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San Bartolomé de Tirajana Debate sobre el nuevo Plan General

Guillermo Morales: "El Sur se nos ha ido de las manos por desidia"

El Catedrático de Análisis Geográfico de la Universidad Carlos III, se muestra categórico sobre el nuevo Plan General y culpabiliza a la sociedad

El catedrático Guillermo Morales durante la entrevista ANDRES CRUZ

El nuevo Plan General de Ordenación Supletorio (PGOs) de San Bartolomé de Tirajana ha dejado al descubierto el problema de la utilización de los complejos turísticos como viviendas fijas. ¿Existía ya esa situación cuando usted participó en la redacción del Plan del año 1996, todavía en vigor?

Sí. Entre los años 1994 y1996 se encargó la elaboración del primer Plan General, con el ingeniero Francisco González-Jaraba como director técnico. Era la primera vez que se iba a poner orden tras las sucesivas propuestas de planes parciales en el litoral y en todo el municipio de San Bartolome. Se propuso un equipo ambicioso y yo participe por parte de la Universidad en la redacción del avance del Plan. Mi equipo pudo conocer no solo la problemática de la ciudad del turismo, sino también la de San Fernando y de los otros núcleos dormitorios del término municipal. Fue un estudio muy concienzudo porque entonces se contaba con bastante dinero y contactaron conmigo por mi experiencia en urbanismo y en la geografía de Gran_Canaria. Hace veinte años había un alcalde que era geógrafo, José Juan Santana Quintana, que quiso que el documento estudiara minuciosamente todos los problemas territoriales y urbanísticos y así lo hicimos.

¿Y qué encontraron?

Uno de los problemas que más nos llamó la atención fue el progresivo deterioro de la zona más estrictamente turística. Hablamos del arco entre Bahía Feliz y el Faro de Maspalomas, pues Meloneras era en aquella época apenas un esbozo de lo que luego iba a ser, afortunadamente, una zona casi exclusivamente hotelera. Lo que investigamos, para incorporarlo como diagnóstico del Plan, fue la realidad de tres sectores; San Agustín y las Burras, donde empezó todo; El Veril y Playa del Inglés; y el Oasis de Maspalomas. Siempre hubo una marcada diferencia entre los dos extremos, San_Agustín y el entorno de la Charca, que eran las referencias de la excelencia turística por la tranquilidad y la poca densidad. Pero en el centro de la ciudad turística surgieron enseguida los cambios y en los años noventa ya era evidente que había una progresiva invasión de lo residencial y de lo comercial, básicamente en la Avenida de Tirajana.

¿Estaba permitido el uso residencial en aquella época?

El equipo francés que ganó el concurso internacional para planificar Maspalomas Costa Canaria había diseñado una disociación clarísima entre zona residencial y zona turística. San Fernando era el lugar destinado a los residentes vinculados a la ciudad del turismo. San Agustín, Playa del Inglés y el Oasis quedaron como áreas turísticas, de forma que quien se atreviera a vivir allí sabía que estaba infringiendo algo. Y además se le advertía. El primero que se lo avisaba era el explotador turístico del apartamento. Le decía: "Si usted compra un apartamento para vivir, sabe que está incumpliendo la normativa urbanística municipal. No había Plan General, pero se establecía en las normas subsidiarias. Se entendía que un apartamento era como un hotel, y a nadie se le ocurre ir a un hotel para empadronarse allí. Para empezar, no lo permitiría la propiedad del hotel. El régimen de tenencia es lo que ha perturbado todo, el problema viene de cuando se empezó a fragmentar la propiedad. Se arrancó de un latifundio agropecuario condal, que pasó a otros propietarios, los dueños de los complejos de apartamentos y bungalós, y finalmente aquello se ha ido disgregando, y en algún caso deteriorando. Y éramos conscientes de eso ya en el año 1994.

¿Por qué se han llegado a acumular casi 17.000 empadronamientos en las zonas turísticas de San Bartolomé, aparte de las puedan existir en Mogán? ¿Ha habido permisividad por parte del Ayuntamiento?

