Una sola empresa, Pérez Moreno SAU, acapara las tres cuartas partes del dinero que ha adjudicado el Cabildo de Gran Canaria para la conservación de las carreteras de la Isla durante los próximos cuatro años. Los tres contratos que ha logrado esa compañía suman 37,3 millones de euros, el 74,77% de los fondos licitados, lo que ha provocado las protestas de los demás participantes en los concursos públicos y la presentación de cuatro recursos contencioso-administrativos, dos en los Juzgados y otros dos ante la propia Consejería de Obras Públicas del Cabildo.
A las denuncias sobre irregularidades en la puntuación de las ofertas de las empresas concursantes, que ya obligaron a anular las primeras adjudicaciones tras un escrito anónimo remitido al Interventor del Cabildo que advertía de la existencia de una trama de corrupción en el área de Carreteras, se suman ahora las acusaciones judiciales en el caso Fitonovo a un funcionario y tres directivos empresariales por el presunto pago de comisiones a cambio de adjudicaciones fraudulentas.
La empresa Pérez Moreno ha conseguido tres de los cinco contratos para el mantenimiento de las carreteras del Cabildo, los de la Red de Alta Capacidad (23,3 millones), Medianías y Cumbres (7,9 millones) y la Zona Oeste (6 millones). La UTE formada por Dragados y Ring Canarias ha logrado la adjudicación de la Red Interior (6 millones) y la empresa Api Movilidad la Zona Centro (6,5 millones). Esta última se ha hecho cargo de esa red viaria tras la renuncia de la compañía Comsa, la ganadora del concurso público en feroz competencia con más de una veintena de UTE y empresas canarias y de la Península.
Recursos judiciales
Los dos contratos más cuantiosos a favor de Pérez Moreno han sido recurridos ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). La primera demanda, contra la adjudicación de Red de Alta Capacidad, la han presentado cuatro UTE que agrupan a nueve empresas: Lem, Bitumex (Grupo Lopesan), Ralons, Félix Santiago, Hermanos García Álamo, FCC, Sacyr, Elsan y Mantenimiento de Infraestructuras SA.
El segundo recurso judicial, el de Medianías y Cumbres, fue interpuesto por la compañía Lem. Al respecto, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 2 ya ha solicitado al Cabildo la remisión del expediente para tomar una decisión. La Consejería de Obras Públicas ya firmó esos dos contratos, por lo que Pérez Moreno se encarga del mantenimiento de esas carreteras desde el pasado día 1 de noviembre.
Las adjudicaciones de las zonas Oeste y Centro se han recurrido por la vía potestativa ante el propio Cabildo, lo que ha obligado a paralizar la firma de los contratos hasta que se resuelvan esas impugnaciones, según confirmó este pasado jueves el consejero Ángel Víctor Torres. En la misma situación se encuentra la adjudicación del alumbrado de toda la red viaria del Cabildo.
Todos los recursos se basan en las supuestas irregularidades cometidas en el departamento de Carreteras a la hora de puntuar las ofertas de las empresas que concurrieron al concurso público, en concreto en la valoración de los criterios subjetivos. Las empresas denunciantes aseguraron a este periódico que se han detectado “graves incoherencias”, “manipulaciones” y “contradicciones” que benefician a unas determinadas compañías y perjudican a otras.
Al respecto, recordaron que Pérez Moreno y Api Movilidad también obtuvieron cuatro de las seis adjudicaciones en la primera convocatoria del concurso público, pero todas ellas tuvieron que ser anuladas como consecuencia de la denuncia anónima sobre presunta corrupción.
En concreto, Pérez Moreno obtuvo los contratos de las zonas Norte y Centro, mientras que Api Movilidad logró los de zona Oeste y la Red Interior. En aquella ocasión, la adjudicación de Red de Alta Capacidad recayó en una UTE encabezada por Satocan, mientras que la Zona Sur fue ganada por Aceinsa Movilidad.
Tras la anulación del concurso público y el reinicio de todo el procedimiento, algunas empresas plantearon al gobierno del Cabildo, entonces presidido por el PP y con Carlos Sánchez como consejero de Obras Públicas, que se eliminaran los criterios subjetivos y solo se tuvieran en cuenta los criterios objetivos, donde los funcionarios no tienen capacidad de influir en el resultado porque solo se valoran las cifras y los proyectos.
Sin embargo, el anterior ejecutivo insular de José Miguel Bravo de Laguna mantuvo los criterios subjetivos y retrasó las propuestas de adjudicación de la Mesa de Contratación hasta pocas semanas antes de las elecciones de mayo.
Con el cambio de gobierno, el pacto NC-PSOE-Podemos retomó el procedimiento y procedió a adjudicar los contratos tras realizar una revisión de todos los expedientes. Según ha insistido el consejero Ángel Víctor Torres, las valoraciones de los técnicos de carreteras tienen el visto bueno del departamento de Intervención y de los Servicios Jurídicos del Cabildo, por lo que confía en que los recursos sean desestimados por los tribunales de justicia.
Algunas de las empresas denunciantes también presentaron recursos contenciosos-administrativos contra las adjudicaciones de los concursos públicos de los vertederos del Salto del Negro y de Juan Grande, por unos 80 millones de euros, también ganados por Pérez Moreno a través de su filial Ayagaures. Algunas de las compañías consultadas incluso aseguran saber quién ganará los dos concursos de carreteras que quedan por adjudicar, los de la Zona Norte (8 millones de euros) y la Zona Sur (6,2 millones).
A la espera de lo que decidan los Juzgados y el propio Cabildo sobre esos contratos, las investigaciones de la Audiencia Nacional en el caso Fitonovo han vuelto a poner bajo sospecha las actuaciones de la Consejería de Obras Públicas.
El juez José de la Mata tomó declaración el pasado 11 de noviembre a Ulises Pérez González, excoordinador de Obras Públicas y funcionario en excedencia del Cabildo grancanario, y mantuvo su imputación por el presunto cobro de comisiones en la adjudicación de contratos a favor de la compañía Fitonovo.
Ulises Pérez, según se detalla en el sumario iniciado por la juez sevillana Mercedes Alaya, recibió una comisión de Adolfo de la Torre, director de Fitonovo en el Archipiélago y también imputado por los delitos de cohecho, prevaricación, asociación ilícita y falsedad en documento público.
El 30 de marzo de 2005, cuando era un alto cargo del Cabildo, Ulises Pérez recibió 5.058 euros por la reparación de un muro en la carretera GC-851, unos trabajos que se cobraron pese a estar hechos con anterioridad. Luego, entre noviembre de 2005 y enero de 2006, las empresas de conservación de carreteras Api Movilidad, Elsamex y Fitonovo le entregaron 15.968 euros para tres viajes que serían reembolsados a los compañías mediante certificaciones de obras.
El pasado 11 de noviembre también comparecieron en la Audiencia Nacional el gerente en Canarias de Api Movilidad, Rubens Costa, y el representante en las Islas de la empresa Elsamex, Gustavo Adolfo Gómez, que también están acusados por el presunto pago de sobornos para obtener concesiones públicas. Según fuentes empresariales, las parejas de dos imputados en el caso Fitonovo, Adolfo de la Torre y Rubens Coba, también trabajan o han trabajado en el área de Carreteras del Cabildo.
