El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha recomendado esta semana a los afectados por el nuevo Plan General de Ordenación Urbanística trasladar sus alegaciones al Gobierno de Canarias, por tratarse de una normativa que se fundamenta en la ley turística de ámbito regional. Sin embargo, la consejera de Turismo del ejecutivo, María Teresa Lorenzo, dio la espalda ayer al conflicto del municipio sureño al considerar que el documento es una cuestión "de competencia municipal". La patronal extrahotelera, que pretende crear una comisión mixta con el consistorio para analizar el nuevo ordenamiento, exige a Lorenzo más inspecciones para acabar con el alquiler ilegal turístico.
A pesar de que el nuevo plan general de San Bartolomé de Tirajana, que se encuentra en exposición pública hasta el próximo 1 de octubre, se fundamenta en la ley turística que aprobó el gobierno autonómico en 2013 y, por tanto, extrapola unas restricciones a los residentes en el municipio acordadas en el parlamento canario; la consejera de Turismo en el ejecutivo evitó ayer asumir responsabilidades en el conflicto al tratarse de una normativa, según ella, de "competencia municipal."
"El Gobierno de Canarias no hace valoraciones al respecto, aunque haya una referencia al uso de los suelos según la Ley de Modernización Turística. Se trata de la exposición pública del Plan General de San Bartolomé de Tirajana, en la que los ciudadanos tienen su periodo de alegaciones correspondiente, y es en el ámbito municipal en el que se debe dar ese debate", señaló Lorenzo de forma tajante.
Sin embargo, durante esta semana el consistorio ha asegurado a los afectados por el plan mediante reuniones informativas que el documento, redactado por la empresa pública del Gobierno de Canarias, se limita a cumplir con las normas autónomicas y que las alegaciones presentadas serán remitidas a los técnicos del ente regional. En este cruce de competencias institucionales, la patronal extrahotelera de Maspalomas aprovechó ayer para recordarle al gobierno canario que solo cinco inspectores técnicos de Turismo no son suficientes para acabar con el principal problema que azota a la industria desde hace años: el alquiler ilegal de apartamentos en el Sur.
Si bien la convivencia entre residentes y visitantes en complejos turísticos supone un problema de imagen generalizada en el sector, no son los residentes precisamente la mecha que ha encendido la pólvora de la bomba que ha estallado estos días. "Sino aquellos particulares que alquilan por su cuenta apartamentos sin pagar impuestos y distorsionan el sector", explicó ayer Tom Smulders, presidente de la Federación de Empresarios de Alojamientos Turísticos (Aeat), tras una reunión con la directiva de su colectivo en la oficina de Turismo de Yumbo.
Se trata pues de una situación "diabólica" que el Gobierno de Canarias "no ha sido capaz de controlar y que en algunas ocasiones ha castigado con multas de más de 20.000 euros al empresario que denuncia la explotación ilegal por quedarse con menos del 50% de la gestión del complejo, y ha premiado por contra al infractor", añadió Smulders.
Y es que, según la patronal, en la zona turística existen complejos que han terminado por cerrar sus puertas a la explotación turística por "personas que se creen que por ser propietarios de una unidad pueden hacer lo que les da la gana sin importarles en absoluto las consecuencias".
Con el fin de acabar con este "lastre" y debatir el nuevo plan general en términos de nuevos equipamientos o zonas comerciales en el litoral de San Bartolomé de Tirajana, la Aeat ha solicitado al ayuntamiento que dirige Marco Aurelio Pérez la creación de una comisión mixta que aborde las necesidades del sector.
Asimismo, según el vicepresidente de la entidad, Fernando Estany, la patronal tiene intensión de reunirse en las próximas semanas con representantes del gobierno autonómico porque hay cuestiones de la nueva ley turística que "no están del todo claras". Por poner un ejemplo, aún se desconoce el procedimiento que el ejecutivo piensa poner en marcha en aquellos casos en los que un propietario no quiera renovar su apartamento, "por razones económicas o por no estar de acuerdo con el proyecto", en complejos inmersos en una rehabilitación integral de sus instalaciones.
Otras de las cuestiones que Smulders quiere abordar en esta ronda de encuentros con el ejecutivo, "ya que más que como incentivo a veces actúa como un freno de mano para la renovación turística", es el procedimiento de dispensa al que se pueden acoger de "manera excepcional los inversores". Este decreto de 2010, sin embargo, ha dejado en la cuneta las ganas de muchos empresarios por mejorar su establecimiento.