Somos muy dados a echar la culpa a una institución. El responsable no es solo el Ayuntamiento, que está obligado a redactar y difundir, y aprobar un correcto documento de PGOs . Es una situación que se nos ha ido de las manos a todos, incluso a la sociedad civil. Ha habido desidia por parte de todos, pero la tendencia es echarle la culpa al Ayuntamiento porque es la administración más próxima. También tienen responsabilidad en esto, el Cabildo, y el Gobierno de Canarias, que son los que tiene las competencias casi absolutas en materia de ordenación y gestión turística. En el fondo ha habido una desidia de toda la colectividad. Pero a esta situación anómala hay que ponerle ya remedio.

¿Y qué salidas tienen ahora el Ayuntamiento y el Gobierno de Canarias ante la avalancha de alegaciones al PGOs y las movilizaciones de los afectados?

Da la impresión de que esto ocurre por primera vez en los anales del urbanismo. Esto ocurre siempre que se elabora un Plan General, que es un documento muy controvertido porque afecta a los intereses personales, familiares, o empresariales, pero también al bien común. Es un Plan supletorio, complementario al que existe. Y se ha hecho con un marcado acento turístico porque el mayor problema que tiene planteado el municipio es el fenómeno del descontrol turístico en su litoral. Y esto no ocurre solamente en San Bartolomé, sino también en Mogán y en otros municipios canarios. No es bueno retroceder en algo de lo que podemos presumir.

¿Cuánto tiempo se retrasará el planeamiento de San Bartolomé si el Gobierno canario modifica la Ley de Ordenación del Territorio y el Plan de Renovación Turística, tal como ha anunciado el presidente Clavijo?

Para empezar, creo que los retrasos no son aconsejables. La medida no es traumática, pero le han dado una dimensión que a mí me ha asombrado. Lo han ha sacado de la normalidad de lo que es la información pública en cualquier tipo de planeamiento. La pregunta que yo me hago es, ¿ha funcionado bien el mecanismo de información pública? Porque lo primero es dar a conocer a la gente lo que el Ayuntamiento va a proponer, decirle en qué dirección va a ir para que no existan temores. La gente no debe tener miedo. El Ayuntamiento no está asaltando a los propietarios, como afirma muy impropiamente el señor Olarte en un artículo de opinión lamentable, en el que da a entender que les están amenazando con una pistola para que suelten el apartamento. Eso no es así. No es esa la lectura que yo he sacado del documento.

¿Qué perjuicios provocan los residentes a las zonas turísticas?

Se puede exagerar y caer en lo demagógico. Se puede decir, como hacen algunos, que los residentes pueden lesionar gravemente los intereses turísticos, pero tampoco es así. Primero, porque eso ocurre de manera ocasional, y segundo porque la residencialización del área turística no podrás nunca ser erradicada, por derechos adquiridos. Hay una casuística muy amplia, de todos conocida, en que la residencialización puede ser perjudicial. Hace daño cuando se convierte en un porcentaje muy significativo, y ahora ese porcentaje de residentes permanentes es del 30% en algunos complejos. Las personas que tienen su hogar en zona turística pueden ocasionar problemas de convivencia porque su modo de vida cotidiano o estacional es distinto al de un turista. Hay gente que puede cocinar en un pasillo de un complejo de apartamentos y a lo mejor lo encuentra normal, pero eso lesiona gravemente el modus operandi de un turista habitual, y de la empresa responsable.

¿Cree que ese uso residencial de los apartamentos está impidiendo la renovación hotelera y urbana de zonas como Playa del Inglés o San Agustín?

No lo impide, pero lo dificulta. Creo que el PGOs tenía que haber puesto más énfasis en la rehabilitación. Se trata de renovar en pro de la calidad y de la excelencia turística, que es algo que nunca debimos perder. Se quiera o no, el Sur no es todo igual. Si le preguntas a alguien que busca tranquilidad, dirá que quiere ir a Pasito Blanco, Monte León o Rocas Rojas. Lo que se está alterando no es el confort del residente, sino el del turista, que es el que importa en la industria turística, porque genera un valor económico. Siempre hay que velar por su bienestar. ¡Y ojo!, que puede haber turistas que sean peores que los canarios en cuanto al respeto a la convivencia.

Las leyes de Turismo obligan a la unidad de explotación de los apartamentos y bungalós, ¿debe dejarse que sean las comunidades de propietarios las que resuelvan ese problema?

