Lebensraum Wasser, la empresa que ha frenado el parque acuático de El Veril en los tribunales, rompió ayer su silencio para denunciar que "algunas autoridades" de Gran Canaria "están presionando a los jueces al discutir la resolución ajustada a derecho de suspender la concesión de suelo público para el proyecto del Siam Park".
La compañía, en un comunicado de prensa, consideró que en su recurso judicial contra la concesión a Loro Parque se ha podido probar que durante el proceso no se ha respetado la libre concurrencia y que el proyecto de Siam Park e ilegal e incompatible en esa ubicación. Entre otros argumentos, Lebensraum entiende que se trata de terrenos públicos, propiedad de Patrimonio del Estado.
"Después del auto judicial", sostuvo la empresa denunciante, "se han producido declaraciones oficiales y expresas de las autoridades públicas (Consejo Insular de Aguas, Cabildo Insular y Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana) que suponen claramente una presión al poder judicial con un argumento insostenible, como es el de discutir por razones políticas lo que constituye una ilegalidad a juicio del juzgado competente para decidir".
Tras recordar que solicitó la suspensión cautelar del proyecto del parque acuático por entender que, en última instancia, será declarado ilegal, Lebensraum destacó que la incompatibilidad para destinar los terrenos de El Veril a un parque privado de ocio estaba expresamente especificada en diferentes instrumentos urbanísticos y territoriales vigentes hasta hace un año y que, coincidiendo con el proyecto de Siam Park, están siendo revisados y modificados por la Administración "para beneficiar" a un grupo empresarial sin opción a que concurran otros interesados.
La compañía denunciante, cuyo administrador es Santiago Gastón de Iriarte, considera que el avance del proyecto hasta que tenga lugar una resolución definitiva se puede traducir en importantes pérdidas económicas para las arcas públicas, ya que si su recurso prospera, las obras serán declaradas ilegales y la Administración puede incurrir en cuantiosas responsabilidades. "Todo ello sin tener en cuenta que los estudios del actual planeamiento, que incluye un trazado ferroviario, han supuesto un gasto público de más de 4,5 millones de euros, que se pierden irremisiblemente", precisó.
En su demanda contra el Consejo Insular de Aguas, órgano dependiente del Cabildo, Lebensraum denunció que no se ha respetado la libre concurrencia, ya que el proceso "ha obviado la igualdad de oportunidades para otras empresas dispuestas a dinamizar la zona, que desde hace más de cinco años lo habían solicitado y ni siquiera se respondió por la Administración".
El apoyo institucional que ha tenido un proyecto privado en detrimento de otras alternativas "es asombroso", según el denunciante, y empieza por el propio Cabildo, que "ha conseguido en un tiempo récord que todos los planes urbanísticos y territoriales -incompatibles con la implantación del parque temático- se están revisando y/o modificando para dar cabida a tal proyecto, siendo lo más reciente y escandaloso la adopción de dos acuerdos por la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias de fechas 9 de noviembre y 7 de diciembre de 2015". Esos dos decretos también son recurridos.
Loro Parque adquirió, el 21 de febrero de 2014, unos 174.000 metros cuadrados a la familia Del Castillo, "de los que 121.000 metros cuadrados, perfectamente delimitados, no eran de su propiedad y figuraban, como consecuencia del deslinde de dominio público, inscritos a favor del Estado en el Registro de la Propiedad", explicó el denunciante.
Sin embargo, "la compraventa por importe de 6 millones de euros, que se confiesan pagados y cobrados, se inscribe en el Registro de la Propiedad en una doble inscripción contradictoria. A pesar de esta ilegalidad de origen, el Consejo Insular de Aguas, cuando justifica el por qué de otorgar la concesión a Loro Parque, lo hace en base al argumento de que como propietaria de esos terrenos, tiene un "mejor derecho", concluyó.
