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San Bartolomé de Tirajana

Aqualand y Palmitos Park frenan en el juzgado las obras del parque de El Veril

El auto judicial puede retrasar hasta tres años la construcción de la instalación que proyecta Kiessling en el Sur - Morales: "Algunos no aceptan la libre competencia"

Aqualand y Palmitos Park frenan en el juzgado las obras del parque de El Veril

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Las Palmas de Gran Canaria ha suspendido de forma cautelar el permiso que el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, órgano perteneciente al Cabildo, otorgó a la entidad Loro Parque para ocupar 121.000 metros cuadrados de terreno público en el barranco de El Veril, sobre los que planea levantar un parque acuático similar al Siam Park de Tenerife. El auto judicial puede retrasar en tres años la ejecución del proyecto que promueve el empresario alemán Wolfgang Kiessling a la entrada de Maspalomas. El presidente del Cabildo, Antonio Morales, asegura que "la Administración ha hecho los deberes" y lamenta que algunos, en referencia a las organizaciones empresariales, "no acepten la libre competencia" en el mercado.

La empresa Lebensraum Wasser, vinculada al grupo Aspro que aglutina las empresas de los parques Aqualand y Palmitos Park, ha denunciado ante el juzgado tanto al Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, Cabildo como a la entidad Loro Parque, promotora del Siam Park del Sur, por infringir la Ley en la concesión de la licencia que permite la canalización de unos terrenos de dominio público en la zona de El Veril, según informó ayer el asesor de Kiessling, José Carlos Francisco.

La entidad demandante alega en su defensa que las obras de canalización del barranco, valoradas en cerca de dos millones de euros, tuvieron que ser adjudicadas por el ente insular a una empresa mediante concurso público y no concedidas de manera directa a la promotora del proyecto.

Sin embargo, según José Carlos Francisco, las obras de desnaturalización de un tramo del cauce solo despertaron interés en la promotora del proyecto, no solo por ser "propietaria del suelo" sino también por tener reservado un presupuesto de 60 millones de euros de inversión en la parcela. "¿Qué entidad va a querer correr con gastos de hasta dos millones de euros si no tiene un interés particular en la zona?", se preguntaba ayer el consejero del grupo turístico de Loro Parque.

La paralización cautelar de las obras pone en riesgo no solo los siete millones de euros que el grupo Kiessling ya ha invertido en El Veril, con la compra de los terrenos a los herederos de Candelaria del Castillo en febrero de 2014 y el diseño del proyecto, sino también los fondos destinados a la construcción del parque y el hotel en una parcela aledaña.

Aval por perjuicios

De retrasarse la construcción del parque, que según fuentes jurídicas del grupo inversor el proyecto puede demorarse hasta tres años ante la estimación de este auto, la empresa se vería obligada a devolver las ventajas fiscales derivadas de la Reserva para Inversiones en Canarias. La entidad cuenta con un plazo máximo de cuatro años, a contar desde 2013, para materializar los 40 millones con los que ha dotado este instrumento de rebaja fiscal.

"Esperamos que la magistrada imponga la caución, que vamos a presentar, a la empresa que ha interpuesto la demanda. Pediremos un aval por los perjuicios causados, que puede superar los 20 millones de euros", desveló Francisco.

Por su parte, el presidente del Cabildo, Antonio Morales, señaló que los servicios jurídicos de la entidad insular estudiarán si la institución tiene que personarse o no ante la sala tras la estimación del auto. "En principio no creo que tengamos que actuar en este caso", matizó el mandatario.

Morales insistió en que "la administración ha hecho los deberes" en este acuerdo, que fue aprobado por el voto unánime de los grupos políticos del Cabildo en la anterior legislatura cuando se puso en marcha el procedimiento. "En estos últimos seis meses me ha correspondido agilizar algunos detalles administrativos, como la servidumbre de carreteras, que ya están resueltos. Pero se ha de recordar que también la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) se ha pronunciado al respecto", rescató el presidente.

A su juicio, "en este caso, como en otros, se trata de una acción de aquellos que defienden el mercado libre y que a su vez paralizan por sus propios intereses inversiones importantes para Gran Canaria". "No es la primera vez que, desgraciadamente, la iniciativa privada demuestra que no acepta la libre competencia", lamentó Morales sin entrar a valorar los motivos que impulsaron a la empresa Lebensraum Wasser a acudir ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo.

Al igual que Morales, el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, espera que la justicia resuelva de forma "ágil y rápida" este litigio. "Mi labor no consiste en pronunciarme a favor o en contra de lo que dicte la sala, sino esperar a que el juzgado lo resuelva lo antes posible", añadió Pérez.

El Ayuntamiento de San Bartolomé, según las estimaciones del grupo inversor que preside el empresario de origen alemán Kiessling, podría llegar a perder solo en el primer año de ejecu-ción del proyecto hasta dos millones de euros en concepto de recaudación por los Impuestos sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

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