El promotor de la urbanización de cien pisos de la calle León y Castillo de Sardina del Sur ha presentado, en los pasados días, un proyecto de modificado en el departamento de Disciplina Urbanística de Santa Lucía para legalizar la obra y evitar el desalojo de más de 200 vecinos. Los inquilinos viven con preocupación su situación, a la que muchos se han visto abocados sin saberlo, ya que alquilaron los pisos sin saber su estado.
Santiago Déniz Gil, administrador único de la Sociedad Constructora Déniz Sánchez, ha manifestado que espera que "con el proyecto presentado la obra sea legalizada, porque hemos incluido lo que nos requería el Ayuntamiento, entre lo que estaba un espacio protegido". "Los documentos están en regla y esperamos tener una respuesta positiva del Ayuntamiento en los próximos días", añadió.
Por su parte, la concejala de Disciplina Urbanística, Minerva Pérez, señaló que "los técnicos ya están estudiando el proyecto de modificado y si está acorde con la planificación urbanística, entonces podemos darle la licencia de obras". "Después tendrán que ir los técnicos a la urbanización y examinar si realmente el edificio está en las condiciones legales para poder dar la cédula de habitabilidad". Pérez indicó que el proceso tardará un tiempo en resolverse.
En cualquier caso, la concejala de Disciplina Urbanística advirtió que siguen comunicando a los inquilinos que "el edificio no reúne las condiciones de seguridad como se lo hemos indicado al promotor de la obra, por lo que debe desalojarlo, al no tener todavía cédula de habitabilidad". "Existen riesgos para las personas y exigimos su regularización", insistió Pérez.
Peligros
El Ayuntamiento considera que al tener un grupo electrógeno y varios depósitos de combustibles en la cubierta, sus vibraciones pueden dañar la estabilidad del edificio y sus habitantes corren peligro. Los inquilinos pagan por su piso con agua y luz unos 300 euros. Disciplina Urbanística ya ha comunicado tal situación irregular a unos 200 vecinos, faltándoles unos quince. "Si continúan viviendo en el edificio, nos veremos obligados a acudir al Juzgado para que resuelva su situación", apuntó.
Por su parte, los residentes se muestran entre preocupados y tranquilos. "Vivo una incertidumbre total, espero que esto se arregle, porque tengo dos hijos, uno nacido el 26 de diciembre. No tengo dónde ir", indicó la madre soltera Cathaisa Santana, que solo ingresa 500 euros por una Prestación Canaria de Inserción (PCI). "Tendría que ir a un garaje si me obligan".
Marilot Yrayzoz se mostró "indignada por la injusticia que se está cometiendo. Llevo dos años viviendo aquí y quiero irme porque peligra mi salud. Tengo pesadillas diarias y estoy harta de tantos sinvergüenzas".
Asimismo, Joaquina Medina, María del Carmen Martel, Yazmina Bordón y Nora Rajoy expresan que si la alcaldesa, Dunia González, está a favor de "la igualdad para todos, debe buscar una solución. Todavía estamos esperando que se reúna con nosotros como se comprometió". En cambio, Salvador Miranda indicó que se siente "tranquilo, porque los problemas los debe resolver el dueño del edificio".
