La presidenta de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV), Doris Borrego, ha asegurado este lunes que el decreto del alquiler vacacional aprobado por el Gobierno canario "no se ha usado para regular, sino para prohibir".

La ASCAV se ha reunido este lunes por primera vez con la consejera de turismo del Gobierno de Canarias, María Teresa Lorenzo, a quien le han manifestado la problemática generada por el decreto que se aprobó dos días antes de las pasadas elecciones autonómicas y que "no se ajusta a la realidad ni a las demandas por parte de los propietarios que se dedican al alquiler vacacional". Según ha indicado Doris Borrego, en este decreto se excluyen del reglamento las viviendas que se encuentran en suelo rústico o suelo turístico, lo que "atenta contra el derecho de libre competencia".

La presidenta de la ASCAV ha señalado que "se está dejando al margen de la ley" a un 90 por ciento de los propietarios canarios que se dedican al alquiler vacacional. El espíritu de la regulación era supuestamente llevar de la alegalidad a la legalidad a 53.000 familias que se dedican al alquiler vacacional, pero "el resultado es prácticamente la prohibición del 90 por ciento de estas propiedades", ha aseverado.

Borrego ha dicho que se ha transmitido a la consejera la preocupación por los propietarios que "se encuentran en la más absoluta ilegalidad y que se juegan sanciones económicas", por lo que se le ha requerido la "máxima urgencia y celeridad". Para Borrego esta situación es "muy importante" ya que no atañe solamente a los propietarios sino también al conjunto de la economía de Canarias. Asimismo ha apuntado que el alquiler vacacional es el "turismo más sostenible que tenemos", lo que, según aseguró, explica que muchas asociaciones de empresarios de zonas turísticas les hayan mostrado su apoyo.

Ha anunciado que se han acordado próximas reuniones para conocer las novedades y mantener el contacto para "abordar este asunto con la máxima prioridad que se merece". En este sentido, Borrego ha indicado que el tiempo para regular la situación depende de la "voluntad política" ya que según su opinión no hace falta paralizar el decreto, "sería suficiente con hacer una modificación". Asimismo, Borrego ha informado de que ya han iniciado el procedimiento para recurrir judicialmente el decreto.

"Hemos hecho todos los pasos que tenemos en nuestras manos y seguiremos luchando para que este decreto se modifique con la mayor urgencia que sea posible", ha señalado.