Ocho años después de la catástrofe forestal, el juicio por el incendio que arrasó en 2007 la cumbre y medianías de Gran Canaria tiene fecha de inicio. La Sección Sexta de la Audiencia de Las Palmas ha reservado los meses de noviembre de 2016 a mayo de 2017 para su celebración, aunque el magistrado designado para presidir el tribunal popular, Salvador Alba, ha planteado al Cabildo y al Gobierno regional que se pongan de acuerdo para indemnizar a los afectados, con la finalidad de ahorrar a la Administración de Justicia los costes de esos seis meses de juicio.
El magistrado celebró ayer una vista con las 21 partes personadas en el pleito y planteó esa posibilidad por dos motivos: el único acusado, Juan Antonio Navarro Armas, ha reconocido desde el principio la autoría del incendio, y la responsabilidad civil por los daños causados no es responsabilidad directa del jurado popular, sino del juez que finalmente dicte la sentencia respecto a los hechos que se declaren probados.
Por tanto, si se llega a una conformidad con la defensa sobre la pena de cárcel y las administraciones no se ponen de acuerdo en las indemnizaciones, el magistrado se verá obligado a celebrar esos seis meses de juicio para escuchar a todos los afectados, a pesar de que los miembros del jurado no se pronunciarán sobre ese punto en el veredicto. De ahí el interés del juez y de la Fiscalía en llegar a un acuerdo, sobre todo ahora que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ha excluido el delito de incendio forestal del sistema del jurado popular, precisamente para evitar retrasos y disfunciones como las ocurridas en este proceso.
El acuerdo, sin embargo, parece difícil. La Fiscalía de Medio Ambiente, que solicita 16 años de cárcel para Juan Antonio Navarro, exige 17 millones como responsables civiles subsidiarios al Cabildo, a la empresa Gesplan, que depende del Gobierno canario, y a sus aseguradoras. Pero, a su vez, el Cabildo y la Comunidad Autónoma se reclaman indemnizaciones similares, con la salvedad de que la institución insular ejerce la acusación particular y el Ejecutivo no.
El fuego cruzado entre administraciones obedece a que el acusado trabajaba desde 2001 como guarda forestal para Gesplan, y, en 2007, el Cabildo contrató a esa empresa para la prevención y extinción de los incendios. Navarro le prendió fuego al monte con unas cerillas para que le renovaran el contrato. Quemó 19.291 hectáreas de nueve municipios y hubo que evacuar a más de 4.500 personas.
