Lleva siete años soportando las aguas fecales y malos olores en su casa por los vertidos de tuberías de vecinos que atraviesan parte de su vivienda hasta el alcantarillado. Isabel Almeida ha tratado durante años de solucionar su problema por todas las vías, después de que los técnicos municipales constataran "las condiciones de insalubridad que impiden su habitabilidad". Pero ahora la situación es "crítica y desesperada". La propietaria de la casa situada en una primera planta de la calle Altavista, en el barrio de La Cruz, de Arucas, está embarazada de ocho meses y tiene un niño de 14 años "muy estudioso" con problemas de respiración, que ha bajado el rendimiento por la situación familiar. Reclama al Ayuntamiento y Gobierno que dejen de lanzarse la pelota y encuentren la vía para facilitar su realojo, ya que carece de recursos económicos para irse a otra vivienda, como hizo en el pasado cuando tenía una situación económica más desahogada. Ahora ha empezado a recoger firmas, ante la lentitud judicial y después de que las distintas administraciones hayan reconocido su difícil situación y se hayan mostrado dispuestas a apoyarla.

"Todos muestran interés, pero no recibo la ayuda que espero. No me veo con un bebé en una casa en la que caen aguas fecales encima. Solo pido que me ayuden a pagar un reaolojo mientras se soluciona el problema de la casa". A Isabel se le escapan casi las lágrimas por una complicada vivencia que arrastra desde años, pero que ahora con su inminente maternidad se le escapa de las manos.

Un informe de un técnico municipal constata en 2012 que existe una tubería de aguas residuales que realiza vertidos incontrolados, "con las consecuentes peligros de salubridad que ello ocasiona". Y concluye que en la calle Altavista existe red general de alcantarillado, que debería tener una conexión con estas viviendas "sin causar daños a terceros". La técnico que informó manifestaban que los servicios de evacuaciones "tienen carácter obligatorios" para todas las fincas del municipio.

La afectada achaca el problema a obras realizadas por vecinos, perjudicando la habitabilidad de su vivienda. Ha presentado 62 escritos en los distintos organismos públicos y judiciales, sin que se haya resuelto hasta ahora. En el último documento sellado a finales de septiembre habla de que el Ayuntamiento no ha hecho nada durante años para acabar con las supuestas ilegalidades que se han realizado en inmuebles colindantes, pese a admitir la situación.

En su momento, la familia decidió abandonar el hogar, compaginando el pago del alquiler con la hipoteca. Sin embargo, su situación ha cambiado y afirma que ya no puede permitírselo.

Reconoce que el alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo, visitó su casa la semana pasada, pero espera respuestas efectivas. Las mismas que de la Consejería de Vivienda del Gobierno de Canarias.

Isabel Almeida manifiesta que el Ayuntamiento sólo le garantiza tres meses de alquiler, y ni siquiera lo tiene garantizado por escrito. Además, ella tendría que abonarlo primero, con lo cual ningún arrendatario acepta esas condiciones.

La afectada recurrió también al Diputado del Común, que le dio la razón por años sin responder a sus requerimientos.