No. Nunca. Para eso está el Ayuntamiento, que es soberano para gobernar. Una cosa que no comparto con el alcalde Marco Aurelio Pérez es que diga que es prisionero de las decisiones del Cabildo o del Gobierno de Canarias. El Ayuntamiento es soberano, lo que ha ocurrido es que hasta ahora ha habido una desidia total y nadie ha intervenido. Yo animo al alcalde a que sea valiente, que lo es porque ya se ha atrevido a mucho. Le animo a que siga siendo valiente y no eche culpas a nadie. El Ayuntamiento tiene muchísimo margen de maniobra. Este documento es necesario, si no lo saca adelante se le va la ciudad del turismo. Y además se le va dentro de su propio municipio, porque habrá zonas de primera y de segunda categoría. Ahora mismo, el nuevo PGOs está permitiendo 16.000 nuevas camas turísticas. Si le sumamos las 16.000 residenciales que se quieren recuperar, algo que nunca se conseguirá del todo, estamos hablando de 30.000 camas más en un horizonte de cuatro o cinco años. Respecto al aluvión de alegaciones, repetir una alegación en fotocopia, cambiando el nombre del interesado, eso ocurre en todos los planeamientos que se han aprobado en España. Por tanto, si se llenan las oficinas municipales de miles de alegaciones, no ocurre nada, ese es el ejercicio de la voluntad popular. Para eso está el periodo de información pública. Creo que el Ayuntamiento tenía que haber sido más cuidadoso con la comunicación al exterior, tenía que haber mostrado el PGOs como un plusvalor para los propietarios.

Se asegura que cada complejo de apartamentos tiene su propia problemática. Cada caso es distinto en función de la antigüedad del edificio, el número de propietarios o el nivel de ocupación entre turistas y residentes, ¿Cómo se puede legislar para todos ellos sin crear nuevas alarmas entre la población?

Yo creo que ese es el mayor problema del documento, y que se puede resolver con un anexo individualizado para cada uno de los complejos, o de las unidades homogéneas. En efecto, cada grupo de apartamentos o bungalós no tiene nada que ver con el que está al lado. Incluso, cuando son varios edificios, hay partes que están muy bien y otros deteriorados. Depende de cada propietario. El que se preocupa por el ornato puede seguir tranquilo en el arriendo al explotador hotelero, pero no el que descuida la propiedad o el que la sustrae a sus fines turísticos. No se puede seguir fomentando la infravivienda, porque en un apartamento de 18 metros cuadrados no puede vivir una familia de 4/6 personas. Yo soy partidario de que continúe cierta permisibilidad , pero que la controle el Ayuntamiento, que conste en los archivos municipales. Lo que no se debe admitir es que ni siquiera el_Ayuntamiento sepa la magnitud del problema. No se sabe ni cuantos residentes hay. Hablan de 17.000 residentes en todo el municipio y 7.000 en Playa del Inglés. Los administradores de los complejos saben con pelos y señales cuántas personas viven de verdad en cada bloque de apartamentos. El gran problema es la disociación entre la normativa municipal, que lleva el Ayuntamiento, y la inspección turística, que está en manos de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias. Ese es el problema; tiene que haber mayor afinidad. A eso aludió el alcalde al decir que está secuestrado por las demás administraciones. Puede tener esa percepción, pero hay que ponerse de acuerdo. No pueden trabajar de manera separada. Y con el Cabildo de Gran Canaria ocurriría lo mismo. Hay que trabajar en común y parece que por ahí va la intención del nuevo presidente regional, Fernando Clavijo, que son las típicas palabras de alguien despistado, de alguien que acaba de llegar pero que tiene buenas intenciones, incluso para coordinarse mejor.

El Gobierno y el Cabildo proponen abrir un debate con empresarios y colectivos de propietarios, ¿eso soluciona algo?

!Es que el debate ya está abierto¡ ¿Y cómo? Con las alegaciones. El Plan lo ha hecho Gesplan, la empresa pública de la Comunidad Autónoma, porque el Ayuntamiento de San Bartolomé no tiene dinero para hacer un documento de esa índole. Son los técnicos de Gesplan los que tienen ahora que resolver esas alegaciones.

En estos últimos días se han ofrecido muchas cifras, pero ¿hay estadísticas fiables del número de plazas turísticas que se han perdido por la residencialización o del número de camas que se están alquilando de forma irregular?

