La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, María Teresa Lorenzo, dejó ayer durante su intervención en el pleno del Parlamento la puerta abierta a un cambio legislativo en aras de buscar una solución al conflicto de los residentes en zona turística. Lorenzo aboga por "conseguir conjugar los legítimos derechos de los propietarios sin menoscabo de la mejora de la competitividad de la oferta turística".
La consejería de Turismo del Ejecutivo anunció ayer que está dispuesta a revisar la nueva Ley de Modernización Turística, "si así decidiesen las administraciones implicadas en la ordenación de municipios turísticos. "Estamos dispuestos a llevar a cabo una modificación que atienda a la realidad existente de aquellas personas que residen" en la costa de San Bartolomé de Tirajana y "al interés general de Canarias, como destino turístico competitivo, sostenible y de calidad", señaló Lorenzo.
La primera tarea que contempla la hoja de ruta que ha trazado su equipo de trabajo para resolver el conflicto es realizar un estudio en "profundidad" sobre la residencialización de las zonas turísticas. "Urge tener un diagnóstico riguroso del estado actual de esta situación, con datos territorializados por núcleos turísticos que permitan conocer su alcance real", aseguró la consejera, tras defender el diálogo y el consenso entre instituciones como vía de solución a esta problemática.
"Nada es inamovible y estamos dispuestos a reflexionar sobre el marco normativo actual así como abrir el debate del modelo turístico que queremos para Canarias, escuchando a todas las partes", anunció bajo la atenta mirada de unos representantes en la oposición que exigieron una alternativa a un plan "que se ha hecho de espaldas a los ciudadanos".
Lorenzo, además, recordó que "este problema no se resuelve tan sólo con marcos legales o instrumentos técnicos, sino que tiene un papel protagonista la necesidad de desarrollar la conciencia ciudadana en cuanto al deber de conservación de la principal actividad económica de Canarias". "Estamos dispuestos a buscar una solución, pero sin renunciar a la mejorar de la competitividad de la industria turística", destacó la consejera.
Durante la sesión plenaria, además, se aprobó la suspensión de la aplicación del decreto de viviendas vacacionales. Turismo deberá ahora revisar la norma que aprobó el Gobierno anterior días antes de las elecciones.
