Cerca de un millar de afectados por la normativa del Gobierno de Canarias, que restringe la residencia en zonas turísticas, reivindicaron ayer en Maspalomas el derecho al libre uso de la vivienda privada. La asociación, que nació durante el periodo de exposición pública del nuevo plan urbanístico de San Bartolomé de Tirajana, anuncia que recurrirá a la vía judicial si las autoridades no encuentran una solución al conflicto. La junta directiva de la entidad alerta que los acuerdos derivados de los planes de modernización también pueden atentar contra el uso residencial de la propiedad.
Los afectados por la Ley Turística de Canarias están a favor de la rehabilitación de aquellos complejos de apartamentos que hayan quedado obsoletos en el Sur por el paso del tiempo. Lo que no quieren es que ningún operador turístico gestione su propiedad sin su consentimiento. Una cuestión que "debe quedar plasmada en los acuerdos" alcanzados entre titulares y promotores que vayan a renovar edificios en la zona turística al amparo de los denominados planes para la Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de San Bartolomé de Tirajana. Según advierte la plataforma, este tipo de instrumentos urbanísticos puede vulnerar el derecho al uso de la propiedad en beneficio exclusivo de la explotación turística.
A pesar de que San Bartolomé de Tirajana culminó la semana pasada el plazo de exposición pública del nuevo planeamiento con más de 6.000 alegaciones, los afectados por dicha normativa tienen claro que la lucha por la defensa de sus derechos acaba de comenzar.
En su estrategia la entidad estudia extender su ámbito de actuación a otros municipios turísticos, como Mogán o Arona, cuyos planes urbanísticos estarán también sometidos a esta Ley de rango autonómico. De ahí el debate social que ha suscitado el plan de San Bartolomé, ya que las determinaciones que se apliquen en el Sur de Gran Canaria tendrán también vigencia en el resto de la Comunidad Autónoma.
Por el momento, la plataforma espera que las distintas administraciones con competencia en la materia solucionen un problema que afecta a más de 40.000 pequeños inversores en San Bartolomé de Tirajana. De no levantarse el veto a la residencia, la plataforma no descarta iniciar los trámites correspondientes para presentar demandas en los juzgados. La junta directiva ha comenzado ya a recopilar la documentación necesaria, por complejo de apartamentos, para emprender un camino que a priori no vislumbra un final cercano.
