El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, dijo al tomar posesión que no tenía prisas para formar el nuevo gobierno insular. Medio año después, en el organigrama se mantienen seis plazas vacantes y continúan varios altos cargos de la etapa del Partido Popular (PP), tres de ellos en puestos relevantes, lo que levanta suspicacias entre los socios del pacto tripartito -NC, PSOE y Podemos- y regocija a los grupos de la oposición.
Los puestos que aparecen vacantes en el último listado elaborado por gobierno insular son los del director general de Prensa y los gerentes o máximos responsables de la Fedac, del Instituto Insular de Deportes, de la Fundación para el Fomento del Transporte Adaptado, del CAAM y de la Fundación Nanino Díaz Cutillas. Unos están pendientes de la resolución del correspondiente concurso de méritos y otros de la decisión del presidente o del consejero del área. Morales también mantiene a numerosos directivos y cargos intermedios de la etapa del PP. Entre ellos figuran el director general del Gabinete del Presidente, Javier López- Urrutia; el director general de Nuevas Tecnologías, Alfredo Espinosa; y el gerente del Patronato de Turismo, Pablo Llinares. El caso más "sorprendente", según reconocen los propios miembros del gobierno, es el de López-Urrutia, pues es una persona estrechamente ligada al expresidente José Miguel Bravo de Laguna y, aún siendo responsable de protocolo del Cabildo, participó activamente en la campaña electoral de Unidos por Gran Canaria (UPG).
Más "normal" se entiende la continuidad de algunos gerentes de las empresas públicas y cargos intermedios de las consejerías, pues son funcionarios con mucha experiencia en sus materias y tienen "escaso o nulo" perfil político.
Organigrama
El gobierno de Morales quedará finalmente compuesto por el presidente, 17 consejeros, 26 altos directivos y 21 asesores o cargos de confianza, según se recoge en el Presupuesto del Cabildo para el año 2016 y en el organigrama de la institución. El coste total de ese personal político asciende a 4.494.132,10 euros, donde se incluyen también los sueldos de los cuatro consejeros liberados de la oposición (dos del PP, uno de Unidos y otro de CC) y los cinco asesores de los grupos opositores.
Esa cifra supone un ahorro de 82.838,01 euros respecto al gasto del personal político en el anterior gobierno de Bravo de Laguna, según aseguró ayer el consejero de Hacienda y Presidencia, Pedro Justo. En el presupuesto de 2015, el último año del PP, aparecían 17 consejeros, 19 cargos directivos y 43 asesores, con un gasto total de 4.576.970,11 euros.
El coste salarial del gabinete de Morales y de los cuatro consejeros liberados asciende a 1.603.617,48 euros al año. El sueldo más alto, sumadas las retribuciones básicas y las cuotas a la Seguridad Social, es el de la vicepresidenta tercera y consejera de Turismo, Inés Jiménez, con 80.046,62 euros. Le siguen el presidente Morales, con 79.595,22 euros, y el vicepresidente segundo y consejero de Medio Ambiente, Juan Manuel Brito, con 76.625,90 euros.
El coste del personal directivo se eleva a 1.815497,48 euros, y el salario más alto es el del interventor, con 82.798,62 euros. Los directores generales designados a propuesta de los grupos políticos cobran algo más de 68.000 euros.
Por último, los asesores del gobierno y de los grupos de la oposición, limitados por ley a 27 personas, dos menos que el número de consejeros electos de la institución, cuestan a las arcas públicas un total de 1.075.017,14 euros, con sueldos netos que oscilan los 43.000 euros de coordinadores y los 32.000 de los secretarios.
