Más de un millar de afectados por la Ley Turística del Gobierno de Canarias, que restringe el uso residencial de los apartamentos ubicados en el litoral sureño, reivindicaron anoche en el Real Club Náutico de Las Palmas de Gran Canaria el derecho a la libre utilización de sus propiedades. Los planes de modernización turística, a los que se acogen muchos complejos para emprender un proceso de renovación de sus instalaciones, constituyen un auténtico "caballo de Troya" porque atenta contra los derechos adquiridos de sus titulares, según advirtió la vicepresidenta de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística, Maribe Doreste. Ante la "falta de empatía e insensibilidad que los políticos muestran" ante este conflicto social, el colectivo está dispuesto a denunciar ante las diferentes competencias legislativas y urbanísticas su rechazo a esta iniciativa. La asociación lucha por paralizar la aprobación del nuevo plan urbanístico del Sur, que aplica dichas limitaciones.
