador que ofrecerá por él una miseria". Algunos propietarios, como Sergio Gil, que tienen en alquiler su apartamento de Campo Internacional, no podrán continuar con esa relación de arrendamiento una vez que se apruebe el plan. "Me parece increíble que la Administración decida lo que debo hacer con mi vivienda", señala asombrado Gil.

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