Una sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha absuelto al exconcejal de Turismo del Partido Popular en San Bartolomé de Tirajana, Jaime Bouzón, y su socio Modesto Sánchez de un delito de estafa contra el propietario de la terraza Pachá de Playa del Inglés, Javier Alonso.
El tribunal retira la pena de 11 meses de cárcel que pesaba sobre ambos por no encontrar pruebas que acrediten que maniobraron para usurparle a Alonso el derecho de uso sobre una parte de la terraza, que da acceso a la discoteca de Plaza Maspalomas.
"Las dos conductas omisivas llevadas a cabo por los acusados, que consisten en mantener silencio sobre su desvinculación de las sociedades demandadas y del contrato de subarriendo no integran el engaño típico del delito de estafa procesal". Así de contundente se muestra la sentencia que ha emitido la sala presidida por la magistrada Yolanda Alcázar y que dejó libre de cargos a Bouzón y Sánchez diez días después de la celebración del juicio oral que les condenaba a un delito de estafa.
Durante el procedimiento, el titular del local nocturno del Sur alegó que ambos imputados se habían puesto de acuerdo junto con el presidente de la comunidad de propietarios del edificio Maritim, Roland Christ, en el que se ubica parte de la terraza, para arrebatarle el negocio.
Sin embargo, tal y como recoge la jueza en sus conclusiones, "no existe prueba alguna de la existencia de un acuerdo entre ambos acusados para perjudicar a los querellantes. Ni siquiera se ha acreditado que mantuvieran malas relaciones entre ellos o que los acusados tuvieran algún interés especial en causarles un perjuicio económico".
La disputa entre el actual propietario de Pachá, Bouzón y su socio comenzó en 2005 cuando el exconcejal vendió sus derechos sobre la sala de fiesta a su compañero de negocios, Modesto Sánchez. Sin embargo, este último vendió en 2008 el inmueble a Alonso "sin tener conocimiento" de las deudas que acarreaba la finca.
Cinco años después el banco embarga las cuentas de Alonso por un valor de 10.000 euros a razón de las cargas que pesaban sobre el inmueble.
Sin embargo, no fue hasta 2014 cuando se culminó en el registro de la propiedad el cambio de domicilio social y nombre del administrador de la discoteca. Por si fuera poco, el contrato de arrendamiento por el uso de la parte comunitaria de la terraza expiró en 2010, sin que Alonso y Christ llegaran a un acuerdo de renovación. Es por lo que en ese mismo año el presidente de la comunidad formula una orden de desahucio contra el propietario del local, pero al figurar aún como titulares del inmueble Bouzón y su socio, la cédula de citación nunca llega a manos de Alonso. Buozón deposita en el casillero del edificio Maritim dicha documentación, sin que Alonso tuviera "constancia de su existencia", según declaró durante el demandante durante el juicio.
"La actuación de los acusados, que se habían desvinculado del negocio, podrá ser calificada de poco prudente al conformarse con depositar los respectivos documentos en el casillero, pero el tribunal no puede concluir que ambos acusados actuaran con la intención de engañar" a Alonso, concluye la sentencia en sus fundamentos de derecho.
