La Audiencia Nacional (AN) ha ratificado las imputaciones que la juez Mercedes Alaya cursó contra tres ex altos cargos de Canarias relacionados con la "organización criminal" Fitonovo SL, una empresa sevillana que "se nutría de facturación falsa" para "financiar el pago de sobornos a funcionarios públicos". Sus responsables usaron ese sistema en siete comunidades autónomas para lograr contratos con las administraciones, según el auto dictado el pasado 8 de septiembre por el magistrado José de La Mata Amaya.
Los encausados por la ramificación en las Islas de ese trama nacional son Sergio Machín, exconsejero de Obras Públicas del Cabildo de Lanzarote, también portavoz de Coalición Canaria (CC) en esa etapa; José María Maya Cáceres, exjefe de Carreteras del Gobierno canario, y Ulises Pérez González, funcionario y excoordinador de Obras Públicas en el Cabildo de Gran Canaria. Están imputados por el supuesto cobro de comisiones a través del delegado de Fitonovo en el Archipiélago, Adolfo de la Torre, a quien se le atribuyen los delitos de cohecho, prevaricación, asociación ilícita y falsedad en documentos públicos.
El auto del Juzgado Central de Instrucción número 5 de Madrid, que se declara competente para asumir la investigación por la "repercusión o quebranto" para "la economía nacional", describe en 60 páginas como creó Fitonovo una "infraestructura operativa y contable destinada a obtener contratos públicos irregulares", siempre mediante una caja B que funcionaba con dinero procedente de las facturas amañadas de proveedores en Andalucía, Extremadura, Aragón, Comunidad Valenciana, Cataluña, Madrid y Canarias.
Hasta 13 delitos
En total hay 96 imputados, la mitad funcionarios públicos y la otra mitad representantes de distintas mercantiles involucradas en la trama, por los delitos de cohecho, fraude y exacciones fiscales, corrupción entre particulares, asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública, fraude a la Seguridad Social, prevaricación, malversación, maquinación para alterar el precio de las cosas, tráfico de influencias y falsedades documentales. La UCO de la Guardia Civil calcula que se han pagado 4,3 millones en dádivas entre 1995 y 2013, aunque falta por cuantificar el volumen de la contratación pública afectada y los perjuicios causados a las administraciones, pues se concertaban precios a la baja en concurrencia ficticia, al alza para inflar facturas, o se abonaban trabajos no ejecutados, entre otros comportamientos presuntamente delictivos.
Así, en el Cabildo de Lanzarote, el apoderado de Fitonovo en Canarias, De la Torre, pagó a Machín dos comisiones de 6.000 y de 18.000 euros, respectivamente. La primera, el 25 de octubre de 2004, está vinculada a un contrato de jardinería y limpieza de zonas verdes y carreteras por importe de 175.150 euros, y la segunda, el 9 de diciembre de 2005, con otro contrato para prestar el mismo servicio por 236.880 euros. Ambos sobornos, según la Audiencia, están acreditados en la contabilidad B de la empresa por los cheques y los recibos que firmó el apoderado. La Guardia Civil, además, intervino un correo en el que el consejero Machín exige a la compañía el pago de "un impuesto revolucionario" por la adjudicación de esos concursos. La facturación entre 2004 y 2006 con el Cabildo de Lanzarote fue de 693.763 euros.
De la Torre también intervino en el pago de comisiones al ingeniero del Cabildo de Gran Canaria Ulises Pérez González por facilitar la adjudicación y ejecución de contratos públicos. Así, el 30 de marzo de 2005 recibió 5.058 euros por la reparación de un muro en la carretera GC-851, unos trabajos que se cobraron pese a estar hechos con anterioridad, subraya el auto judicial. Luego, entre noviembre de 2005 y enero de 2006, las empresas de conservación Api, Elsamex y Fitonovo le entregaron 15.968 euros para tres viajes que serían reembolsados a los compañías mediante certificaciones de obras. Hay correos y recibos en la caja B que demuestran esa manera de actuar, según la resolución que admite la competencia de la Audiencia para instruir la causa contra esta supuesta red de sobornos con tentáculos por todo el territorio nacional.
La tercera pata de la trama que afecta a Canarias está relacionado con José María Maya, ex jefe de Carreteras del Gobierno regional. Este alto cargo, según los informes de la Guardia Civil, recibió 57.024 euros por los contratos públicos suscritos entre 2003 y 2011. El pago más importante fue de 53.000 euros y se efectuó el 12 de diciembre de 2004. Así consta en la documentación intervenida en la caja B de Fitonovo SL y en un recibo firmado por el apoderado de la compañía en Canarias.
La Audiencia asume el caso por "la grave repercusión a la seguridad del tráfico mercantil y la economía nacional", un perjuicio patrimonial que afecta a varios territorios e instituciones locales, insulares, autonómicas y estatales, entre ellas Adif, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias que depende del Ministerio de Fomento.
