Expertos en ordenación urbanística, defendieron ayer la participación ciudadana como la principal fórmula para que se pueda poner en marcha el Plan General de Ordenación Urbana de San Bartolomé de Tirajana sin tener "sofocos". "Este Plan está tocado y nace con un importante nivel de debilidad porque su redacción no ha sido la adecuada, y por eso, es urgente que todos opinemos, y se aproveche esta indignación para que las comunidades de propietarios se organicen , pero también pueda renovar" enfatizó ayer Jesús Álvarez García, arquitecto y profesor de la ULPGC, que fue el primero en intervenir anoche en un debate que tuvo lugar ayer en el Club LA PROVINCIA, en el que se abordó la alarma social que se ha suscitado en Gran Canaria ante el hecho de que turistas y residentes no puedan convivir en el mismo complejo de apartamentos del Sur.
Ante una sala abarrotada de público, arquitectos y juristas de la talla de Carmelo Padrón, Vicente Boissier, Jesús Álvarez, David Sánchez Lanuza y Juan José Santana coincidieron en su intervención en la necesidad de "desdramatizar" el conflicto, y tras lanzar un mensaje de tranquilidad a todos aquellos que tienen apartamentos en la zona turística , defendieron la importancia que tiene el Plan General de San Bartolomé de Tirajana, que no se actualizaba desde 1996, porque el Sur es el motor de la economía de la Isla y no se puede deteriorar la oferta turística.
En una exposición que estuvo moderada por Javier Durán, director del Club LA PROVINCIA, y que tenía por título 'Lo residencial en el suelo turístico y lo turístico en el suelo residencial', los ponentes aclararon que no es el planeamiento de San Bartolomé de Tirajana el que genera la polémica puesto que la Ley de Ordenación del Turismo de 1995, la Ley de Directrices de 2003, la Ley de Renovación Turística de 2013, y el Plan de Modernización de este municipio ya lo habían anunciado, aunque es ahora cuando muchos le han visto de verdad las orejas al lobo al establecer este planeamiento la especialización turística para toda la zona de costa. Además, se refirieron al decreto de casa vacacionales del Gobierno canario y cuestionaron por qué no permite este uso en zonas turísticas como si se permite en Baleares.
Recordó Jesús Álvarez que hace 50 años cuando comenzó el turismo en el Sur se decidió que era un territorio mixto para apartamentos y hoteles, y planteó dado que es una realidad que hay zonas que se han deteriorado y se han residencializado, lo que toca es decidir cuál es la frontera entre lo turístico y lo residencial, y definir el modelo de ciudad y del tejido turístico para poner soluciones.
Precisamente planteó Vicente Boissier Domínguez, arquitecto, presidente del Colegio de Arquitectos de Gran Canaria, la conveniencia de que el Plan General "es una herramienta abierta" y permita que se aborden la situación de cada complejo de apartamentos puesto si bien es difícil que la solución sea buena para todos siempre hay que analizar cada caso. Tras dejar claro que la normativa turística lo que persigue es evitar el deterioro de la oferta alojativa, el decano de los arquitectos aprovechó para denunciar la inseguridad jurídica que existe en Canarias porque en materia de territorio, desde hace años, se aprueban unas leyes sobre otras y "al final tenemos las manos atadas".
Para David Sánchez Lanuza, abogado del despacho Aguilar & Astorga, el Plan General de San Bartolomé de Tirajana "está tocado y sin sentido", y s i bien reconoce que hay que recuperar terreno al turismo en el Sur, precisa que lo que no pueden hacer los redactores, en este caso la empresa pública Gesplan, es olvidar la realidad. También hizo una llamada a la tranquilidad a los propietarios de apartamentos, aunque al mismo tiempo destacó que si hay "contestación social" al planeamiento hay que defender la legitimidad y el consenso. "Los propietarios no se pueden volver locos ni la administración puede volver loca a los propietarios", recalcó este abogado, y se refirió a como la administración ha otorgado licencias residenciales en suelo turístico y ahora quiere hacer lo contrario. O como no ha hecho un seguimiento para que se cumpliera el principio de unidad de explotación en los apartamentos y por eso se ha llegado a la situación actual en la que muchos establecimientos se han convertido en la residencia de trabajadores o en la segunda vivienda de los residentes o extranjeros.
"Esto no es un conflicto nuevo puesto que ya la Ley de Ordenación del Turismo apostó por la especialización", destacó Juan José Santana, abogado, representante de la Asociación Canaria de Derecho Urbanístico. A juicio de este abogado, la citada ley del 95, y las que han aprobado después "no son tan drásticas" porque lo que permiten es poner en marcha mecanismos para poner en valor esos suelos que valen para el turismo". En este sentido, apuntó que el objetivo del planeamiento no es que se aplique de forma inmediata la separación entre lo turístico y residencial sino facilitar los instrumentos para recuperar suelo cuando se genera la inversión.
Fue Carmelo Padrón Díaz, arquitecto-abogado-profesor de la ULPGC, y representante de la Asociación de Abogados por el Cambio de Canarias el que cerró el turno de debate de esta mesa técnica, a la que seguirá en próximos días una mesa política, según anunció. Padrón lanzó comentarios en busca de respuesta de sus compañeros. Así comentó como da la impresión que esta polémica, al igual que en el pasado mandato político fue la disputa en favor de los hoteles de cuatro estrellas, solo afecta en Gran Canaria. También se refirió a que el Gobierno canario siempre habla de cifras de entradas de turistas y nunca de los ingresos que generan esos visitantes, y sobre todo preguntó a que se debe la elevada oferta extrahotelera de Gran Canaria. Ante esta cuestión, Jesús Álvarez explicó que el motivo no es otro que al no haber tejido empresarial se parceló la oferta y se hicieron apartamentos.
Por otro lado, Carmelo Padrón recalcó que el Plan General de San Bartolomé de Tirajana no pone reparos al paso del uso turístico al residencial y viceversa, y tras señalar que la Administración tiene que facilitar los mecanismos para que este tránsito se pueda lleva a cabo, insistió en que debe primar el derecho transitorio.
