Ángel Víctor Torres, consejero de Obras Públicas, Infraestructuras y Deportes del Cabildo de Gran Canaria, calificó ayer de "sorprendente" que las constructoras, que han presentado el recurso ante el Juzgado de lo Contencioso para que se suspenda la adjudicación del convenio de mantenimiento de toda la autopista del Sur, no hayan dirigido primero la denuncia a la administración, que ha fallado, que es la corporación insular. Torres, que aseguró que no tenía constancia de la denuncia presentada en los tribunales el pasado 1 de octubre, insistió en que "lo normal es dirigirse al órgano que ha resuelto el concurso, y en caso de que se desestime ir a los juzgados".
En este sentido, enfatizó que "no se trata de una práctica normal".
Según dijo ahora, una vez que el juzgado notifique al Cabildo la demanda de estas constructoras, y se vea que han pedido medidas cautelares, deberán paralizar la adjudicación del contrato a Pérez Moreno. No obstante, al no tener notificación alguna todavía la corporación podría suscribir en este intervalo el contrato por importe de 23,3 millones de euros con esta constructora, que fue la que obtuvo la mejor valoración.
El consejero comentó que debido a la crisis económica, y que ha sufrido de lleno el sector de la construcción, se ha convertido en algo habitual que cualquier adjudicación de una obra pública sea recurrida. A este respecto, precisó que no solo está ocurriendo en el Cabildo de Gran Canaria sino en cualquier administración. "Los datos demuestran que en los últimos años las empresas que no ganan un concurso público presentan más recursos que antes", sentenció.
Torres apuntó que también el concurso de alumbrado de la corporación insular fue recurrido una vez que lo resolvió el Consejo de Gobierno, lo que a su juicio pone de relieve que no se debe a que el proceso en si presentara alguna anomalía, si no a que las empresas intentan hacerse como sea con la adjudicación.
Contrato atractivo
Destacó el consejero que, en el caso del contrato de mantenimiento de la autopista del Sur, se trata de un contrato muy atractivo, puesto que son 23,3 millones de euros, y la adjudicación es para cuatro años y eso puede justificar los recursos, si bien, recalcó que siempre primero ante el Cabildo y luego en los juzgados. Además, Torres añadió que la convocatoria de las carreteras de Alta Capacidad, ha generado polémica desde un primer momento. Recordó que de entrada, un anónimo cuestionó en la etapa de su antecesor en Obras Públicas, Carlos Sánchez, los pliegos de condiciones del concurso, y para meses después, una vez que se cambian se comprueba que había un error de formato, que se subsanó.
Este retraso ha hecho que el nuevo gobierno del Cabildo haya tenido que hacerse cargo de la conservación de la red de carreteras, pues la normativa impide prorrogar los actuales contratos. Las empresas concesionarias siguen realizando el mantenimiento, pero sin ningún tipo de convenio que lo ampare, por lo que las facturas tienen el reparo del servicio de Intervención de la corporación.
