Desde la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Emergencias del Gobierno de Canarias, que dirige Nieves Lady Barreto, se reiteró ayer que "son los municipios" los que deciden los usos que una localidad quiere otorgarle a su suelo y que Gesplan es un "mero instrumento" para elaborar planes urbanísticos en base a una normativa "abierta" que admite "diferentes opciones".
El gobierno autonómico no entra a valorar el contenido del nuevo Plan de Ordenación Urbanística de San Bartolomé de Tirajana, que se encuentra en exposición hasta el próximo 1 de octubre. Pues cada ayuntamiento decide los criterios con los que desea desarrollar su territorio, "siempre y cuando se cumpla la normativa vigente".
La tarea de Gesplan, empresa que pertenece al Gobierno de Canarias y ha elaborado el planeamiento sureño, se limita, según el Ejecutivo, simplemente a redactar el documento. "Sin competencia alguna" para establecer las directrices generales por las que se va a guiar el instrumento de ordenación urbanística.
Tal y como establece el artículo 5.1 de la nueva ley, en terrenos calificados con usos turísticos o mixtos sólo se permitirá uso residencial "cuando el plan así lo permita expresamente". Es decir, la normativa regional deja bien claro que es el plan urbanístico municipal el que "va a autorizar o no" que sus ciudadanos residan en las zonas turísticas.
Según la institución autonómica, San Bartolomé de Tirajana dispone de múltiples opciones para planificar el desarrollo de su suelo: desde dejar como residencial lo hasta ahora construido y solo considerar de uso turístico las nuevas instalaciones hasta intercalar el uso mixto en las zonas turísticas. "La ley es abierta" y es la corporación local la que "decide" el diseño urbanístico que quiere poner en práctica.
De esta manera, la consejería de Política Territorial quiso ayer subrayar que aunque el consistorio sureño desvíe las alegaciones presentadas por los afectados del plan urbanístico al Gobierno de Canarias, es "el ayuntamiento la institución competente para resolverlas".
En apenas un mes el consistorio de Tirajana ha recibido más de 200 alegaciones, presentadas tanto a título individual como por comunidades de propietarios. Una avalancha que puede llegar a duplicarse, si se tiene en cuenta que aún queda otro mes por delante en el que el documento permanecerá en exposición pública.
Sin embargo, con el fin de tranquilizar a los afectados por los cambios en los usos de suelos, sobre los que residen más de 17.000 vecinos, el consistorio ha celebrado hasta la fecha reuniones entre técnicos y ciudadanos en las que el mensaje ha sido claro y rotundo. "El ayuntamiento carece de competencia para atajar el conflicto de los residentes en las zonas turísticas" fue la tesis defendida la semana pasada dentro de las oficinas municipales de Maspalomas.
Al margen de esta encrucijada administrativa, que trae de cabeza a miles de propietarios decomplejos de apartamentos, San Bartolomé de Tirajana está abocado a replantearse su futuro urbanístico. Una vez más la iniciativa por sustituir el plan de 1996 puede quedarse en el intento.
