La Asociación de Empresarios de Bungalós y Apartamentos Turísticos (Aebat), que preside Luis Bravo de Laguna, ha advertido a la comunidad de propietarios del centro comercial de Puerto Rico que acudirá a los juzgados a finales de este mes de octubre para denunciar el ruido que emiten los bares del establecimiento. Sin embargo, ante las quejas de la patronal los comuneros no logran alcanzar un acuerdo para reducir su nivel de contaminación acústica a 80 decibelios que es lo que permite la Ley.
El pasado mes de septiembre la Aebat se sentó a negociar con los propietarios de bares y pubs del centro comercial de Puerto Rico con el objetivo que redujeran el nivel de decibelios que emiten sus altavoces, principalmente pasada la medianoche. El encuentro se produjo semanas después de que los turoperadores de la zona trasladaran a la asociación las quejas de sus clientes por el bullicio que generan los locales de ocio.
"Este tipo de incidencias pueden generar pérdidas de más de 2.000 euros al mes a las empresas que explotan los complejos, por lo que necesitamos erradicar el problema lo antes posible", explicó Bravo de Laguna, tras comunicarle al administrador del establecimiento turístico que presentará una demanda en el juzgado correspondiente si el problema persiste.
Por el momento, el colectivo ha procedido a la instalación de sonómetros-instrumentos que miden los niveles de decibelios- en los edificios alojativos para elaborar un informe pericial sobre los ruidos en la zona. Una vez obtenga la información pertinente, podrá argumentar con este escrito su alegación judicial.
Por su parte, el administrador de la I fase de la comunidad de propietarios del centro comercial de Puerto Rico, Ubaldo Marrero, aseguró que el colectivo que representa carece de "incidencia directa" sobre aquellas acciones que realice un particular dentro de su propiedad privada. "Somos conscientes del problema de ruido que generan los pubs, pero la misión de la comunidad es mantener limpio el centro comercial y vigilar otro tipo de medidas, como las de seguridad, que no interfieren con la actividad que realizan los comuneros de forma individual. Para eso está el Ayuntamiento, que tiene competencias para sancionar e inspeccionar a través de la Policía Local", matizó Marrero.
Los 40 bares que abren sus puertas dentro del edificio comercial a día de hoy sobrepasan en cerca de 20 decibelios el umbral de ruido establecido por Ley. Las últimas denuncias registradas por esta problemática en la zona datan de 2009, cuando los empresarios presentaron una batería de propuestas al consistorio para solucionar el conflicto y éste las rechazó.
