El Cabildo de Gran Canaria abrió ayer sus puertas a los afectados por enfermedades mentales y éstos aprovecharon la ocasión para denunciar la discriminación social y laboral que sufren los 40.000 canarios que padecen algún tipo de trastorno psíquico, de los que la mitad no recibe ningún tipo de atención por parte de las administraciones públicas. Pacientes, familiares y representantes institucionales se convirtieron durante una hora en consejeros del Pleno de la corporación insular y exigieron acabar con los prejuicios y la estigmatización de los problemas de salud mental, pues la vergüenza y el sentimiento de culpa que sobrellevan las personas afectadas son peores que la propia enfermedad.
"No necesitamos compasión, sino que se respeten los derechos ciudadanos y que tengamos igualdad de oportunidades", resumió el presidente de la Asociación de Familias para el Apoyo de Personas con Enfermedad Mental (Afaes) de Gran Canaria, Andrés Mendoza, quien se encargó de leer el manifiesto por el Día de la Salud Mental, que se celebra mañana sábado en todo el mundo.
En el Pleno extraordinario, dirigido por el presidente Antonio Morales como si se tratara de una sesión política habitual, intervinieron cuatro afectados por estos trastornos, Mario Ruiz, Rafael Rodríguez, Carmelo González y Tomás Cabrera, que aseguraron que el tratamiento de estas enfermedades se ha deteriorado en los últimos años por los recortes.
"La situación es grave por la escasez de nuevas plazas y la falta de recursos económicos, lo que ha hecho aumentar las listas de espera para tratamiento sanitario y atención domiciliaria", explicó Mario Ruiz desde el sillón que corresponde al vicepresidente primero del Cabildo. Rafael Rodríguez solicitó que los recursos públicos de salud mental se adecúen a los problemas de los enfermos y de sus familiares, no al revés como ocurre ahora, lo que ha hecho que muchos pacientes dejen de utilizarlos.
Carmelo González pidió que los afectados puedan acudir directamente a la atención sanitaria, no entrar en listas de espera o aguardar a que lo decida un facultativo. Tomás Cabrera, recordó que unos 300.000 canarios sufren algún tipo de trastorno mental a lo largo de su vida y que unos 40.000 isleños necesitan actualmente el respaldo de las instituciones públicas para el tratamientos y reinserción social.
Familiares
Por parte de los especialistas y familiares, Deborah Sosa, trabajadora de Afaes, resaltó la importancia de atender este tipo de enfermedades "desde el primer minuto, desde que se observen los primeros episodios".
El vicedecano del Colegio de Economistas, Emilio Regidor, el director de la Escuela de Negocios MBA, Javier Betancor, y la directora de la Cadena Ser, María Ramos, abogaron por derribar las barreras que existen alrededor de los afectados y facilitar su reinserción a través de un puesto de trabajo, pues se trata de un problema de salud como otro cualquiera.
Tras las exposiciones de los consejeros se abrió un turno para el debate, en el que solo pidieron la palabra el concejal de Cohesión Social del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jacinto Ortega, y una señora del público, que no pudo intervenir. Ortega advirtió de que los recortes de los gobiernos central y autonómico obligarán a volver al antiguo modelo de los centros psiquiátricos o que las familias se hagan cargo de toda la atención a los enfermos.
Al acabar el Pleno, Andrés Mendoza agradeció la iniciativa del presidente del Cabildo y criticó que los enfermos mentales y sus familiares han estado "abandonados" en los últimos años. "Ahora estamos en el buen camino con el Cabildo y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y creo que con el Gobierno de Canarias podemos iniciar una nueva etapa, porque desde el año 2008 no se ha hecho nada", recalcó.
Los políticos del Gobierno y del Cabildo, según el presidente de Afaes, "solo trabajaban en el marco de la autocomplacencia, de quien bien lo hacemos y que cómodos estamos todos, mientras que las familias y las personas afectadas por un trastorno mental estábamos en un encefalograma plano, parados, sin recibir la atención y los apoyos que necesitamos".
Mendoza afirmó que "todos" los enfermos mentales se pueden integrar si reciben el correspondiente apoyo social y laboral, por lo que abogó por desiquiatrizar el ámbito de la salud mental y dotarlo de más centros y personal. "Pero antes que nada hay que organizar mejor lo que tenemos, lo que hemos conseguido en la lucha de estos últimos 20 años", apuntó.
Los últimos datos oficiales, según el presidente de Afaes, confirman que 40.000 personas, un 3% de la población adulta, sufren en Canarias un trastorno mental y la mitad está sin atender. "Hay personas que están aisladas en sus casas o atendidas de forma inadecuada porque se han desvinculado de los dispositivos de atención porque entienden que son ellos los que están al servicio de esos dispositivos", insistió Mendoza, quien concluyó que el acto de ayer en el Cabildo "es la máxima expresión de la visibilidad de un colectivo que está estigmatizado socialmente y que sufre más por eso que por la propia enfermedad".
