¿Cuál es el secreto de su éxito para alcanzar este puesto en la FEMP, o es que le tocó por pedir número?
Secreto poco: trabajar con dedicación a lo público, rodearte de un buen grupo de personas, ser accesible y cumplir con tu palabra, que es la única fórmula con la que te ganas la confianza de los vecinos.
Un canario en la federación nacional, ¿barrerá para casa desde el más importante órgano municipal del país?
Hombre, yo espero contribuir con las aportaciones que puede hacer este organismo y estar pendiente de las políticas nacionales que se van a poner en marcha desde el Estado y traer los máximos beneficios posibles para Canarias.
¿Y del Archipiélago quién más le hará compañía?
En la FEMP por la provincia de Las Palmas estoy solo yo. Y luego por la provincia de Santa Cruz de Tenerife participa la alcaldesa de Candelaria, María Concepción Brito Núñez, que se encuentra en el Consejo Territorial: Manuel Domínguez, de Los Realejos; y el palmero Vicente Rodríguez Lorenzo, que es el alcalde de Puntagorda, y que está en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Local.
Confiese, ¿no son pocos canarios para un país tan grande?
Pues no lo sé. Pero se hace un reparto entre los municipios que funciona más por las cuotas de los grandes partidos que por número de localidades. Y en este caso el PP de Canarias tiene dos representantes dentro de la Federación, que son Manuel Domínguez y yo.
Existe un movimiento municipal que exige al Gobierno de Canarias la reforma de la Ley de Servicios Sociales, que ya tiene sus años, para que las competencias en cuanto a la atención primaria de la salud, servicios sociales y educación puedan ser prestadas por los ayuntamientos, ¿presionará desde su nuevo puesto para que el ejecutivo canario la renueve?
Mire, yo parto de la premisa que se está intentando hacer política con una información que no es cierta porque la competencia en Servicios Sociales es de la Comunidad Autónoma, y no del Estado. La Ley de Servicios Sociales es un texto sectorial y la Comunidad Autónoma está tardando en tramitar esa nueva Ley. Los ayuntamientos hemos estado soportando hasta hoy un 33 por ciento de nuestros fondos en la financiación de estas prestaciones, que repito, son competencia de la Comunidad Autónoma, y lo que tiene que hacer el Gobierno de Canarias es poner los fondos necesarios para que los ayuntamientos, sin vernos obligados a asfixiarnos económicamente, podamos mantener escuelas infantiles, residencias de mayores, ayudas a domicilio y centros ocupacionales. Sin duda nosotros hemos estado lastrados por una competencia de la Comunidad Autónoma, en tanto en cuanto los planes concertados en origen se financiaba al 33 por ciento por el Estado, otro tanto por el Gobierno de Canarias y el resto de esa financiación a cargo de los municipios.
Pero se han dejado ir.
Sí. El resto de las administraciones han ido recogiendo velas y nosotros, como representamos a la administración más cercana a las personas, hemos seguido haciendo un esfuerzo importante para mantener todos estos servicios. De ahí que mi visión es que se ha querido utilizar políticamente esta cuestión, pero si lo que pretenden es que sigamos trabajando en ellos, deben dotarnos económicamente.
Su presidente, Abel Caballero, critica la "brutal campaña antimunicipalista" de los últimos años con la excusa de la crisis, ¿cree que los ayuntamientos están cediendo protagonismo o son más necesarios que nunca precisamente por la atención directa a los ciudadanos?
También creo que esta cuestión se ha intentado utilizar políticamente con la Ley de Racionalidad y Sostenibilidad de las Administraciones Locales, que lo que propicia es racionalizar el gasto, que no hubiesen duplicidades y que prestásemos servicios atendiendo a la capacidad de gestión y a la naturaleza de la competencia que sea capaz de prestar ese servicio, ya sea cabildo, ayuntamiento o comunidad autónoma. La conclusión simplista de esta norma es que con ella se pretende privar de autonomía a los municipios o expropiarlos de las competencias. Y nada más lejos de la realidad, porque yo desde la alcaldía de Valleseco sigo haciendo lo mismo que hace ocho años. De forma que considero que los que han perdido competencias no es tanto por esta ley como por la de Estabilidad Presupuestaria, que obliga a las administraciones a mantener un equilibrio, a no incrementar su deuda y el techo de gasto, que este año se sitúa en un 1,8 por ciento. Los que no cumplen estos parámetros están sujetos a un plan financiero con el cual puedes subir impuestos o eliminar servicios, y a esto último es a lo que han optado muchos ayuntamientos.
La FEMP se ha implicado en la elaboración de los criterios que permitirán conocer la aplicación de la Ley de Transparencia en las Administraciones Públicas, pero ¿considera que los ayuntamientos de Canarias son suficientemente transparentes?
Los ayuntamientos de Canarias disponemos de un documento, que es la Ley del Fondo Canario de Financiación que permite a la Comunidad Autónoma auditar nuestras cuentas, y en este aspecto sí que hay transparencia. En cuanto a los ciudadanos debemos plasmar a través de los portales web más información.
Es decir, que es una asignatura pendiente, ¿no?
Sí, efectivamente.
21 municipios para una sola isla, como Gran Canaria, u 88 para un Archipiélago. ¿No son muchos o falta alguno?
Son pocos.
¡Qué me dice!
En Canarias solo hay uno de menos de mil habitantes. Y en todo el país el 60 por ciento de sus 8.123 municipios tienen menos de ese número de vecinos. Pero le digo más. En Alemania existen 12.340 municipios; en Francia 36.683; y en Italia 8.401. Si comparamos, no somos tantos. Además creo que los municipios son una entidades previas a los Estados y dieron origen a la creación de las comunidades autónomas.
Pues nada, que viva el muni-cipio.
Exactamente, que viva.