Hablamos todos de memoria y de aproximaciones. Las estadísticas deben ser exactas y en un mundo tan proceloso como éste, donde cambia cada minuto, no se puede acertar. Se cree que entre 12.000 y 16.000 camas están afectadas por este proceso, porque también hay muchos apartamentos que están vacíos, no solo son los que tienen gente empadronada, sino de personas que están a la expectativa. Las que están sustraídas a la actividad turística son entre 12.000 y 16.000. No estoy en contra de que haya residentes permanentes en los complejos, lo ideal sería que fuera un complejo como un hotel, que el propietario los cede a un turoperador desde septiembre hasta mayo o junio y que el dueño o sus familiares lo disfrute durante el verano.

De hecho, eso es lo habitual actualmente, ¿o no?

Claro, pero ha habido tanta manga ancha que ha permitido esta disfunción. No podemos seguir por ese camino porque nos lleva directos al deterioro en el tejido urbanístico y social. Hacer las cosas bien va en beneficio de todos, empezando por los propietarios. Y no importa que haya viviendas permanentes, pero tienen que estar reguladas y autorizadas por el Ayuntamiento. Dice el alcalde que puede venir quien quiera, que será bienvenido y empadronado en el municipio. Completamente conforme, pero en lo que no estoy de acuerdo es en que venga alguien a un apartamento turístico y al día siguiente vaya al Ayuntamiento a darse de alta en el padrón para conseguir el descuento del 50% en los billetes del avión. El Ayuntamiento tiene que saber en qué circunstancias está viviendo cada vecino del municipio, si es permanente o transitorio.

La nueva modalidad de alquiler vacacional viene a complicar aún más el problema, ¿tiene cabida en la futura ordenación de San Bartolomé el alquiler o intercambio de apartamentos por las redes sociales?

El Decreto del Gobierno de Canarias de mayo del 2015, poco antes de las elecciones, fue el que empezó a atemorizar a los vecinos, provocados casi todos por abogados interesados en hacer las alegaciones. La gente se atemorizó y algunos propietarios incluso volvieron del extranjero porque les dijeron que le iban a quitar sus casas. Eso es una falacia. Eso es imposible, porque una cosa es el uso y otra la propiedad. Hay que disociar el régimen de tenencia de la explotación turística. Deben tenerlo claro los particulares y las instituciones. Eso ha alterado la situación y parece que es una imposición de las instituciones en todos sus niveles.

¿Piensa, entonces, que hay gente que quiere hacer el agosto metiendo miedo a los propietarios?

Por supuesto que hay gente que se quiere beneficiar. Lo que hay que hacer es implementar los mecanismos desde las instituciones para que no sea el negocio de unos pocos. Los turoperadores se van a beneficiar, pero hay que buscar que no solo sean ellos. Convertir los apartamentos en hoteles es una salida, pero no la única. Lo que me preocupa es que no se actúe. Hay que tomar medidas y, evidentemente, el nuevo Plan General va a pisar algunos callos, pero eso es inevitable. Se está jugando en un periodo de vacas flacas y la gente es muy sensible, pero a nadie le van a quitar la casa, como siguen diciendo por ahí.

¿Cree que se corre el peligro de que el deterioro de núcleos como Playa del Inglés o Maspalomas culmine en una mayor presión sobre otros territorios vírgenes de la isla de Gran_Canaria, lo que se llama política de tierra quemada?

Cabe ese riesgo y lanzo un aviso a navegantes. Puede ocurrir que Playa del Inglés se convierta en la zona turística del Istmo de Guanarteme, algo que no hemos podido resolver a día de hoy. Cuando se fue el turismo de Las Palmas de Gran_Canaria hacia el sur, a finales de los años sesenta y principios de los setenta, los apartamentos de la playa de Las Canteras se quedaron vacíos y los propietarios se los alquilaron a familias de escasos recursos económicos. Si no se busca una solución entre todos, no solo el Ayuntamiento, el Sur se convertirá en una ciudad deteriorada. Si se sigue incrementando el número de residentes de Playa del Ingles, que siguen utilizando los equipamientos y servicios generales de San Fernando de Maspalomas , llegará un momento en que San Fernando también se colapse. Esa localidad también está en riesgo de saturación y de eso no se habla. Puede ocurrir que la residencialización acabe en marginación social de esa zona.

Si usted tuviera un apartamento en Playa del Inglés para disfrutarlo los meses de vacaciones o durante los fines de semana, ¿qué alegaciones presentaría?

Ninguna, me fío del Ayuntamiento.

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