Olimpia del Rosario Palenzuela nació en la capital grancanaria, tiene 46 años y es la juez más veterana en los juzgados de lo Contencioso Administrativo de Las Palmas, con jurisdicción para toda la provincia. Llegó en 2004 de Torremolinos, donde se estrenó en Primera Instancia e Instrucción. Desde entonces, tras ascender a magistrada, ahí sigue, en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3, resolviendo conflictos entre las empresas y la administración en las alturas de la Ciudad de la Justicia.
Sí, también pleitean los ciudadanos, pero son los grandes proyectos urbanísticos los que marcan a fuego esta jurisdicción, esas inversiones millonarias que agitan el pañuelo de la prosperidad en Canarias, con sus puestos de trabajo, la llegada de más turistas y las presiones que trae el cemento. Porque en lo contencioso hay muchos intereses, mucha presión, mucho dinero en juego.
Dos de esos proyectos, la reforma del Hotel Riu Maspalomas y la construcción del Siam Park, ambos en el sur de Gran Canaria, han recaído en su juzgado con idéntico resultado: la licencia para demoler y reconstruir el hotel fue anulada a finales de noviembre y, en el segundo caso, la juez ha suspendido la ocupación del cauce del barranco el que está previsto el parque acuático. Tomó la decisión el 23 de diciembre, de manera cautelar, es decir, sin entrar en el fondo del asunto, sólo para proteger el barranco de El Veril ante la posibilidad de que la concesión del Consejo Insular de Aguas no se ajuste a la legalidad. Todo en menos de un mes, todo en medio de comunicados y declaraciones que amenazan con llevarse las inversiones a otro lado. Las dos obras ascienden a más de 100 millones.
Críticas y recurso
El último en defender sus intereses ha sido Wolfgang Kiessling, promotor del Siam Park. El empresario alemán, que es propietario de Loro Parque, en Tenerife, anunció el pasado jueves su renuncia al proyecto si el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) no levanta el auto de suspensión dictado por el juzgado, y reprochó a la magistrada que no comprendiera la relevancia de la inversión para el futuro turístico de la Isla.
En ese sentido, los abogados de Kiessling solicitan a la Sala de lo Contencioso del TSJC que exija a la demandante, Lebensraum Wasser, un aval bancario de 56,7 millones como garantía de los posibles daños y perjuicios derivados de la suspensión. El empresario confía en que el tribunal, tras revisar el expediente en apelación, revoque la medida cautelar que bloquea la canalización de El Veril. Sólo así se pueden ocupar los 121.000 metros cuadrados de suelo público autorizado por el Consejo de Aguas, un organismo que depende del Cabildo de Gran Canaria.
El promotor apela, entre otros argumentos, al respaldo del Cabildo y del Gobierno de Canarias, que consideran el proyecto de interés estratégico y turístico para la Isla. Asimismo duda de que existan otras compañías interesadas en acometer la infraestructura, incluso cuestiona las intenciones de Lebensraum, pues representa a Palmitos Park y Aqualand, dos parques temáticos que podrían ver afectada su actividad por el desembarco de Siam Park en Gran Canaria. Por ahora están presentes en Tenerife, donde Wolfgang Kiessling lleva 40 años asentado.
El gerente de Lebensraum, Santiago Gastón de Iriarte, replica que se está presionando a la magistrada por suspender el proyecto. Su empresa, tras las declaraciones de Kiessling, emitió un comunicado en el que acusa al Cabildo de beneficiar a Siam Park. Sostiene, entre otros razonamientos, que se ha vulnerado la libre concurrencia al dar el permiso para ocupar esos terrenos, ya que existen otras entidades con proyectos para la zona y no se las ha tenido en cuenta (el suelo afectado es público y propiedad del Estado). También entiende que ese parque de ocio privado es "ilegal" al estar ubicado en un emplazamiento "incompatible" con los instrumentos urbanísticos y territoriales de ordenación del territorio, los cuales se están revisando para "beneficiar" al grupo alemán, según la nota de prensa.
La magistrada, en cambio, niega sentirse presionada. Lleva 12 años de brega en la jurisdicción y está avezada a situaciones de ese tipo. Por eso, quizá, afronta con igual determinación los pleitos de unos y de otros. Es el único comentario que concede sobre ese caso por un motivo obvio: al margen de lo que decida el TSJC sobre la suspensión cautelar y el aval bancario, su juzgado tiene que resolver el fondo del asunto, esto es, todavía debe decidir si se ha vulnerado o no la libre concurrencia. Por eso, hasta que no se pronuncie sobre esa cuestión, ha impedido las obras en el barranco, con la finalidad de proteger su cauce y evitar posibles indemnizaciones en caso de que el proyecto se vuelva en contra de la administración. Ahí, en estos momentos del pleito, es donde se sitúa el interés general, y no en la millonaria inversión que está en el aire.
Eso, al menos, comenta su entorno más cercano, desde funcionarios que conocen su trayectoria hasta abogados que han ganado y perdido demandas en su juzgado, sin olvidar a colegas de toga que elogian su "rigor, concreción e independencia". No le tembló el pulso en 2008, cuando condenó al Servicio Canario de Salud a indemnizar con 900.000 euros a los afectados por la separación errónea de dos gemelas que nacieron en el antiguo Hospital del Pino; o cuando ratificó, a finales del año pasado, el cierre provisional del Centro Comercial Sotavento por motivos de seguridad, en el Muelle Deportivo, luego abierto al llegar los empresarios a un acuerdo con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Un boli con mensaje
Y de esa racha, la fama y la guasa de sus compañeros. "¿Qué vas a cerrar hoy?", le preguntan estos días al verla entrar al despacho. A la derecha, en un rincón, el carrito del último de sus tres hijos; a la izquierda, en la pared, los dibujos de sus niños y, sobre la mesa, un bolígrafo que lleva pegado con cinta adhesiva un mensaje revelador: "no chorizar".
Sobre esa mesa apenas hay demandas. El juzgado está al día, aunque su esfuerzo le ha costado. Cuando llegó de Torremolinos, se encontró con un armario lleno de sentencias que acumulaban dos años de retraso, y aprovechó una baja por maternidad para sacar el trabajo adelante. Luego vino un refuerzo y, con el paso de los años, se crearon otros tres juzgados.
Le gusta decir que se hizo juez de "chamba", pero la respuesta parece una mezcla de modestia y ese sentido del humor que la caracteriza, con pullas cariñosas para desatascar situaciones o abordar el conflicto. "Relájese, abogado, que en mi juzgado no se grita", suele repetir en las vistas. Tampoco duda en descolgar el teléfono y apoyar a sus funcionarios, sobre todo si hay que tirarle de las orejas a algún concejal o al responsable de los servicios jurídicos de alguna administración.
Las oposiciones las preparó con Vicente Garrido, hoy fiscal Superior de Canarias, y su tutor en prácticas fue Emilio Moya, entonces juez decano y ahora presidente de la Audiencia de Las Palmas. En el recreo se escapaba de Los Jesuitas para ver los juicios y el cine, para el que ya no tiene tiempo, contribuyó a despertar su vocación por las leyes. Las tardes se las dedica a sus hijos y a su marido, que es magistrado de lo penal en la capital grancanaria. También nada, quizá para diluir la tensión de tanto Urbanismo, aunque ella insiste. "¿Presiones? Aquí no llama nadie, eso es un mito", zanja la magistrada. Las críticas van en el cargo.
