Los 60 días en los que el nuevo plan urbanístico de San Bartolomé de Tirajana ha estado sometido a exposición pública culminaron ayer con un total de 6.435 alegaciones, que suponen una media de 107 reclamaciones por jornada. Durante este tiempo se ha fraguado una asociación de afectados por la nueva restricción al uso residencial en zona turística, que celebra su primera asamblea informativa de carácter general el próximo miércoles 7 de octubre en San Fernando.
Durante los dos últimos meses varias han sido las reuniones que los propietarios de apartamentos han celebrado a nivel privado en San Bartolomé de Tirajana para poner freno a una nueva normativa que limita el uso residencial en la costa. Sin embargo, su rechazo a la iniciativa, canalizado ya sea a través de alegaciones al nuevo plan o por denuncias en los medios de comunicación, aún no ha recibido respuesta de ninguna institución con competencia en la materia.
Según el presidente de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística, Blas Padrón, la segregación de los residentes en las zonas turísticas no es un problema "que acaba con el plazo de exposición pública del nuevo plan". Sino que es a partir de ahora "cuando realmente comienza" la batalla.
"No vale con que paralicen el decreto de la Ley Turística, también se tiene que anular la normativa del plan municipal que prohíbe la residencia. De lo contrario se caerá en una grave incongruencia porque el problema permanecerá igual", explicó el portavoz.
Ante la falta de convocatoria institucional con los afectados para buscar una solución conjunta al conflicto, la asociación lucha para que sus reivindicaciones no se queden en una "anécdota". El próximo miércoles 7 de octubre, a las 19.00 horas, el colectivo organiza una asamblea informativa, la primera con carácter público, en San Fernando de Maspalomas. Por ahora el consistorio les ha garantizado la casa de la cultura para celebrar la reunión, pero las previsiones de asistencia, cerca de 1.000 participantes, superan el aforo de este espacio municipal. Es por ello por lo que la plataforma ha solicitado a la administración local autorización para desarrollar la asamblea en el auditorio aledaño a la iglesia de San Fernando.
"Si en las anteriores reuniones que realizamos en los apartamentos Aloe de Playa del Inglés la asistencia fue superior a 400 personas, ahora que se trata de una asamblea informativa con carácter general la afluencia de público seguramente será mucho mayor", adelantó Padrón.
El objetivo que persigue esta asamblea multitudinaria consiste, por una parte, en informar a los afectados de la estrategia que va a seguir de ahora en adelante la junta directiva y, por otra, consolidar el número de afiliados.
La adhesión a la plataforma no responde a un criterio arbitrario, ya que cualquier persona que decida unirse a la asociación ha de pagar una cuota simbólica de cinco euros, que posteriormente se utilizará como fondo común para emprender acciones. Ya sean en Madrid o Estrasburgo.
Para el próximo mes de noviembre, "si el Gobierno de Canarias no recula" en su decisión de aplicar la nueva normativa, la plataforma contempla en su calendario una segunda asamblea al aire libre con carácter ya más reivindicativo.
Las 6.435 alegaciones con las que se ha saldado finalmente el plazo de exposición pública del planeamiento urbanístico no representan, según Padrón, la totalidad de las personas afectadas por dicho documento. El alcance de la restricción a la residencia afecta, tal y como anunció el colectivo hace unas semanas, a más de 40.000 personas.
Sin embargo, esta cifra no coincide con el número de reclamaciones presentadas en el Ayuntamiento. El desfase se debe, en buena parte, "por haber transcurrido el plazo de alegaciones" en los meses de verano en los que "miles de propietarios extranjeros se encuentran disfrutando aún del buen clima en sus países de origen". "Ahora que comienza la temporada y están llegando a las Islas, se van a echar las manos a la cabeza al ver que ya no pueden oponerse a lo que nos viene encima", lamenta Blas. El colectivo aún espera respuesta a la solicitud, que presentó el pasado lunes en el Ayuntamiento, para ampliar el plazo de exposición pública del plan.
Durante el día de hoy, los funcionarios municipales se encargarán de enviar al Gobierno de Canarias, ya digitalizadas, las más de 6.000 alegaciones recibidas. A este aluvión de reclamaciones hay que sumarle las que los ciudadanos han presentado en el Cabildo y Ejecutivo. No obstante, el cómputo total no aumentará de manera significativa, ya que la institución insular solo había registrado el pasado martes cuatro reclamaciones.
