Los ayuntamientos canarios carecen de dinero para regularizar sus tanatorios y piden paralizar el nuevo decreto de Sanidad Mortuaria. La Federación Canaria de Municipios (Fecam) ha remitido a todos los grupos parlamentarios de la Cámara Regional unapropuesta para el cambio de normativa relativa a la imposición a los municipios "independientemente de su tamaño, de la estructura constructiva de los tanatorios, cementerios, velatorios, así como otras normas relacionadas con el traslado de cadáveres, que suponen a los Consistorios la obligación de proceder a realizar unas costosas inversiones para las que, en la mayoría de los casos, no se disponen de fondos suficientes, salvo detrayéndolos de otras obligaciones ya comprometidas, y todo ello en un plazo de seis meses".
La propuesta de la Fecam incluye que se pueda paralizar la aplicación del Decreto 132/2014 de 29 de diciembre, de Sanidad Mortuoria, en los que a sus posibles efectos sancionadores se refiere, dejando sin aplicación las medidas que en este sentido ya pudieran haberse tomado. En este sentido, la Federación solicita la incorporación de adaptación de la mencionada iniciativa, fijándolo en un plazo de dos años medio. Su publicación fue llevada a cabo el 8 de enero de 2015 en el Boletín Oficial de Canarias, vino a suponer un cambio en la normativa vigente desde 1974.
Este nuevo texto pretendía la actualización de la normativa canaria a una serie de normas posteriores como son la propia Ley General de Sanidad o incluso a la propia Ley 11/1994, de Ordenación Sanitaria Canaria.
Los municipios consideran que el plazo establecido de apenas seis meses, concedido por el Gobierno de Canarias en un momento de crisis económica, crea serias dificultades.
"Hay que tener en cuenta que en otras Comunidades Autónomas que, en su momento, precedieron a la adaptación de la normativa en estas materias, se otorgaron plazos mucho más dilatados y coherentes. Como ejemplo, recuerdan en el año 1999 la Comunidad de Castilla-La Mancha otorgó un plazo de dos años o el del País Vasco un año para su adaptación.
La Federación espera que los grupos parlamentarios insten al Gobierno de Canarias sobre la posibilidad de ampliar en el períodode la adaptación de los municipios a esta normativa dentro de un plazo más amplio que el establecido en la actualidad.
