El debate social que ha desatado la aplicación de la Ley de Modernización Turística del Gobierno de Canarias en el nuevo plan urbanístico de San Bartolomé de Tirajana adquiere dimensión internacional. El alcalde Marco Aurelio Pérez, que gestiona una localidad con un 31% de población extranjera, explica a los cónsules de la provincia que los afectados deben reclamar un cambio legislativo en la institución autonómica que permita el uso residencial en las zonas turísticas. Los representantes, que han recibido estas semanas a numerosos compatriotas en busca de asesoramiento, recomiendan gestionar las alegaciones a través de las comunidades de propietarios.
La nueva normativa urbanística de San Bartolomé de Tirajana, que se encuentra en exposición pública hasta el próximo 1 de octubre y se fundamenta en la Ley de Modernización Turística del ejecutivo regional, no solo afecta a los propietarios canarios de apartamentos en el Sur. También a los pequeños inversores extranjeros que disfrutan de los meses de invierno en bungalows situados en el litoral del municipio, ya sean de su propiedad o a través de un contrato de alquiler temporal.
Según el Instituto Nacional de Estadística, San Bartolomé de Tirajana cuenta con 17.610 extranjeros empadronados, lo que supone el 31% de la población total del municipio. Los alemanes, con 4.629 habitantes, representan la nacionalidad mayoritaria, seguidos de los italianos y los ingleses, con 1.736 y 1.272 habitantes, respectivamente.
La representante de Suecia en la Isla, Ann Kristin Ekstrand, aseguró que son muchos los compatriotas en el Sur, sobre todo en la zona de San Agustín, que alarmados por la nueva norma han solicitado asesoramiento jurídico en el consulado estos días. "Sin embargo, nosotros no tenemos capacidad para orientarles directamente sobre este tema y les aconsejamos que tramiten sus alegaciones a través de un abogado particular o del gestor de su comunidad de propietarios", indicó Ekstrand, quien compartió mesa de trabajo el pasado miércoles con representantes de Italia, Reino unido, Alemania, Finlandia, Islandia y Marruecos, entre otros.
Por su parte, el alcalde Marco Aurelio Pérez, en aras de trasladar a los representantes un mensaje de tranquilidad, reiteró que el Ayuntamiento carece de competencias para intervenir en la normativa, ya que está sujeta a leyes autonómicas y varios planes del Cabildo.
La limitación al uso residencial en el Sur no solo mantiene en jaque a la población extranjera permanente, sino a inversores que barajan adquirir una propiedad.
