El último de los canarios implicados en el 'caso Fitonovo' en prestar declaración ante el juez también niega la mayor y rechaza cualquier responsabilidad en esta trama de presunta corrupción. Ni cobró comisiones, ni participó en sobornos por adjudicaciones fraudulentas o irregulares, tal como se señala en el auto judicial que le imputa. José María Maya Cáceres, exjefe de Carreteras del Gobierno de Canarias, declaró ayer durante más de hora y media ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, y aseguró no tener "nada que ver" con las actuaciones sometidas a investigación, según fuentes judiciales cercanas al caso.
Maya alegó como argumento central, el que parece ser el eje de su estrategia de defensa, que desde su puesto en la administración autonómica no tenía competencias ni capacidad de decisión sobre la adjudicación de contratos a la empresa que supuestamente le pagó 57.024 euros entre 2003 y 2011 por ello, según consta en la instrucción judicial, y que ni tan siquiera informaba respecto de esos contratos sometidos a investigación. El ex alto cargo del gobierno regional compareció en la tarde de ayer ante el juez De la Mata tras haber aplazado por dos veces su declaración, la primera el pasado día 11 en este caso por encontrarse de viaje fuera de España, y posteriormente el día 20. Su paso por la Audiencia Nacional no ha cambiado su situación procesal y el juez le mantiene la imputación, como también lo hiciera con todos los demás implicados que ya han declarado. Tampoco ha tomado contra él medidas cautelares.
Seis implicados
El auto del juez De la Mata elaborado en base a las investigaciones de la Guardia Civil le imputa a Maya el cobro de comisiones en la cantidad anteriormente citada "por su actuación en la adjudicación y/o ejecución de contratos públicos" de la administración autonómica a favor de Fitonovo, según la documentación intervenida en la 'caja B' de esta sociedad y el recibo de dinero de dicha caja firmado por el delegado de la compañía en las Islas, Adolfo de la Torre, otro de los imputados canarios en el caso. El pago más importante, según la documentación puesta por la Guardia Civil a disposición del juez, fue de 53.000 euros y se le habría efectuado a Maya el 12 de diciembre de 2004.
La red del también denominado 'caso Madeja' o 'caso Enredadera', según sus distintas fases de investigación, tiene su centro de operaciones en Sevilla pero habría extendido sus ramas por varias comunidades autónomas más, y según la investigación judicial habría pagado 4,3 millones de euros en sobornos entre 1995 y 2013 para hacerse con adjudicaciones en 14 administraciones públicas, entre ellas el Gobierno de Canarias, los cabildos de Gran Canaria y Lanzarote, el ministerio de Fomento, las Juntas de Andalucía y Extremadura, y el Ayuntamiento de Sevilla. Hay un total de 93 personas imputadas.
Con la comparecencia de ayer de José María Maya concluyen las declaraciones pendientes de este caso desde que lo asumió el juez De la Mata en la Audiencia Nacional en septiembre pasado. El ex alto cargo del Gobierno de Canarias es uno de los seis canarios investigados e imputados en la trama isleña de Fitonovo, en la que aparecen también otros dos funcionarios públicos y tres representantes empresariales. El pasado 11 de noviembre ya declararon ante el titular del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional Ulises Pérez, funcionario en excedencia del Cabildo de Gran Canaria y coordinador de Obras Públicas de la corporación entre 2003 y 2007, y los directivos empresariales Rubens Coba y Gustavo Adolfo Gómez, representantes en las Islas de API Movilidad y Elsamex, respectivamente.
Además, otros dos implicados isleños habían declarado ya ante la juez Mercedes Alaya en los juzgados de Sevilla antes de que el caso fuera asumido por la Audiencia Provincial. Se trata del delegado de Fitonovo en el Archipiélago, Adolfo de la Torre, y del ex consejero de Obras Públicas del Cabildo de Lanzarote Sergio Machín. Todos ellos son investigados por su supuesta participación en la trama y por el cobro o pago de comisiones, según los casos, por la adjudicación de obras o de servicios a las empresas investigadas por parte de las administraciones canarias mencionadas. Hasta la fecha, el juez mantiene la imputación a todos los implicados tras sus respectivas declaraciones y no ha tomado medidas cautelares contra ninguno de ellos. Todos ellos han negado las acusaciones en sus respectivas primeras declaraciones ante el juez.
En concreto, el sumario identifica a Pérez como el comisionista del cabildo grancanario que el 30 de marzo de 2005 recibió 5.058 euros de Fitonovo por la reparación de un muro en la carreteras GC-851, unos trabajos que se cobraron pese a estar hechos con anterioridad. Además habría recibido de esta misma empresa otros 10.381 euros en dádivas por facilitar la adjudicación de determinados contratos públicos.
