El Cabildo de Gran Canaria podría elevar el presupuesto de este año en unos 50 millones de euros si el Ministerio de Hacienda le permitiera gastar una parte del dinero que tiene depositado en los bancos, que al cierre del año 2015 rondaba los 180 millones de euros. Ese es el cálculo que realiza el gobierno insular que preside Antonio Morales, quien se ha quejado por no poder destinar esos fondos a nuevas inversiones.
El Cabildo tiene las arcas saneadas y "no tendría dificultades para aumentar las cuentas de 2016 en esos 50 millones de euros", según Pedro Justo, consejero de Hacienda y Presidencia. Sin embargo, explicó, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Administraciones Públicas, también conocida como ley Montoro, obliga a limitar el presupuesto de la Isla a los 635 millones aprobados en el Pleno del pasado 30 de diciembre.
Los cálculos del departamento de Intervención del Cabildo aún permitían elevar el presupuesto en 2,7 millones, pero el gobierno tripartito de NC-PSOE-Podemos optó por quedarse por debajo del tope y reservar ese dinero como "colchón" para posibles imprevistos. "Si nos equivocamos en las estimaciones o surge algún gasto adicional, tenemos capacidad de ajustarlo enseguida", apuntó Pedro Justo.
El consejero de Hacienda resaltó que el Cabildo de Gran Canaria cumple "sobradamente" los tres criterios de la ley Montoro. La norma del endeudamiento público, que vincula la deuda acumulada respecto a los ingresos corrientes, está en el 25%. El Ministerio permite llegar hasta el 70% sin pedir permiso y hasta el 120% con una autorización previa.
El segundo criterio que establece la Ley de Estabilidad de 2012, el del equilibrio presupuestario, vincula los ingresos y gastos corrientes y vigila que el Cabildo tenga una financiación adecuada. Según Pedro Justo, esa capacidad de obtener fondos se supera en este ejercicio en unos 53 millones de euros.
La regla del gasto, la tercera norma de obligado cumplimiento, es la que impide al Cabildo incluir en las inversiones de 2016 al menos una parte del dinero que tiene depositado en las cuentas bancarias. Para fijar la cuantía del total del gasto, 635 millones en este ejercicio que comienza, se realiza un estudio específico por parte de la Intervención, con un tope de gasto que fija en Gobierno central, actualmente establecido en el 1,8%.
"El problema es que las estimaciones son siempre teóricas, porque el cálculo del que se parte no es inicial de 2015, sino el gasto real, que no lo conoceremos hasta febrero o marzo, y sobre ese cálculo real es donde debemos poner el 1,8% y los posibles incrementos; en 2016 estamos unos 2,7 millones por debajo del tope que teóricamente vamos a tener, pero no lo sabremos con exactitud hasta que se conozca el nivel de ejecución", declaró el consejero de Hacienda.
Superávit
"Si en marzo tenemos 7 millones de superávit, por ejemplo, podemos gastar toda esa cantidad sin saltarnos la legalidad, por eso digo que es un presupuesto serio, porque si se equivocan los cálculos arriba o abajo se pueden ajustar de forma inmediata", señaló Pedro Justo. En la regla de gasto, en su opinión, "el gobierno insular ha sido ponderado, pues sube el presupuesto total del Cabildo en un 7,3% y todavía tiene un colchón de 2,7 millones".
Respecto al dinero en las cuentas bancarias, el responsable de Hacienda dijo que en noviembre había 203 millones, pero esa cifra se ha reducido a final de año a 170 o 180 millones. Las instituciones públicas deben tener en los bancos el equivalente al gasto corriente de dos meses, unos 130 millones en el caso del Cabildo, la liquidez necesaria para pagar los sueldos del personal y a los proveedores. "Con esta situación, y si no existiera la regla del gasto, podríamos tener unos 50 millones adicionales", insistió.
El interior gobierno del Cabildo, del PP, también se tropezó con la ley Montoro, que le impidió gastar el dinero en los bancos en la prefinanciación de las obras de la carretera de La Aldea y de la IV fase de la circunvalación, pues el adelanto de ese dinero al Gobierno canario computaba como déficit de la Comunidad Autónoma.
