El Juzgado de lo Penal número 1 de Las Palmas de Gran Canaria ha dejado visto para sentencia un juicio contra Mari Pino Torres (NC) y David Delgado (PSOE) por desobedecer una sentencia que les obligaba a tomar medidas contra el ruido en los locales nocturnos de la Plaza de Maspalomas. Ambos, cuando ocurrió la supuesta desobediencia, entre 2009 y 2011, eran alcaldesa y concejal de Disciplina Urbanística en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. De ahí la acusación formulada por la Fiscalía de Las Palmas, que ha solicitado 15 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos y multas de 4.500 euros para Torres (seis meses a razón de 25 euros diarios) y de 5.250 para Delgado (30 días más de sanción).
Torres está retirada de la política y Delgado tampoco se presentó a las pasadas elecciones, sino que se incorporó a su plaza de funcionario en el departamento municipal de Cultura. En el mandato anterior, tras perder las elecciones, si ejercieron en la oposición como concejales de Nueva Canarias y del PSOE. Ambos negaron ayer la desobediencia que les atribuye el misterio público. La exalcaldesa rechazó que tuviera conocimiento de esa sentencia y su abogado, Ismael Rodríguez, aportó acuses de notificaciones y de burofax para acreditar que no fue enviada a la Alcaldía, sino a Disciplina Urbanística, un área dirigida entonces por los socialistas.
Delgado, en cambio, admitió que conocía el fallo judicial, pero subrayó que la resolución no explicaba las medidas a adoptar para corregir el exceso de ruido en la Plaza de Maspalomas, un problema denunciado de forma insistente por los responsables de los complejos turísticos en esa parte de Playa del Inglés.
El jaleo persiste
El exedil añadió que abrió varios expedientes tras recibir la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo y que se precintaron algunos locales. Las defensas se apoyaron en el testimonio de varios técnicos municipales para corroborar esa actuación. También en el de Ignacio Casteleiro, que sustituyó a Delgado en Disciplina Urbanística tras el cambio de mandato. Casteleiro adoptó entonces medidas cautelares para atajar el ruido en la Plaza de Maspalomas, pero reconoció que se trata de un problema de difícil solución por dos motivos: la zona la frecuentan 25.000 personas al año y existen entre 70 y 80 locales de ocio.
El denunciante, Christ Roland Alfons, ratificó que el jaleo nocturno persiste, aunque el Ayuntamiento, en 2013, con Marco Aurelio Pérez al frente, aprobó una ordenanza pionera para controlar la contaminación acústica, con la obligación de instalar limitadores de música y sanciones más duras, entre otras medidas.
Ninguno de esos argumentos hizo cambiar de opinión a la Fiscalía. El delegado de Medio Ambiente, Javier Ródenas, reprochó a los acusados que no desplegaran "una actividad mínima necesaria" para acatar la sentencia de forma efectiva, con acciones como la reducción de horarios, precintos o la instalación de limitadores acústicos.
La sentencia fue dictada el 31 de julio de 2009 y daba dos meses para adoptar "las medidas oportunas" tendentes a que los niveles sonoros de la Plaza de Maspalomas "desciendan a tolerables". Luego, ante el incumplimiento, el juez volvió a requerir al Ayuntamiento el 17 de febrero de 2010. El fiscal considera que Torres y Delgado "mantuvieron la voluntad de no cumplir" esa sentencia hasta el fin del mandato en junio de 2011.
