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Firgas corrige al alcalde y se suma al pacto de toda Gran Canaria en el reparto del ITE

El Pleno desautoriza a Manuel Báez y le acusa de defender el interés de CC frente al de la Isla

El Pleno del Ayuntamiento de Firgas aprobó ayer una moción en la que se suma al acuerdo del Cabildo de Gran Canaria y de los otros 20 municipios de la Isla para exigir al Gobierno de Canarias un reparto equilibrado de los fondos que devolverá el Estado por el extinto Impuesto General sobre el Tráfico de la Empresas (ITE).

La propuesta salió adelante con el apoyo de todos los grupos políticos del Ayuntamiento, con la excepción de Coalición Canaria (CC), y supone una desautorización del alcalde de la villa, el nacionalista Manuel Báez, que el pasado 10 de diciembre se desmarcó del acuerdo unánime de todas las instituciones de Gran Canaria contra el reparto del ITE propuesto por el presidente regional Fernando Clavijo.

Jaime Hernández, portavoz de Confir-NC, el grupo proponente, declaró que la votación de ayer "ha dejado en evidencia al alcalde, pues todos los grupos de la corporación, salvo CC, se han sumado al acuerdo unánime del Cabildo y los demás ayuntamientos en defensa de la Isla".

Hernández sostuvo que la posición manifestada por Manuel Báez "no reflejaba la voluntad del Ayuntamiento de Firgas, sino una opinión partidista y no consensuada con nadie, ni siquiera con su teniente de alcalde y socio del PSOE, rompiendo de forma unilateral el consenso sobre el ITE al que se había llegado desde el 26 de octubre".

Municipalismo

La moción salió adelante con siete votos de Confir-NC, PSOE, PP, Iniciativa Ciudadana de Firgas y Alternativa por Firgas, frente a los cuatro votos de CC, según informó Hernández, quien insistió en que en el reparto del ITE "no hay una cuestión partidista, sino de interés general en defensa de Gran Canaria y del municipalismo".

El presidente Clavijo firmará hoy miércoles con la Federación Canaria de Islas (Fecai) un acuerdo sobre la utilización de los fondos del ITE, unos 160 millones de euros, al que se oponen todas las instituciones de Gran Canaria y ayuntamientos de otras islas. El Cabildo grancanario quiere conocer cuánto le corresponde a la Isla para luego decidir las obras prioritarias que deben ejecutarse con ese dinero.

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