El presidente de la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos, Tom Smulders, tachó ayer de "cobarde" la actuación del Gobierno de Canarias en la polémica que se ha generado en torno al Plan de General de Ordenación Urbanística de San Bartolomé de Tirajana, pues consideró que debe ser la administración autonómica la que debe atacar las ilegalidades en el sector turístico.
En respuesta a las declaraciones de la consejera regional de Turismo, María Teresa Lorenzo, que el viernes declaró que el conflicto sobre el uso turístico o residencial de los apartamentos es una competencia municipal en la que el Gobierno de Canarias no debe intervenir, Smulders dijo que el Ejecutivo autonómico "hace el papel de cobarde" porque deja solo al alcalde en la defensa de un documento que sido elaborado por la empresa pública Gesplan y "además pretende que sean las comunidades de propietarios las que se enfrenten a aquellas personas que cometen ilegalidades en los alquileres de los apartamentos, cuando la responsabilidad de las inspecciones recae en la Consejería de Turismo".
"Lo más dañino para la zona turística -opinó el dirigente empresarial- es el incumplimiento de la ley en la unidad de explotación turística y eso es lo primero que reclamamos; es el Gobierno de Canarias el que tiene que hacer cumplir esa normativa, pero al final las personas que están más nerviosas por el nuevo Plan General son las que en realidad tienen menos que temer".
Confusión
Las escuetas manifestaciones públicas de la consejera María Teresa Lorenzo "crean más confusión, pues no es de recibo que dos administraciones públicas -el Gobierno y el Ayuntamiento- entren en un rifirrafe cuando hay una conmoción general entre los vecinos del municipio", apuntó Smulders, quien precisó que "el Gobierno de Canarias necesitaría un ejército militar si quisiera echar de todas de sus casas a las miles de personas que residen en las zonas catalogadas como turísticas".
Según Smulders, si el Gobierno regional quisiera aplicar la normativa en las mismas condiciones que se están planteando para las áreas turísticas de San Bartolomé, "tendría que desalojar la tercera parte o más de Arguineguín".
