La anulación del proyecto del parque acuático de El Veril causaría unos perjuicios económicos al grupo Kiessling y a las administraciones públicas por un valor total de 68,4 millones de euros, así como un retraso de tres años en el inicio de las obras. Esos son los daños calculados en un informe pericial económico encargado por la empresa Loro Parque, promotora del Siam Park en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, ante el auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 3 de Las Palmas de Gran Canaria que suspende de forma cautelar la concesión administrativa del Cabildo para ocupar y canalizar terrenos de dominio público hidráulico en el barranco de El Veril.
Los perjuicios a la sociedad mercantil Loro Parque ascenderían a un total de 42,14 millones de euros, de los que 27,58 millones corresponderían al "daño emergente" y 14,56 millones por "el lucro cesante anual". Las pérdidas económicas para las administraciones públicas -Estado, Comunidad Autónoma de Canarias y Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana- alcanzarían los 26,33 millones de euros, 19,68 millones derivados de "la no construcción del proyecto" y 6,65 millones anuales "por la no explotación comercial del mismo".
El informe pericial, realizado por la consultora Corporación 5, "constata con claridad meridiana que la suspensión de la concesión administrativa para encauzar el barranco de El Veril concedida por el Consejo Insular de Aguas a la sociedad mercantil Loro Parque SA impide el desarrollo del proyecto de parque acuático denominado Siam Park de Gran Canaria, así como la construcción posterior de un hotel de cuatro estrellas".
Recurso de apelación
En sus conclusiones, el informe resalta que la sociedad mercantil que interpuso la demanda judicial, Lebensraum Wasers SL, "fue constituida con el capital social mínimo que exige la legislación mercantil, no tiene actividad mercantil ni empleados, no es propietaria de ningún activo de cualquier naturaleza y, por consiguiente, su solvencia es tan precaria que a 31 de diciembre de 2014 estaba en causa legal de disolución".
Al respecto, Loro Parque confirmó ayer que el recurso de apelación que presentará contra la suspensión cautelar incluirá una petición al Juzgado para que imponga una alta fianza a la empresa Lebensraum Wasers, unos 20 millones de euros, para que se afronten los posibles daños a los afectados por la paralización del proyecto.
La cuantificación del "daño emergente", referido al coste de la reparación del perjuicio causado y los gastos presentes y futuros, se divide en tres apartados. El primero recoge las inversiones ya realizadas por Loro Parque, que ascienden a 6,7 millones de euros en los siguientes conceptos: adquisición del terreno (6.000.000 euros); impuesto de transmisiones patrimoniales (390.100); gastos de notaría y registro (10.357); impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (75.402); honorarios del Plan de Modernización (130.616); proyecto técnico (121.000); maqueta en tres dimensiones (2.500); y visados del Colegio de Ingenieros (2.870).
El segundo apartado es el de los Incentivos Económicos Regionales (IER), que son las ayudas que concede el Gobierno central con fondos europeos para fomentar la actividad empresarial. Loro Parque ha solicitado históricamente esas subvenciones y teme perderlas porque la normativa es "bastante estricta" en los cumplimientos de los plazos de ejecución. En base a una ayuda financiera del 15% para el parque acuático y un 7,5% para el hotel, Loro Parque esperaba obtener 6 y 2,47 millones, respectivamente.
El tercer y último apartado del "daño emergente" es el de la Reserva para Inversiones de Canarias (RIC), valorado en 12,27 millones. Loro Parque tiene previsto materializar fondos por importe de 60 millones, de los que 40,93 millones estaban dotados a 30 de noviembre de 2015 en la ejecución del Siam Park y el hotel. En caso de no poder realizar esos proyectos o de retrasos, la empresa deberá ingresar en la Agencia Tributaria esos 12,27 millones.
El "lucro cesante", la cantidad que se dejaría de obtener en cada año de negocio por la paralización del proyecto, se calcula en 11,37 millones en el parque acuático y en 3,1 millones en el hotel.
Respecto a los perjuicios a las administraciones públicas, el informe pericial sostiene que "el Estado dejará de ingresar 3,6 millones en cuotas a la Seguridad Social e IRPF" en los dos años de la construcción, calculando 500 empleos en el Siam Park y 200 en el hotel. Por contra, el Estado deberá pagar 4,64 millones en prestaciones por desempleo. En la fase de explotación, con 300 y 110 trabajadores, respectivamente, la Administración central dejaría de ingresar 2,11 millones cada año y tendría que abonar 2,71 millones en los subsidios del paro. Loro Parque también cuantifica lo que se dejaría de recaudar anualmente en el Impuesto de Sociedades, 474.131 euros del parque acuático (reducido al 4% por ser una empresa ZEC) y 561.981 euros del establecimiento hotelero.
El Ayuntamiento de San Bartolomé, según el informe pericial, dejará de ingresar 3,18 millones en concepto de licencias urbanísticas y 200.000 euros anuales por impuestos y tasas municipales. Por último, la Comunidad Autónoma dejaría de recaudar 1,6 millones al año por la liquidación del IGIC de ambas infraestructuras. "Por su efecto pernicioso en la coyuntura económica actual, la suspensión del proyecto del inversión del parque acuático y del hotel provocará efectos negativos tanto en el empleo como en el déficit público de las Administraciones", concluye.
Argumentos
Santiago Gastón de Uriarte Medrano, representante de Lebensraum Wasers, la sociedad que interpuso el recurso contencioso-administrativo contra la concesión a Loro Parque, declinó ayer hacer declaraciones y anunció que se pronunciará en los próximos días. Por su parte, directivos de los parques Aqualand y Palmitos Park negaron que sus sociedades hayan participado o estén detrás de la demanda en los tribunales.
Fuentes del sector de los parques acuáticos explicaron que el recurso que ha frenado el Siam Park está fundamentado en tres hechos. En primer lugar, el denunciante considera que hubo irregularidades en la compraventa de los terrenos de El Veril, pues dos particulares, Kiessling y la familia Del Castillo, hicieron una transacción con un suelo que pertenece al Estado español.
El segundo argumento es la ausencia de un concurso público en el Consejo Insular de Aguas para otorgar la concesión del barranco, pues había otros interesados. Por último, Lebensraum entiende que las administraciones canarias se han saltado normas y procedimientos al acelerar los permisos.
