El Cabildo de Gran Canaria respaldó ayer la batalla del sector agrícola contra el decreto de autoconsumo del Gobierno central y advirtió de que esa normativa obligará a triplicar los precios del agua o a cerrar las plantas de desalación que se alimentan con energía eólica. La aplicación del decreto, también conocido como impuesto al sol, afecta al 70% de la producción de plátanos de la Isla, al 50% del tomate, al 90% del pepino y también a cultivos emergentes como el melón.
El presidente del Cabildo, Antonio Morales, calificó el decreto de autoconsumo de "enorme barbaridad" y aseguró que el Ministerio de Industria, dirigido por José Manuel Soria, "penaliza y castiga a los agricultores que han hecho un esfuerzo enorme por invertir en renovables y reducir emisiones, que es modelo por el que tiene que apostar la Isla".
"Solo podemos denunciar lo que está ocurriendo, y es que los agricultores se ven obligados a dejar de lado la energía limpia y barata para volver a los fósiles y comprar electricidad más cara; este Cabildo se solidariza con el sector agrícola porque no podemos permitir que nos hagan renunciar a las energías renovables", declaró Morales tras una reunión con los agricultores y productores de agua desalada, en la que también participó Miguel Hidalgo, consejero insular de Sector Primario.
El presidente insular recordó que el decreto ha generado "una gran polémica", tanto en España como entre los inversores internacionales en energías renovables, porque grava la posibilidad de que los usuarios, particulares o pequeñas empresas, puedan obtener electricidad de forma directa.
Inseguridad jurídica
"Es verdad que en Canarias se elimina ese impuesto al sol hasta el año 2019, pero se introduce la advertencia de que el Gobierno puede eliminar en cualquier momento esa fórmula preferencial elegida para las Islas, lo que genera inseguridad jurídica", puntualizó Morales.
El decreto de autoconsumo, recalcó, "afecta en Gran Canaria al 100% de los productores agrícolas que se apoyan en la desalación de aguas con energías renovables, lo que encarece los precios y pone en riesgo a un sector que emplea a más de 7.000 personas".
Por su parte, Miguel Hidalgo dijo que "son datos muy preocupantes" para la agricultura de Gran Canaria, que depende fundamentalmente de agua de mar desalada a través de energías limpias. "Este decreto hace un daño tremendo a la agricultura porque afecta al plátano, el tomate, el pepino y los demás cultivos, que se verán encarecidos, pero también nos preocupa que en el Norte y en el Sureste ya hay más de 600 familias que tienen parcelas para autoconsumo, por lo que no solo es grave desde el punto de vista agrícola, sino social".
Hidalgo explicó que esa normativa también afecta al propio Cabildo de Gran Canaria, pues el Consejo Insular de Aguas "trabaja desde hace varios meses en proyectos para vincular todas sus plantas desaladoras y depuradoras a la energía eólica".
