La denominación de la asociación que preside, Plataforma de Afectados por la Ley Turística, ya adelanta la raíz del conflicto que trae de cabeza a miles de propietarios de apartamentos en el Sur. ¿Presentaron alegaciones algunos de los asociados de este nuevo colectivo a la Ley cuando se aprobó inicialmente en 2013?
Sí, tengo constancia de que algunos propietarios presentaron alegaciones durante el período de exposición pública de esta ley autonómica porque vieron venir el problema desde lejos. A mi, como a muchos otros, les cogió por sorpresa en junio de este año, cuando comenzó a tramitarse el nuevo plan urbanístico de San Bartolomé de Tirajana. Y, la verdad, es que la mandíbula se me cayó literalmente al suelo cuando me di cuenta de que las autoridades estaban decidiendo sin consultarme echarme de mi casa.
Sin embargo, lo que limita la normativa es la gestión del uso de la propiedad y no la titula- ridad.
Sí, y ahí está la artimaña legal. La normativa en un principio solo limita el uso de la propiedad, es verdad, pero con el paso del tiempo acaba por arrebatarle de las manos a los propietarios la titularidad de ese inmueble. Y explico el proceso: si prospera esta norma, el propietario está obligado a ceder su propiedad a la explotación turística del complejo. En caso de que sea necesario realizar obras de mejora del apartamento en aras de adecuarse a la explotación y el propietario se niega o no pueda correr con esos gastos, la inspección del Gobierno de Canarias abre el denominado procedimiento de sustitución, mediante el cual otra entidad sufraga el importe. Posteriormente esa misma entidad reclamará el coste al propietario y, en caso de que éste no pueda asumirlo, el pago se saldará con la titularidad del apartamento.
El documento que ha elaborado Gesplan señala que San Bartolomé de Tirajana ha perdido cerca de 22.000 camas turísticas en los últimos años. ¿Cree que el gobierno intenta recuperar esas plazas a través de la restricción al uso residencial en el Sur?
Es imposible que se pretenda recuperar esas camas turísticas con un intento de control de plazas que ya se están usando. Si estuviéramos hablando de apartamentos cerrados, que no tienen actividad, sería otra cosa; pero es que se trata de inmuebles donde vive gente de forma permanente, como yo desde hace cinco años, con inquilinos que los disfrutan por largas temporadas o propietarios durante los fines de semana. Y es más, tanto el residente como el extranjero que pasa el invierno en el Sur, consumen más de la estructura turística exterior que un cliente de un hotel de todo incluido. ¿O es que un turista de todo incluido sale a comer a restaurantes o compra en el supermercado? De la riqueza que genera este tipo de visitantes solo se benefician unos pocos.
Sin embargo, uno de los grandes males que amenaza al sector es el alquiler ilegal turístico.
Sí, pero lo que no puede ser es que paguen justos por pecadores. La solución para resolver este problema no reside en meter a todos los propietarios en el mismo saco y prohibirles el uso de sus viviendas, sino que el gobierno fortalezca las labores de inspección y de control en los apartamentos con el fin de sancionar a aquellos que están cometiendo una infracción.
¿Qué tipo de modelo turístico defiende la asociación?
Un modelo en el que convivan, como lo han hecho hasta ahora de forma pacífica, residentes y turistas. Es decir, un modelo de uso mixto. Los residentes claro que entendemos que hay que proteger la industria turística y por eso algunos han invertido fortunas en renovar su complejo. Pero no creo que haya un único modelo para gestionar el sector y, desde luego, no creo que seamos los residentes la causa de todos los males del turismo. Ésa es la cuestión. Hay que buscar alternativas en consonancia con la historia y la cultura canaria. No olvidemos que fueron las familias canarias los primeros pequeños inversores que apostaron por el Sur y, además, fueron los mismos que levantaron los complejos cuando los turoperadores se marcharon al norte de África en busca de negocio, cuando esa zona no estaba en guerra como ahora.
¿Considera que la ordenación del territorio turístico que ahora mismo se encuentra en exposición pública beneficiará a la población en su conjunto?
El interés general no pasa por dejar el sector turísticos de las islas en manos de unos pocos. Al fin y al cabo, esto se trata de quitar a unos para poner a otros. La nueva normativa propone dejar los complejos de apartamentos en manos de una única empresa explotadora y no creo que esto beneficie a la población en su conjunto. De hecho, ya he empezado a ver que algunos turoperadores anuncian la prestación de servicios, como el alquiler de larga temporada, que antes no vendían.
Entonces, considera que tras esta normativa se esconden interés económicos.
Evidentemente, se trata de una radiografía irreal del municipio en la que priman unas necesidades determinadas de unos pocos y que se intentan imponer al resto del sector en términos imperativos. Habrá que ver a qué criterios responde ese llamado interés general y qué precio tenemos que pagar algunos por él.
La agenda de las diferentes instituciones que intervienen en la legislación del territorio contempla reuniones para buscar soluciones a este conflicto. ¿Cree que este proceso debería incluir la voz de los afectados?
Por supuesto, nosotros estamos dispuestos a dialogar con las diferentes instituciones. Desde el respeto y el entendimiento. Y nos dirigiremos a ellas para pedirles que nos escuchen. Hasta ahora a nivel municipal nuestro esfuerzo no ha obtenido resultados, ya que el Ayuntamiento ha delegado en Gesplan mediante un convenio la competencia urbanística. Pero esperamos entablar un vínculo de comunicación con la Administración en los próximos meses.
Ya ha dejado claro que su colectivo no se identifica con la denominada Plataforma Técnica para la Defensa de la Propiedad Privada en Maspalomas. Pero ¿a quién representa esta entidad entonces?
No lo sabemos. Nadie de esta plataforma se ha puesto en contacto con nosotros, de manera que las propuestas de este colectivo no gozan de legitimación. En el caso de que los objetivos fueran los mismos a los nuestros, bienvenidos sean los miembros de esta segunda plataforma. Cuantos más seamos, mejor.
¿El ámbito de actuación de la asociación se limita solo a San Bartolomé de Tirajana o se extiende también a otros mu-nicipios?
Los estatutos de la asociación son de ámbito autonómico, ya que la ley es regional y se aplicará en todos los municipios turísticos de Canarias. De hecho, entre nuestros asociados hay propietarios de apartamentos del municipio de Mogán que al estar viéndole las orejas al lobo, quieren recibir asesoramiento. En un futuro se podría incluso plantear crear una segunda sede en Tenerife para dar cobertura a la otra provincia.
¿Cuáles son los objetivos que persigue la plataforma?
Nuestro principal objetivo es paralizar la aprobación del plan urbanístico de San Bartolomé de Tirajana. No podemos consentir que echen a los residentes de su casa. Y, en segundo lugar, se cuestionará el modelo turístico para Canarias y la modificación de la Ley de Renovación Turística.
¿Hasta dónde están dispuestos a llegar?
Sabemos que nos enfrentamos a verdaderos dinosaurios con mucho poder, sobre todo económico, pero estamos dispuestos a llegar hasta el final. A Madrid si hace falta o Estrasburgo, con tal de defender el uso libre de la propiedad privada y un modelo sostenible.
