Crece la preocupación de los residentes en las zonas turísticas del Sur. Una reunión convocada ayer por el complejo Playmar del Campo Internacional del Golf se convirtió en una llamada masiva de afectados de múltiples complejos vacacionales de San Bartolomé, lo que da idea de la honda inquietud que existen sobre el Plan General de Ordenación. Los afectados exigen la derogación del decreto que desarrolla la ley de renovación turística para regular los alquileres vacacionales, al entender que beneficia a los hoteleros y turoperadores. Preparan una batería masiva de alegaciones al documento ante el Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento.
"¿Dónde estaban los políticos antes, cuando nos dejaron colgados los explotadores de los complejos, y a muchos en la ruina?", "¿por qué se reúne el alcalde -Marco Aurelio Pérez- sólo con los del Círculo de Empresarios y la organización cameral, y no con los afectados?", "antes era el desierto de Arizona, me empadroné y ahora ya no me quieren allí". Muchos afectados por el nuevo Plan General mostraron ayer su enérgico malestar e inquietud por su futuro.
Ni siquiera los intentos de una de las asistentas por exculpar al Ayuntamiento del nuevo planeamiento, al derivarlo todo a la "incursión" turística en la ordenación del territorio que "se ha subrogado el Gobierno", logró calmar los ánimos. Todo lo contrario, los encrespó en algún momento. "Los políticos mienten y se contradicen bastante", se pudo escuchar en la sala.
El complejo Playmar se reunió en el Hotel Gloria Palace de San Agustín bajo la convocatoria de "las comunidades de propietarios del Sur se movilizan ante el nuevo plan de ordenación". Parecía un encuentro abierto, y allí se personaron desde primera hora muchas personas ajenas a este establecimiento vacacional para saciar sus dudas, desbordando cualquier previsión.
Los organizadores, en cambio, advirtieron de que era una junta privada, y muchos se fueron defraudados. Pero, en el último momento, pudieron abrir salas anexas, y un amplio grupo de personas pudo debatir sobre el problema. Incluso, en el lugar se personó bien avanzada la charla una pareja de la Policía Nacional, si bien todo se desarrolló con mucha calma.
Más de un centenar de personas siguió con atención las muchas muestras de preocupación. "Ha llegado el comunismo a Playa del Inglés", manifestaba indignado Felipe López, de los apartamentos Australia, que tenía ya apalabrada la venta de su propiedad y ahora la personas interesada se le ha echado atrás. Se trataba, dice, de un extranjero que lo iba a dedicar a descansar durante meses. A su juicio, se está promoviendo una fórmula de extorsión o coacción para que los complejos se vendan a las empresas.
En la misma línea, Eugenio del Toro, de Las Gacelas, habla de "un verdadero abuso", porque impide que puedan disfrutar de su propiedad y de la posibilidad de alquilarlos; y los turoperadores "no garantizan un mínimo de ingresos".
Los asistentes hablan de que los legisladores han usado una "figura agresiva" al incorporar el término "sustitución". Y hasta que se pretende potenciar a Las Palmas de Gran Canaria como destino turístico, a costa de los pequeños propietarios, a quienes se le "arrebata" su uso y disfrute. "Es un atropello contra el derecho de propiedad".
Los presentes reivindicaron que se paralice el decreto turístico, al entender que sólo beneficia a los empresarios hoteleros y extrahoteleros. En este sentido, defienden que en el momento de la crisis turística, muchos de ellos tuvieron que optar por la residencialización porque las empresas explotadoras les dejaron abandonados. De ahí que hablen de que ahora, que ellos han logrado salir adelante, se les trate de nuevo de apartar del negocio. Y aclaran que las Administraciones han tenido años para dotar de suelo y solucionar la falta de servicios que se exige cuando se sale del ámbito turístico, como son los colegios, centros de atención sanitarios y otras dotaciones. "Los hoteleros quieren ahora ganar dinero sin invertir", se escuchó en la mesa.
Por esto, requieren a los legisladores mantener los usos ya consolidados.
La comunidad de Playmar, el Campo Internacional de Golf, tiene previsto llenar de alegaciones las oficinas municipales, como también los asistentes insistieron en hacerlo llegar al Cabildo y al Gobierno de Canarias, para que su voz se haga oír. Y señala que esta es la mejor fórmula, sobre todo a pocos meses de las elecciones generales.
Como curiosidad, unos asistentes ya decía cuando salía de la sala de reuniones que iba a convocar al resto de su comunidad, para seguir la misma línea de acción. Y uno de los presentes anunció que se estaban gestando distintas plataformas para defender los intereses de los propietarios.
Numerosos complejos de apartamentos siguen en manos de los pequeños propietarios, que se unieron al negocio turístico en los inicios de la explosión del sector, y que han sobrevivido a las periódicas crisis. Por eso ahora recelan de la posibilidad de caer en manos de los grandes grupos vacacionales.
