Las nueve empresas que han recurrido el concurso público para el mantenimiento de las carreteras de Gran Canaria fundamentan sus denuncias en un presunto trato de favor por parte de técnicos y políticos de la Consejería de Obras Públicas del Cabildo, por lo que piden que se anulen los contratos adjudicados durante el pasado verano y, como solución definitiva, que se eliminen los criterios subjetivos en la valoración de las ofertas que se presenten.
La puntuación de esos criterios subjetivos depende de los técnicos del área de Carreteras del Cabildo y las empresas denunciantes aseguran que han detectado "graves irregularidades", "incoherencias", "manipulaciones" y "contradicciones" para beneficiar a unas determinadas compañías en perjuicio de las demás. En resumen, un "claro trato de favor para teledirigir políticamente las adjudicaciones", según sostienen los denunciantes consultados por este periódico.
Esos criterios subjetivos suponen un total de 50 puntos, la mitad de la valoración que se concede a cada oferta. Puesto que en los criterios objetivos -la oferta económica (40 puntos) y las mejoras en infraestructuras (10 puntos)- apenas se establecen diferencias de puntuación porque las empresas concursantes deben ajustarse estrictamente a los pliegos de condiciones, son las valoraciones subjetivas de los técnicos de Carreteras las que determinan la adjudicación a una u otra compañía.
El recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria está dirigido contra la adjudicación de la Red de Alta Capacidad a la empresa Pérez Moreno, por un total de 23,3 millones de euros durante los próximos cuatro años. La demanda se interpuso el pasado 1 de octubre y está presentada por nueve empresas. De ellas, cinco son canarias -Lem, Bitumex (grupo Lopesan), Ralons, Félix Santiago Melián y Hermanos García Álamo- y las otras cuatro son grandes compañías nacionales -FCC, Sacyr, Elsan y Mantenimiento de Infraestructuras SA-.
Además, según las mismas fuentes, otras cinco empresas peninsulares han confirmado su adhesión al recurso si finalmente el juez lo admite a trámite. Tampoco se descarta recurrir la adjudicación de los otros lotes de carreteras.
Los denunciantes consideran que en la puntuación de los criterios subjetivos existen "suficientes elementos" para suspender las adjudicaciones y paralizar la firma de los contratos. Según uno de los directivos empresariales, "las valoraciones de los funcionarios y altos cargos del Cabildo son, en muchos casos, simples opiniones personales, sin ningún rigor técnico ni pautas preestablecidas, literatura y humo, una herramienta en manos de los políticos para conceder o quitar las adjudicaciones a quien les dé la gana".
Licitadores y su puntuación
El pliego de Cláusulas Administrativas Particulares establece dos tipos de criterios subjetivos. El primero, valorado con 35 puntos, se denomina Propuesta Técnica de Servicio e incluye cuatro conceptos: coherencia del programa y sistema de trabajo, organización de medios materiales y humanos, informatización del seguimiento, control y registro de trabajos y obtención de base de datos (15 puntos); descripción pormenorizada de la red y sus instalaciones (15 puntos); sistema de respuesta ante incidencias y emergencias (2,5 puntos); y prevención de riesgos laborales, control de calidad y medio ambiente (2,5 puntos).
El segundo de los criterios subjetivos, las mejoras que propone la empresa sobre lo estipulado en los pliegos, se evalúa con 15 puntos y queda totalmente a expensas de las valoraciones personales de los técnicos. "Es en este segundo apartado donde se suelen realizar los ajustes para destacar a unas empresas y penalizar a otras, porque todo es pura subjetividad", recalcó.
En la adjudicación recurrida, la del contrato para la conservación de la Red de Alta Capacidad (las autopistas del Norte y el Sur, la Circunvalación y la Avenida Marítima de la capital), las ofertas de Pérez Moreno y de Satocan fue-ron valoradas con un total de 49 puntos, 34 de 35 en el primer criterio y 15 de 15 en el segundo, lo que equivale a una oferta perfecta. Las demás empresas quedaron a distancias insalvables, incluso en el caso de que sacaran ventaja en los criterios objetivos. En tercer lugar quedó la UTE encabezada por API (42,93 puntos), seguida de Aceinsa (37,09), Comsa (35,53) y Lem-FCC (33,61).
Las empresas denunciantes muestran su "sorpresa", cargada de ironía, por el hecho de que las ofertas de Pérez Moreno y Satocan hayan empatado en primer lugar con una valoración de 49 puntos justos sobre los 50 posibles y las propuestas de los demás concursantes se puntúen con decimales.
"Alguien del Cabildo puede explicar qué criterios se siguieron para dar 0,18, 5,91 o 13,83 puntos a ofertas de mejora que son prácticamente similares en todos los casos", se preguntó otro empresario, quien recordó que Pérez Moreno y Satocan fueron las empresas que también se llevaron los principales contratos en la primera convocatoria de este concurso público, anulada después de que un escrito anónimo al interventor del Cabildo advirtiera de irregularidades en las puntuaciones y de corrupción en el área de Carreteras.
Tras la suspensión, el entonces consejero de Obras Públicas, Carlos Sánchez, convocó un nuevo concurso y mantuvo los criterios subjetivos, rechazados por las empresas. El anterior gobierno del PP propuso las adjudicaciones pocos días antes de dejar el poder y finalmente fueron aprobadas por el nuevo gobierno, aunque no se han firmado los contratos.
