¿Cómo afecta la nueva Ley de Renovación y Modernización Turística al sector inmobiliario de las Islas?
La problemática que establece la Ley 2/2013 y su reglamento en cuanto a los usos residenciales y turísticos no ha pillado por sorpresa a nuestra asociación, ya que desde hace tiempo venimos siguiendo de muy cerca la normativa. Desde Acegi entendemos perfectamente que se quiera frenar la residencialización en aras de proteger la industria turística. Sin embargo, nos preocupa que se quiera revertir este proceso a golpe de decreto, porque choca con una realidad consolidada desde hace muchos años en nuestro mercado. En el sur de Gran Canaria existen muchos complejos que son residenciales en su totalidad, que se han dado de baja de la explotación turística en el Patronato desde hace tiempo, ya que sus propietarios no han querido darle un destino turístico a sus inmuebles. Ahora la Ley no puede obligarlos a reiniciar una actividad con la que ellos no están de acuerdo y menos aún si este imperativo implica que los afectados tengan que invertir grandes cantidades de dinero para poner en explotación el complejo.
¿Ha presentado Acegi alegaciones al plan de ordenación urbanística de San Bartolomé de Tirajana?
Sí, hemos solicitado que se establezca un régimen de consolidación a los establecimientos que con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva ley cesaron de forma definitiva su actividad turística, a la espera de que los planes generales especialicen los usos tal y como prevé la ley. Es decir, pedimos que se permita el uso residencial en aquellos complejos que estaban consolidados con este fin, ya que a partir de ahora serán sancionados. Se trata de una realidad existente, que la nueva normativa no recoge y lo que no se puede es dejar fuera de la ordenación al turista residente, que además de aportar a nuestra economía, es un perfil de cliente muy fiel.
¿Considera que el término 'residencialización', utilizado en el documento que ha elaborado Gesplan, no contempla la realidad que presentan los municipios turísticos en su totalidad?
La residencialización es un término demonizado en la nueva normativa que alberga realidades muy distintas. En su primera acepción abarca aquellos complejos que se han convertido en viviendas en zonas que no gozan de dotaciones para sus habitantes; en una segunda instancia, el término también incluye aquellas unidades que se destinan al alquiler turístico ilegal y, en tercer lugar, comprende aquellos inmuebles de segundas residencias, en los que se aloja el turismo residencial.
¿Y cuál de estos tres tipos de residentes predominan en el Sur?
El tercer caso, el turismo residencial, que son los llamados "emigrantes climáticos", que pasan los meses de invierno en la Isla en apartamentos que además pueden ser disfrutados en verano por los canarios. Entre el turista y el residente existe pues el turista residencial, del que nadie habla y nadie defiende. De hecho, no tienen ninguna patronal que les represente. Se trata de un turista con alto poder adquisitivo que seguirá viniendo a la Isla a pesar de los vaivenes del mercado turístico y de los caprichos de los turoperadores. Este tipo de visitantes compra inmobiliario, consume en bares y restaurantes y contribuye de forma directa en la economía local. En Arguineguín, por ejemplo, la comunidad nórdica tiene su propia iglesia, colegio y club social; por lo que estas infraestructuras son muestras del arraigo que tienen estos turistas residentes en el Sur. Se trata, desde luego, de visitantes que gastan mucho más que los que llegan a la Isla a través de la contratación de paquetes de "todo incluido" en los hoteles.
¿Qué solución propone su colectivo para integrar a los turistas residentes en el nuevo planeamiento de San Bartolomé de Tirajana?
En lugar de revertir la residencialización que ya se ha producido, deberíamos regularla y ordenarla en el nuevo planeamiento a través de la figura de alojamiento temporal no turístico. La solución de todo esto pasa por reconocer la importancia del turista residente, que es perfectamente compatible con la actividad de explotación turística. Se trata de clientes que utilizan los apartamentos tanto en régimen de alquiler como de propiedad y ofrecen una solución ideal para muchos propietarios canarios, al permitirles disfrutar de su bungalow también en los meses de verano.
