El alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez (PP), ha lanzado este jueves un mensaje de tranquilidad a los residentes en la zona turística, porque sus viviendas no serán expropiadas, y ha recordado que las competencias en materia de ordenación son del Gobierno de Canarias.

En una extensa rueda de prensa para explicar las determinaciones del plan general de ordenación (PGO) del principal municipio turístico de Gran Canaria, Pérez ha rechazado que se genere alarma social con afirmaciones como que los apartamentos de la zona turística "serán expropiados" a sus propietarios y se la lamentado de que "la gente solo crea en el Facebook"

"El nuevo plan general de ordenación para nada entra en ese apartado", ha indicado Pérez, al tiempo que ha precisado que la actividad turística es la base de la economía canaria y ningún ayuntamiento de as islas puede planificar sobre el suelo turístico porque el Gobierno "tiene secuestradas" esas competencias.

Por ello, ha retado al Gobierno autonómico y al Cabildo de Gran Canaria a que se pronuncien sobre si están dispuestos a cambiar la normativa vigente, para que los ayuntamientos pueden "decir algo".

En cuanto a las alegaciones al PGO, ha adelantado que "no irán a ningún lado", porque este cumple con toda la normativa, por lo que ha aconsejado a los perjudicados que se dirijan al Gobierno de Canarias, que tiene la potestad de cambiar las leyes y el modelo de desarrollo actual de las islas.

"El PGO no es ilegal, lo elabora el Gobierno de Canarias y todas las alegaciones las tendrá que resolver el también el Gobierno", ha argumentado el alcalde.

Además, ha añadido, los técnicos o políticos no puede aprobar un documento en contra de la normativa vigente porque estaría prevaricando.

Pérez ha calificado de buena oportunidad el debate social creado para conocer el documento mientras este se encuentra en exposición pública, hasta finales de septiembre.

Marco Aurelio Pérez ha realizado un recorrido cronológico desde el año 1963 hasta la actualidad para demostrar que el Ayuntamiento no tiene competencias en materia de ordenación turística.

Maspalomas Costa Canaria se desarrolló a través de planes parciales y su posterior aprobación de las normas subsidiarias, hasta que en 1996 se aprobó por vez primera el PGO, vigente en la actualizad.

El referido documento asume para su redacción las directrices de otras administraciones como el Plan Insular de Ordenación (PIO) creado por el Cabildo de Gran Canaria, donde se especifica la convivencia entre los residencial, urbano y turístico.

El plan delimita como uso turístico desde la punta de Tarajalillo hasta la punta de las Carpinteras, con un límite superior hasta la autopista GC-1. En este sentido, Pérez ha subrayado que el PGO de 2015 mantiene las mismas determinaciones que el de 1996: "no hay cambio alguno".

Incluso debe cumplir determinaciones recogidas en la normativa como la Ley 19/2003 que regula el territorio y la ordenación turística y que recoge la importancia del turismo para las Islas Canarias y obliga a los cabildos a redactar planes insulares que ordenen el desarrollo turístico.

Posteriormente, el Plan Insular de 2004 del Cabildo especifica que en la zona turística del litoral se prohíbe la convivencia del uso turístico con el de residencial permanente, que se desarrolla a través de planes territoriales especiales y parciales.

El más importante de los planes territoriales, el de Ordenación del Turismo de Gran Canaria (PTOTI) que especifica las piezas territoriales turísticas como unidades de las que preexisten o pueden existir productos turísticos, donde se debe identificar que el uso turístico es el predominante, o superior al 30 por ciento de la edificabilidad total de la superficie de las parcelas.

Marco Aurelio Pérez ha puntualizado que a Ley de Ordenación del Turismo en Canarias de 1995 se debe "tristemente la escasa competencia que tienen los ayuntamientos, que no pasa de otorgar licencias" y ha subrayado que es esa misma norma la que castiga destinar alojamientos turísticos a uso residencial.

En cuanto a la nueva Ley 2/2013 de Renovación y Modernización Turística de Canarias ha recordado que también pretende evitar la residencialización de las áreas turísticas e impulsar la renovación reinstalaciones obsoletas.

Y ha alegado que, ante un hipotético cambio de turístico a residencial, habría que buscar dotaciones y financiarlas.

Como ejemplo, ha planteado la hipótesis de 5.333 viviendas turísticas pasasen a ser residenciales, con unos 16.000 habitantes (tres por cada una). Ello significaría buscar 64.000 metros cuadrados para centros educativos, 42.600 m2 para zonas deportivas y 5.333 plazas de aparcamiento. "A todas luces inviable", ha sentenciado.