Un juzgado de San Bartolomé de Tirajana ha abierto juicio oral contra el empresario grancanario Santiago Santana Cazorla en relación con la quiebra de la sociedad mercantil Promociones Isla Verde SA (Proivesa) y le ha requerido una fianza de dos millones de euros, con apercibimiento del embargo de sus bienes por esa cantidad para hacer frente a sus posibles responsabilidades en esa causa penal. Los abogados de Santana Cazorla han presentado un recurso de apelación, mientras que la Fiscalía ha pedido el sobreseimiento provisional de las actuaciones.
En un auto firmado el pasado 22 de octubre, el titular del Juzgado de Primera Instancia Número 3 de San Bartolomé de Tirajana, Armando García Castellano, dispone la apertura de juicio oral a petición de la acusación particular, formulada por el también empresario José Domingo Pérez Báez, por un presunto delito continuado de apropiación indebida, falsedad en documento público y mercantil, estafa en su modalidad de fraude procesal y delito societario continuado en concurso con delito de administración desleal.
En otras dos resoluciones judiciales firmadas el mismo día, el juez estima en primer lugar un recurso interpuesto por el representante legal de José Domingo Pérez Báez en el que se acepta su escrito de acusación y, seguidamente, dispone el sobreseimiento libre parcial de los demás imputados en la causa, Manuel Santana Cazorla, José Juan Santana Cazorla, Pablo Hernández Quintana y el propio querellante, José Domingo Pérez Báez. Otro de los acusados, Antonio González Morales, también ha quedado exonerado tras haber prescrito los cinco delitos que se le imputaban.
El juez determina que el órgano competente para el enjuiciamiento de la causa es la Audiencia Provincial, en la sección que por turno corresponda, a quien se remitirán todas las actuaciones una vez recibidos los escritos de la defensa. Al respecto, los abogados de Santana Cazorla han interpuesto un recurso de apelación contra el auto que da validez al escrito de la acusación particular y el pasado 11 de noviembre presentaron un escrito de súplica al Juzgado en el que solicitan que se suspenda la tramitación de la fase intermedia hasta que la Audiencia Provincial de Las Palmas no resuelva dicho recurso de apelación, con interrupción de todos los plazos procesales.
El recurso de apelación se opone a que el Juzgado admitiera una prórroga de los plazos para presentar el escrito de la acusación particular, pues la aplicación de esos plazos "es excepcional y previa solicitud motivada y debidamente justificada por las acusaciones".
Quince años
Sin embargo, apunta el escrito de los abogados de Santana Cazorla, en el recurso de reforma de la acusación particular "no se argumenta ni se esgrime un solo motivo o circunstancia excepcional que eventualmente pudiere justificar una solicitud como la que se formulaba". La defensa sostiene que "la instrucción se ha dilatado más de 15 años, tiempo más que suficiente para que la otra parte estuviese debidamente instruida en las presentes actuaciones, por muy voluminosa que fuese la causa".
Los representantes legales del empresario confían en que ese recurso prospere en la Audiencia Provincial y recuerdan que el Ministerio Fiscal no aprecia delito alguno en la quiebra de Proivesa, origen de este pleito entre los socios de esa empresa.
En un escrito del 20 de marzo de 2014, la fiscal Blanca Hernández Cerdeira interesa el sobreseimiento provisional de las actuaciones "por entender que no existen indicios racionales de la comisión de delitos que dieron lugar a la formación de la causa, tal como ya hemos reiterado en diversos informes a lo largo de la causa, por los motivos en ellos expresados y sin que de las diligencias practicadas se deriven hechos nuevos que permitan sostener la acusación".
Los hechos que se pretenden juzgar en la Audiencia Provincial, según uno de los tres autos dictados por el juez el pasado 22 de octubre, se remontan a las actuaciones de la empresa Promociones Isla Verde a finales de la década de 1980. El Juzgado de Primera Instancia Número 2 de San Bartolomé de Tirajana declaró la quiebra de Proivesa el 18 de octubre de 1991.
Casi cinco años después, el 11 de julio de 1996, se presentó una querella por parte de la acusación particular. La denuncia se dirigió contra los hermanos Santiago, Manuel y José Juan Santana Cazorla, y contra otro de los socios, Pablo Hernández Quintana. El 9 de febrero de 1999 se dictó otro auto judicial para continuar los trámites por el procedimiento abreviado. El 6 de junio de 2005 se incorporó a la causa como imputado Antonio González Morales, que a tenor del último escrito de la acusación particular fue, junto a Santiago Santana Cazorla, el presunto responsable de la "despatrimonialización" de la entidad Proivesa.
La acusación particular atribuía a Antonio González Morales un delito societario continuado en concurso con otro de administración desleal, apropiación indebida, falsedad en documento público y mercantil y fraude procesal. Sin embargo, señala el auto judicial, todos esos delitos están castigados con una pena inferior a los diez años de prisión, por lo que la responsabilidad criminal se extinguiría por el transcurso de diez años desde la fecha de la comisión de los hechos.
La empresa Proivesa tuvo a finales de la década de 1980 la concesión del Ayuntamiento de Mogán para los servicios públicos de la Playa de Taurito y fue la responsable de la construcción ilegal de un dique de relleno entre Taurito y la playa de Mogán para posteriormente construir un paseo marítimo, supuestamente con el beneplácito de la corporación municipal moganera. La empresa de los Hermanos Santana Cazorla llegó a ejecutar 400 metros de dique antes de que la Demarcación de Costas paralizara las obras y le impusiera una sanción económica.
Finalmente, tuvo que ser el Gobierno central en que se hiciera cargo de la retirada de los 400 metros de escollera y de la restauración del paisaje en ese litoral, con un gasto de alrededor de 100 millones de las antiguas pesetas.
