"Las escuchas no pueden ser consideradas ni valoradas". El juez de lo Penal 6 de Las Palmas de Gran Canaria absuelve del delito de estafa a dos guardias civiles de Guía (Samuel M.R. y Alejandro R. H.) y a dos vecinos (Juan José C. P. y Yeray M. R.), que fueron acusados hace casi cinco años de amañar un accidente de circulación en el acceso a Sardina de Gáldar con el coche patrulla para coger la baja médica y cobrar la indemnización del seguro, a cambio de 1.000 euros. El fallo reconoce que las grabaciones telefónicas fueron ilegales, y que se basaron en un anónimo sin credibilidad de una web de la comarca.
"Se trata de un comentario anónima a una noticia que se difunde en un medio virtual de repercusión local, siendo por todos conocida la gratuidad e impunidad a que se presentan los medios virtuales, por lo que su importancia no goza de la misma seriedad que se podía haber dado a la denuncia hecha con nombres y apellidos". El juez Néstor Porto cuestiona el propio origen de la investigación realizada por la Guardia Civil. Además, echa por tierra las escuchas telefónicas, ya que no son más que "sospechas policiales", y no "indicios". En ese sentido, se resalta que si bien los agentes frecuentan un lugar donde se trafica con drogas, se justifica su presencia por su labor profesional. Y, a su vez, defiende el plus de ejemplaridad que se justifica por su cargo. ¿Es esto un motivo para justificar la vigilancia? Según el juez, "la respuesta ha de ser necesariamente negativa".
El juez cuestiona que las grabaciones sean anteriores a la solicitud de autorización de las escuchas, y que todas grabaciones no estuvieran a disposición de las partes. Además, se da la circunstancia de que la fiscalía se dirigió directamente a la Guardia Civil para que aportara una copia de la grabación y de las transcripciones, sin tener autorización de un juez.
Los cuatro implicados en el accidente acaecido el 17 de diciembre de 2011 en el acceso a Sardina (GC-202) sufrieron heridas leves, y los daños en el vehículo oficial se tasaron en 197,25 euros, según la Fiscalía en su acusación.
El abogado de Samuel M.R., Juan Sánchez Limiñana, manifestaba ayer su satisfacción por la sentencia: "Después de varios años denunciando la ilegalidad de las escuchas, por fin la sentencia viene a reconocer este hecho que no es un consuelo para los funcionarios públicos -en alusión a ambos guardias civiles-, que se han visto como presunto estafadores. Además, llama la atención que estas escuchas nunca se incorporaron a la causa, sino el último día de las sesiones previstas del juicio oral. Y parece inaudito que fueran admitidas, a pesar de que la Fiscalía reconoció incluso por escrito que la había obtenido directamente de la Guarda Civil, con una petición realizada mediante una llamada telefónica, sin autorización de juez alguno".
En ese sentido, el abogado añadió que "la Fiscalía acusaba de la comisión de un delito de estafa, pero ninguno de los acusados había interesado indemnización alguna a ninguna entidad, y tampoco la compañía de seguros que abonó el presunto daño al vehículo. Ésta reclamada por la propia Guarida Civil, no por los imputados, sorprendentemente tres meses después de afirmar en un atestado que el accidente fue simulado. Ni el abogado del Estado encontró indicio alguno para demandar por la Administración".
La Fiscalía tiene 10 días para recurrir ante la Audiencia Provincial.
