Tras el varapalo que supone la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que obliga al Ayuntamiento de Mogán a pagar en los próximos tres meses más de cinco millones de euros a la familia Sánchez Valerón en concepto de indemnización por la expropiación de los terrenos aledaños al cementerio, el grupo de gobierno de Onalia Bueno se enfrenta ahora a una segunda resolución judicial a favor de los Navarro Araña. El consistorio ha de pagar a esta familia por sus 7.025 metros cuadrados de terreno 1.100.000 euros, de los cuales ya ha ingresado 400.000 euros. A estas deudas hay que sumarle la subvención del Cabildo, valorada en 1,6 millones, que perderá el municipio por no haber acabado las obras de reforma de la casa de la cultura de acuerdo a los plazos establecidos en el convenio firmado por ambas instituciones.
El consistorio sureño tendrá que echar mano este 2016 de sus 11 millones de euros de remanente líquido de tesorería para pagar algunas de sus deudas. Sin descartar el crédito extraordinario que va a solicitar a la banca para asumir los cuatro millones de euros que debe pagar en total a las dos familias afectadas por las expropiaciones del suelo colindante del cementerio. Sin embargo, la administración tendrá que financiar los intereses de demora que acarrean ambos expedientes del monto sobrante del 2015, "ya que los bancos solo conceden créditos para proyectos de inversión".
Lo que aún la alcaldesa de Mogán no ha terminado de formular es la manera en la que va a afrontar la pérdida del millón y medio de subvención el Cabildo que se había destinado desde 2013 a la financiación de las obras de reforma del centro sociocultural de Mogán pueblo. Y, aunque el presidente del ente insular, Antonio Morales, "mostró voluntad para encontrar una solución al conflicto en su reunión" de noviembre con Bueno, el municipio debe configurar un plan estratégico para costear el citado proyecto.
En 2012 el Cabildo acordó con el ayuntamiento sureño un plazo de 18 meses para ejecutar la renovación del centro. Sin embargo, los trabajos no comenzaron a realizarse hasta finales del 2014. Durante este período han sido varias las modificaciones que ha sufrido el proyecto inicial. "Primero se decidió rebajar en una planta el edificio y luego surgieron errores de índole técnica que han retrasado la ejecución de las obras. Cuestiones básicas, como que el aula de danza no contemplaba en un principio sistema de aire acondicionado alguno o que el salón de actos no fue diseñado para integrar tecnología digital en sus instrumentos audiovisuales", explicó ayer la alcaldesa.
El pasado 30 de noviembre la obra tenía que haberse culminado, según lo acordado en el convenio de colaboración de ambas administraciones, pero a día de hoy no se ha ejecutado ni la mitad del proyecto. Ahora el gobierno local no solo tendrá que afrontar la inversión con fondos propios, sino que deberá devolver al Cabildo los 400.000 que percibió en 2013 para comenzar los trabajos. Eso sin contar con intereses, claro.
Bueno estudia la posibilidad de destinar también parte de su remanente de tesorería para saldar esta factura.