La figura de alojamiento temporal no turístico, que contempla el plan, abre la puerta a este tipo de residentes, pero solo se permite en algunas urbanizaciones, como Meloneras o Campo Internacional.
Entendemos que el uso que se establezca bajo esta figura debe ser perfectamente compatible con el turístico en las parcelas residencializadas de hecho y el alquiler a larga temporada comercializado fuera de los canales turísticos. Lo que no es normal es que los inmuebles que tengan ese uso no se puedan alquilar, ya que entonces en este sentido el planeamiento lo que está haciendo es regular la propiedad privada, materia que le corresponde solo al Estado.
Algunos sectores no consideran viable la compatibilidad de ambos usos en una misma zona o establecimiento.
El turista residencial puede convivir en los mismos espacios que los turistas. No suponen una competencia para los establecimientos extrahoteleros, porque no necesitan de servicios de recepción ni lavandería, ni tampoco necesitan de dotaciones sociales, porque no viven permanentemente en la zona. Por lo tanto, no entiendo por qué le negamos un espacio en las zonas turísticas a una realidad que existe, contribuye en la economía y no quiere vivir en las montañas. Si a este tipo de clientes les imponemos nuevos criterios y les negamos la oportunidad de residir en la costa, se irán a otro destino turístico, sin más. Y el día que nuestros países competidores solucionen sus problemas de seguridad, véase Egipto o Túnez, lamentaremos haber puesto en marcha este tipo de normativas.
¿Se le ocurre otra fórmula alternativa al plan para recuperar las camas turísticas que se han perdido en los últimos años?
Si lo que se pretende es recuperar las camas turísticas ya perdidas, desde luego la penalización no es la mejor vía. Lo que no se pude hacer es ignorar a un grupo de residentes consolidado e imponerles sanciones si no siguen las nuevas directrices. Se trata de una situación compleja que desde nuestro punto de vista se debe solucionar mediante la incentivación. Motivar a aquellos propietarios que quieran reanudar la actividad turística en sus complejos a través de alicientes o, simplemente, ampliar los criterios de compatibilidad de uso residencial y turístico por zonas. Desde la asociación entendemos que se quiera frenar la residencialización de las zonas turísticas, pero no de la forma que se está haciendo. De la misma manera que siempre hemos tenido claro, y así se lo hemos trasladado a nuestros asociados para que asesoren a sus clientes de forma correcta, que no se puede vender un apartamento en un establecimiento turístico como si fuese una vivienda para residir permanentemente, al menos después de la aprobación de la nueva ley. Como tampoco se pueden vender unidades alojativas como producto de inversión, que permita luego a los propietarios alquilarlos en el mercado turístico de forma particular.
El debate social que ha generado el nuevo planeamiento, en cuanto a los usos que propone del suelo, ¿ha frenando algunas inversiones en el Sur?
La polémica se ha desatado hace poco tiempo y, por lo tanto, aún es pronto para predecir en cifras el impacto que va a generar en el sector inmobiliario. Me consta que en las últimas semanas se han frenado algunas operaciones por el pánico y el alarmismo, pero era de esperar. A los clientes extranjeros les cuesta entender el conflicto porque no están acostumbrados a tanta burocracia y superposición de normas y competencias que someten a la Administración. Pero una vez que se les explica, parece que lo entienden y se quedan más tranquilos porque confían que al estar en un territorio que pertenece a la Unión Europea no se van a suceder los escenarios que se han descrito en las interpretaciones más alarmistas. Desde la asociación agradecemos la voluntad política que se ha mostrado para solucionar el problema, pero entendemos que urge la puesta en marcha de unas medidas concretas que doten al plan de una mayor autonomía. Mientras, seguirá existiendo una cierta inseguridad jurídica que puede llegar a frenar muchas inversiones en el Sur.
