La sentencia que anula las licencias de derribo y reconstrucción concedidas por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana a la cadena Riu para el Hotel Oasis Maspalomas ha reabierto la batalla entre dos gigantes del turismo insular. El Grupo Lopesan, que intervino como demandante, se congratuló de que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 3 de Las Palmas de Gran Canaria estimara parcialmente su recurso por una supuesta utilización de zonas verdes y propone que el Ayuntamiento, el Cabildo o el Gobierno medien para lograr una conciliación. Desde la cadena mallorquina, que prepara un recurso, aseguran que no se sentarán con Lopesan y entienden que es el consistorio el que debe liderar la defensa legal de sus licencias.
Vuelve, pues, la guerra al Oasis de Maspalomas, con el enfrentamiento por la gestión urbanística y la ordenación del territorio en uno de los puntos clave del turismo insular. La sentencia de la juez María Olimpia del Rosario Palenzuela, emitida el 25 de noviembre, reconoce la existencia de informes contradictorios -presentados por el demandante y una técnico municipal- y asegura que existen dudas a la hora de determinar si la parcela de Riu invade una área protegida por la Reserva Natural de las Dunas de Maspalomas, proclamada en 1994.
La juez considera en su sentencia que, sin poder esclarecer este punto, se debe dar prevalencia al informe pericial de parte, por lo que anula la licencia de 2013 que permitía a Riu derribar un inmueble pionero -data de 1968- y que consideran obsoleto, para construir uno nuevo con un mayor número de habitaciones. Este hotel está rodeado por otros del Grupo Lopesan.
La última batalla judicial de una guerra que se inició en 2011 no acaba aquí. El litigio continuará en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Desde la cadena mallorquina calificaron la sentencia como "inesperada y sorprendente". Riu indicó a través de Águeda Borges, su responsable jurídica en Gran Canaria, que acatan el fallo con respeto pero elevarán su defensa con un recurso al Contencioso al entender que no se ajusta a derecho.
Los argumentos
La sorpresa, según manifestaron, surge ante las dudas que ha encontrado la juez a la hora de delimitar los lindes del espacio natural. Para Riu, el área protegida concluye en la orilla de la Charca que se encuentra en el lado opuesto del paseo, por lo que defienden que no solo no afecta a su parcela sino que queda lejos de esta. Para apoyar este argumento se remiten a Ley de Espacios Naturales de Canarias, aprobado en 1994; al Plan Rector de Uso y Gestión del Espacio Natural, elaborado por el Cabildo y certificado por el Ejecutivo; y a las Normas Subsidiarias de Planeamiento de San Bartolomé de Tirajana, que dieron forma al Plan General de Ordenación (PGO) de San Bartolomé de 1996 y que clasifica como suelo urbano la zona en litigio. Además, sostienen que todo esto, fue analizado y estudiado por los técnicos municipales antes de otorgar la licencia y se hizo "bajo el microscopio del grupo Lopesan, que se personó en el expediente de otorgamiento", con lo que lo que interpretan que los técnicos municipales fueron especialmente minuciosos al sentirse "monitorizados".
Tampoco entienden cómo, ante las dudas que recoge la jueza, haya fallado a favor de un informe que proviene de una parte implicada y descartado el elaborado "por una geógrafa pública e imparcial".
Por todo esto, desde Riu entienden que, la ley del gobierno canario que establece las lindes en la Charca "no se puede interpretar" y es el Ayuntamiento el que debe liderar la defensa jurídica de su decisión administrativo. "Estamos seguros que lo hará, como ya lo hizo en el pleito", señaló Borges. De igual manera, sostiene que el Gobierno también debe "defender su propia ley, que está muy clara y que no puede ser vulnerada".
Lopesan, por su parte, se congratuló ayer por la victoria obtenida al considerar que con este fallo se evita "que se cause un daño irreversible" en un espacio "singular". Desde la empresa que preside Eustasio López proclaman que "debe protegerse y preservarse como emblema de nuestra propia calidad como destino turístico". Así lo señaló Francisco Moreno, director de Comunicación, tras recabar las posiciones expresadas en la empresa.
El argumentario de Lopesan parte del Plan de Extensión Maspalomas Costa Canaria de 1963 que recoge el Bosque de Palmeras del Oasis en la zona protegida como "área no construible". Esto se mantiene, según argumentan, en el Plan Parcial del Oasis, por lo que "queda perfectamente claro que la parcela tiene una zona verde pública que colinda con el Palmeral que es ajeno a la urbanización y que mantiene el carácter de suelo verde protegido", apuntó Moreno. Este recordó que el Tribunal Supremo anuló en 1978 una licencia de obras para la ampliación del Hotel Oasis, pero cuando en 1983 por sentencia firme se dispuso la demolición de la obra ya ejecutada la Comisión Provincial de Urbanismo lo impidió para conservar los puestos de trabajo en nombre del interés público.
Lopesan alega que en el Plan General de Ordenación de 1996 se sientan las bases para consolidar la ilegalidad de lo que consideran como "anexiones" en contra del interés público y se consuma el "regalo" del exceso de edificabilidad. Para Lopesan esta decisión justificó la concesión de la licencia municipal que ahora se ha anulado "evitando el daño a la zona".
Tras esta sentencia, el Grupo Lopesan propone que el Gobierno, el Ayuntamiento y el Cabildo medien para "buscar una solución que equilibre las intenciones de la compañía propietaria del Oasis y que salvaguarde la recuperación de un espacio público".
